PORFIRIO DÍAZ
“en
esas elecciones el sufragio ha sido verdaderamente libre, luchando en el campo
electoral todos los partidos y todas las aspiraciones”
MENSAJE PRESIDENCIAL
EN EL ACTO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE MEXICO 1 de Abril
de 1877
Ciudadanos
Diputados:
La
revolución que felizmente acaba de consumar el pueblo mexicano, habría sido una
irreparable desgracia para la República, si limitándose a destruir la
administración existente entonces, hubiese descuidado los medios de reconstruir
el edificio constitucional.
Pero,
muy al contrario, el plan político que fue la expresión de sus principios y
tendencias, impuso al Encargado del Poder Ejecutivo el deber de convocar al
pueblo, al mes de ocupada la capital, para que eligiese las personas en quienes
debe depositarse el Poder federal en sus distintos ramos; y a aquel precepto, a
su fiel y estricta observancia, y a la solicitud del pueblo se debe hoy vuestra
presencia en este lugar.
Vuestra
reunión, ciudadanos Diputados, es un hecho fausto: ella pone el cimiento de la
obra nueva que la revolución quiso levantar; cimiento sin el cual nada sólido y
duradero puede hacerse; ella aligera la carga de múltiples deberes que pesan
sobre el Ejecutivo; ella acalla los rumores maliciosos que, escudados por
nuestra liberales leyes se propalan por la prensa, queriendo infundir al país
los temores de una dictadura; y ella, en fin, fortifica la confianza en los
ánimos, demostrando con el incontestable argumento de los hechos, que comienza
ya el imperio de la Constitución y de las leyes.
Os
felicito, ciudadanos Diputados, y felicito a la Nación por vuestro conducto.
El
primer acto que el deber me impone, después de vuestra instalación, es daros
cuenta del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública.
Nuestras
relaciones con las Potencias amigas se hallan transitoriamente en el estado
anormal propio de las circunstancias y natural, tratándose de un país que, como
el nuestro, acaba de experimentar, aunque sin alterar su forma de Gobierno, un
sacudimiento político.
Lejos,
sin embargo, de que ningún suceso haya venido a perturbar la buena armonía que
reina entre el Gobierno y los Ministros y Agentes diplomáticos extranjeros, me
complazco en manifestar que ellos no han cesado de dar testimonio de amistad al
Gobierno, manteniendo con él las relaciones que los negocios han hecho
necesarias; y aunque ellas han tenido hasta hoy un carácter extraoficial, esto
no ha impedido que en esa forma se traten aun asuntos por su naturaleza
oficiales.
Por
lo demás, se ha tenido cuidado de comunicar a los representantes de las
Potencias extranjeras los principales actos de la Administración, para el
debido conocimiento de sus Gobiernos; sus nacionales han recibido la sincera y
eficaz protección de las autoridades, a la justificada indicación que han hecho
de necesitarla, y todo hace esperar, que tributando homenaje a los buenos
principios del Derecho internacional, las naciones amigas reconocerán, dentro
de breve plazo, al Gobierno que se ha dado el pueblo mexicano en ejercicio de
su independencia y soberanía.
Puedo,
no obstante, aseguraros que una impaciencia injustificable, que tantas veces ha
comprometido la honra de los intereses de la República, no me hará olvidar las
lecciones que nos tiene dadas la experiencia.
El
31 de Enero último se vencía el plazo fijado para entregar al Gobierno de los
Estados Unidos de América, la suma de trescientos mil pesos, como primer abono
del saldo que resultó a favor de aquel país, en la liquidación de las
reclamaciones falladas por la Comisión mixta, creada por la Convención que se
celebró en 4 de Julio de 1868.
El
estado de ruina en que se encontró la hacienda pública al ser ocupada la
Capital, las apremiantes exigencias de la campaña y las atenciones todas de la
Administración, hacían casi imposible el cumplimiento de aquel sagrado
compromiso; pero el Ejecutivo, empeñado a todo trance en salvar la honra
nacional, e imponiendo un necesario aunque doloroso sacrificio a los habitantes
de la República y a sus servidores, pudo felizmente zanjar a tiempo dificultad
tan grave, y hacer el pago debido con la más exacta puntualidad.
Este
sacrificio no será estéril: él debe necesariamente contribuir al buen nombre de
México y levantar su crédito en el exterior. El recibo de la cantidad
entregada, obra en la Secretaría de Relaciones, y los documentos relativos a
este negocio han visto ya la luz pública.
Una
de las promesas más solemnes que la revolución consignó en su plan político fue
la de que, en los sucesivo, tendrá el carácter de ley suprema la no reelección
del Presidente de la República y Gobernadores de los Estados.
Me
es grato, ciudadanos diputados, tomar el único participio que me es lícito en
el cumplimiento de esa obligación contraída con el país, remitiéndoos, como lo
haré mañana, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la iniciativa
correspondiente.
Toca
al Poder Legislativo de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, elevar
ese pensamiento al rango de precepto constitucional.
En
esta iniciativa está comprendida otra, referente a la manera de substituir al
Presidente de la República en sus faltas temporales y en la absoluta.
Los
Constituyentes de 1857, suprimiendo el Vicepresidente de los Estados Unidos
Mexicanos y revistiendo con las atribuciones de tal al Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, no hicieron más que cambiar de título a un funcionario,
dejando en pie todas las dificultades que pretendieron allanar y creando otras
acaso mayores.
El
sistema de insaculación que ahora se propone, parece imposibilitar todos los
abusos que es dable prever. Cumpliendo con lo mandado en el artículo 5° del
Plan de la revolución reformada en Palo Blanco, el Gobierno expidió la
convocatoria para elecciones de Poderes federales dentro del plazo mismo que
aquel artículo designó.
Y
aunque las circunstancias políticas de la República eran muy diversas de las
que se creyó que tendría cuando el ejército regenerador ocupara la capital,
prefirió el Gobierno cumplir estrictamente lo dispuesto en esa ley, a diferir
la convocatoria, en espera de la pacificación general del país, para evitar así
que se sospechara siquiera que se deseaba prolongar la dictadura de la
revolución.
Al
convocar para elección de Poderes federales, el Gobierno se encontró en la
imposibilidad de ordenar la de los Senadores, por la falta absoluta de las
Legislaturas de los Estados, que, según la ley, intervienen de un modo directo
en esa elección.
El
Gobierno, después de un largo y maduro examen, se ha persuadido de que la
revolución no ha suprimido la Cámara federal; de que ella no intentó siquiera
hacer reformas a la Constitución, sin observar los trámites que esta misma
determina; y, en fin, de que sólo al poder constituyente reconocido en el
artículo 127 del Código Fundamental, toca elevar a la categoría de Leyes supremas
de la República aun los principios más radicales proclamados por la revolución:
en este sentido está también pronunciada la opinión unánime del Consejo de
Ministros.
En
una excitativa que será dirigida a esta Cámara por el Secretario de
Gobernación, pidiéndole que se sirva expedir la correspondiente convocatoria,
se explaya extensamente la opinión del Ejecutivo y los fundamentos en que la
apoya.
No
puedo recomendaros tanto como el asunto lo merece, el estudio profundo e
imparcial de ese documento: con la convocatoria del Senado está ligada de una
manera inseparable la marcha tranquila y regular de nuestras instituciones.
Es
también de gran trascendencia el que se fije oportunamente la duración del
octavo Congreso. Llamo de la manera más solícita y eficaz vuestra atención
sobre este punto, esperando confiadamente de la cordura y patriotismo de los
Representantes del pueblo que, al resolver esta dificultad, tendrán presentes
los terminantes y explícitos preceptos constitucionales que marcan la duración
improrrogable de cada Legislatura, las fechas precisas en que deben comenzar y
terminar sus períodos legislativos y los negocios cuyo despacho es preferente
en algunos de éstos. La más prolija atención que consagréis a esta delicada
materia nunca será excesiva: pues que una resolución desacertada podría
convertirse, con facilidad, en origen de muy serios inconvenientes.
No
necesito anunciar, ciudadanos Diputados, porque ya lo sabéis, que las
elecciones para Poderes federales conforme a la convocatoria de Diciembre, se
han verificado en la mayoría de los Estados; pero sí debo decir con grande
satisfacción que en esas elecciones el sufragio ha sido verdaderamente libre,
luchando en el campo electoral todos los partidos y todas las aspiraciones. Si
en algunas localidades se han cometido por desgracia algunos abusos; si en
pocos distritos ha habido aun el escándalo de las credenciales dobles, debido
es esto al germen de corrupción que inoculó la pasada Administración en
nuestras costumbres políticas.
Me
permito llamar vuestra atención sobre este mal, para que, reformando
convenientemente la Ley Electoral y aplicando severos castigos a los
falsificadores del voto público, no sea ya posible en los sucesivo la
repetición de aquellos abusos.
Expedida
la convocatoria para la elección de Ayuntamiento de esta Capital, y al tiempo
ya de verificarse, surgieron algunas complicaciones y dificultades que aun no
han sido resueltas: el Ejecutivo, absteniéndose de prejuzgar la cuestión en uno
u otro sentido, dictó aquellas medidas propias de su resorte, para garantizar
la libertad del sufragio e impedir mayores males, proponiéndose someter este
serio incidente a la decisión de la Cámara de Representantes, considerada por
nuestro Derecho público, como la Legislatura del Distrito Federal. El
Secretario de Gobernación os dará pleno conocimiento de este negocio.
Con
el objeto de desarrollar y consolidar entre nosotros el sistema federativo,
consagrado por nuestra Constitución y atacado tantas veces en su base, con
motivo de las cuestiones locales de los Estados, ò conflictos de sus Poderes,
será presentada al Congreso una iniciativa que debe considerarse como ley
orgánica del art. 116 de nuestra Carta política, y que es de importancia suma,
porque tiende a hermanar el respeto que se debe a la soberanía de los Estados
con los derechos legítimos y la seguridad de la Federación.
A
mi vuelta de la campaña emprendida sobre el interior, la alarma y el temor
reinaban en los ánimos de la mayoría de los ciudadanos, a consecuencia de la
actitud tomada en la prensa y en la vía de los hechos por algunos caracteres
exaltados, que juzgando favorable la ocasión, hacían esfuerzos para falsear la
revolución, proclamando principios reaccionarios, hoy de ejecución imposible, y
pretendiendo que el país retrocediera veinte años abandonando así todas las
conquistas hechas a costa de tanta sangre y tan multiplicados sacrificios.
Este
estado de cosas motivó la circular de 16 de Febrero último, la que definiendo
de la manera más clara y precisa, cuáles eran los principios de la revolución y
cuál la marcha que resueltamente se proponía seguir el Gobierno provisional,
disipó toda ilegítima esperanza.
El
Ejecutivo ha creído conveniente dar una organización diversa de la que tenía al
ramo de Beneficencia pública. Sometidos antes los establecimientos de esa
naturaleza al Ayuntamiento, hoy lo están a una Junta de Beneficencia, que
teniéndolos como el principal objeto de su institución, ejercerá sobre ellos
una influencia eficaz y saludable.
El
reglamento relativo expedido en 23 de Enero último, explica los motivos de esa
medida que concilia, en la opinión del Ejecutivo, los intereses de los
desvalidos con nuestras liberales constituciones.
Después
de la profunda conmoción que la revolución causó al país, temió el Gobierno que
el vandalismo tomara amenazantes proporciones, y que, atentando en caminos y
poblados contra la vida y propiedad de los ciudadanos, esparciera la alarma
consiguiente a las épocas de trastornos y de crisis revolucionarias. Previendo
esta emergencia y para prevenir aquel gran mal, el Gobierno creyó indispensable
aumentar las fuerzas de policía rural, como lo hizo, para dar a la sociedad aun
en las más difíciles circunstancias, las seguridades que tiene derecho de
exigir de los Gobiernos. Al ejecutar esta medida tuvo cuidado de tomar de los
ciudadanos jefes, oficiales y tropa que han prestado sus servicios en la última
campaña, y a quienes por la necesidad de reducir el Ejército se ha dado de
baja, el personal necesario para hacer aquel aumento en la policía rural.
Así,
a la vez que ha dejado satisfecha una justa exigencia social, ha aprovechado
una oportunidad de atender y premiar a los buenos servidores de la Nación.
Hacía
tiempo que la opinión pública exigía un cambio casi completo en el personal de
los Juzgados y Tribunal Superior del Distrito: el Ejecutivo ha satisfecho ya
esta necesidad, desprendiéndose de todo espíritu de partido, llamando a las
Magistraturas, Juzgados y empleos inferiores, abogados de honrosa reputación, y
sometiendo a sus dependientes a una estricta y continua vigilancia. Toca al
Congreso perfeccionar esta obra, que con general aceptación ha sido recibida
por la sociedad.
En
la Instrucción pública el Ejecutivo ha comenzado por atender a los edificios
que, en su mayor parte, se encuentran en un estado ruinoso. Las circunstancias
del Erario no han permitido llevar a cabo las mejoras iniciadas; pero no las
descuida y espera poderlas terminar antes de un año.
Al
ser ocupada la capital en Noviembre último, estaban próximas a su apertura las clases
que forman el plan de estudios vigente. Aplazar las reformas que la práctica de
los pueblos civilizados ha calificado de indispensables, hubiera importado la
pérdida de un año para los numerosos alumnos de las escuelas nacionales; así,
pues, no vaciló el Ejecutivo en disponer esas mejoras, sin perjuicio de
someterlas a la aprobación del Congreso. Muchos de esos establecimientos ya no
podían existir sin infundirles elementos de vida que los contuvieran en su
rápida decadencia.
El
Ejecutivo tiene preparadas varias iniciativas correspondientes a los ramos de
Instrucción y de Justicia; y entre ellas recomienda desde ahora la que se
refiere al pronto establecimiento del régimen penitenciario: la promesa
constitucional y las aspiraciones humanitarias del siglo están reclamando esta
importante mejora.
A
pesar de la difícil situación del Erario, originada por las causas ya
expuestas, no han quedado desatendidos los trabajos públicos, ni las mejoras
materiales. La mayor parte de las líneas telegráficas destruidas por la guerra,
están ya en servicio, con un costo relativamente corto; se han establecido
nuevos ramales y oficinas, y contribuido con materiales no escasos para las
líneas de los Estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
El
desagüe del valle y ciudad de México, obra tantas veces proyectada, está de
nuevo en estudio, habiéndose comenzado ya algunos trabajos.
En
el mes de Febrero se proyectó un canal que debe unir el lago de Chalco a la
estación de Tepéxpam, del ferrocarril de Veracruz: una tercera parte de esta
importante vía está ya construida y antes de dos meses el canal se abrirá al
tráfico. Se ha contratado ya la apertura de otro canal directo entre Chalco y
México, para la navegación por pequeños vapores, y está en arreglo la concesión
respectiva para la construcción de un tercero, que una directamente esta ciudad
con la de Texcoco.
La
cuestión de ferrocarriles que tanto preocupa, y con razón, a todos los que se
interesan por la prosperidad de México, ha llamado como es debido la atención
del Ejecutivo; y si bien ha tenido que declarar por motivos legales, la
caducidad de la concesión del Ferrocarril Central, en ella no se ha apartado de
su propósito de favorecer dentro de la órbita de sus facultades, a las empresas
que llenan sus compromisos y contribuyen de esta manera al logro de los
vehementes deseos que el país siente de poseer, en el más corto tiempo posible,
vías férreas que permitan la explotación de sus inagotables fuentes de riqueza.
Con
este fin se ocupa de celebrar un nuevo contrato con la compañía del ferrocarril
de Toluca, contrato que, si bien causará mayor sacrificio al Gobierno, le
garantizará la conclusión de la obra para dentro de un año; finalmente, se ha
entregado ya la cantidad necesaria para la reposición de la vía férrea de
Jalapa a Veracruz, la cual deberá ponerse en explotación antes de quince días.
Es
un hecho de pública notoriedad que la Administración anterior arrendó varias
Casas de Moneda en términos fuertemente censurados por la opinión general.
El
Gobierno ha consagrado su atención a estos importantes negocios, en los que se
interesan a la vez la moralidad y las rentas nacionales, y ha resuelto que
algunos de esos contratos, en los que ha encontrado vicios que los invalidan,
se sometan al conocimiento de los tribunales competentes, como lo mandan
nuestras leyes, para que sean juzgados con toda imparcialidad y justificación.
En
cuanto a los otros arrendamientos que en ese caso no se encuentran, el Gobierno
dispondrá lo conveniente, después del estudio que está haciendo de ellos.
Lugar
oportuno es éste de indicar que la Casa de Moneda de Oaxaca, que ha vuelto a
poder de la Federación, por haber expirado el término de su arrendamiento, ha
sido dotada con una maquinaria moderna en substitución de la antigua,
facilitando así sus labores.
No
carecen de importancia un Observatorio Meteorológico establecido ya en el
Palacio Nacional; otro Astronómico que pronto se terminará en el mismo punto;
el proyecto de formación de una buena Carta geográfica de la República, y la
colección ya abundante, de mapas y planos que se ha hecho en la Secretaría de
Fomento, con el fin de crear un archivo cartográfico, cuya utilidad no puede
ser desconocida.
Es
un hecho notorio el desnivel constante que ha habido en los ingresos y egresos
de las rentas de la República. Si a este desnivel se agregan los crecidos
gastos que hizo la anterior Administración en el último año de su existencia,
pretendiendo dominar la insurrección nacional, y los onerosos contratos a que
ocurrió para proveerse de recursos, puede fácilmente concebirse la ruina en que
la revolución triunfante encontró el tesoro público.
El
estado de guerra en que continuó nuestro país, después de instalada en la
capital la actual Administración, la necesidad de sostener un numeroso
ejército, aumentado después con los otros dos beligerantes, y la
desorganización administrativa que produce forzosamente toda revolución, han
hecho más crítica aún la situación rentística de nuestro país.
El
ingente deber de terminar la pacificación de la República, obligó al Ejecutivo
a contraer algunos préstamos, a cuyo pago se ha atendido y está atendiéndose en
los términos convenidos.
Esta
misma circunstancia y la urgencia apremiante de hacer en 31 de Enero último en
Washington, el pago de que se ha hablado, estrecharon al Gobierno a expedir el
decreto de 23 de Diciembre próximo pasado, imponiendo una contribución
extraordinaria sobre productos de capitales.
Terminada
la guerra civil, el Ejecutivo se ha ocupado y se ocupa, muy detenidamente, de
estudiar la reorganización de la Hacienda, procurando, a la vez, aumentar los
productos de las rentas, por el buen arreglo de las oficinas federales, y
disminuir los gastos por economías introducidas en todos los ramos, y
especialmente en el de Guerra, para que los haberes de la fuerza armada puedan
cubrirse con los recursos ordinarios, sin desatender los otros ramos del
servicio público.
Al
efecto, la Secretaría de Hacienda someterá al Congreso una iniciativa con los
presupuestos de ingresos y egresos de la República para el próximo año fiscal,
procurando reducir los gastos de la Administración a los productos ordinarios
de las rentas federales, sin gravar a la Nación con nuevos impuestos.
Llamo
la atención de la Cámara, en el proyecto de Presupuesto, a la omisión de la
cláusula común de los presupuestos de los años anteriores, sobre reducción a la
mitad, si las circunstancias del Erario lo requieren, de los haberes de las
clases pasivas. No sólo el equilibrio establecido en los presupuestos, sino un
principio de moralidad y de rigurosa justicia, ha guiado al Gobierno en esta
omisión. En medio de las necesidades del momento, siempre apremiantes en
nuestro país, han sido casi continuamente desatendidas las clases pasivas.
El
Ejecutivo juzga que para poder exigir al Ejército el cumplimiento leal de sus
deberes, es preciso que la Nación dé por su parte cumplimiento leal a los que
con él contrae; es forzoso que su Ejército vea que los envejecidos y mutilados
en el servicio nacional, que las viudas y huérfanos de los que mueren en
defensa de la independencia y de la libertad, no son abandonados.
La
Secretaría de Hacienda someterá al Poder Legislativo otras iniciativas
importantes.
El
cobro de derechos de exportación a la plata pasta y acuñada, es contrario a los
sanos principios económicos. Hace muchos años que se agita en nuestro país la
cuestión de la libre exportación de todos los frutos y productos nacionales,
sin que hayan tenido más fundamento en su apoyo los defensores del sistema
contrario, que la pérdida del fuerte rendimiento que el impuesto sobre platas
produce al Erario nacional. La Secretaría de Hacienda propondrá la abolición
del derecho de exportación sobre platas, conciliando hasta donde sea posible
todos los intereses legítimos.
Con
el propósito de dar cumplimiento al artículo 124 de la Constitución, el
Gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda, presentará a la Cámara la
iniciativa correspondiente, proponiendo los medios más convenientes para
obtener la supresión de alcabalas en el más breve tiempo posible, y sin causar,
ni a la Federación ni a los Estados, una crisis rentística cuyos efectos serían
fatales en el estado que hoy guarda el Erario.
Es
una necesidad en nuestro país la consolidación de la Deuda Pública, el pago de
sus intereses y el arreglo de su amortización. Otra iniciativa de la Secretaría
de Hacienda someterá al Poder Legislativo cuestión tan importante para el
Crédito nacional y para los acreedores de la República. Para los que comprenden
lo que vale el crédito de las naciones, esta cuestión es de interés vital en
México.
La
Administración nacida de la revolución nacional, debe cuidar del exacto
cumplimiento, no sólo de los compromisos políticos, sino de los pecuniarios que
la segunda contrajo. La iniciativa anterior comprenderá, en consecuencia, el
reconocimiento y el pago de la deuda de la revolución.
El
efectivo del Ejército es hoy mucho mayor del que nuestras leyes autorizan,
debiéndose esto, no a la intención deliberada de ponerlo en tan alta fuerza,
sino como ya indiqué antes, a la plausible circunstancia de haber venido a
fraternizar con los defensores de la revolución, bajo una misma bandera, casi
todos los Cuerpos con que intentaban sostener su respectiva causa los dos
caudillos que pretendían ser, cada cual de por sí, los representantes de la
legalidad.
El
Ejecutivo se ocupa ya, con asiduidad y a la vez con la mayor circunspección, de
estudiar el medio más conveniente de conciliar la seguridad de nuestras
instituciones y de nuestro territorio, y la necesidad de atender y premiar los
méritos y servicios de la clase militar, con los recursos de que puede disponer
el Tesoro federal.
Dedica
también una atención especial a la reorganización del Ejército, medida
indispensable después de un sacudimiento como el que el país acaba de sufrir.
Al dictarse las disposiciones necesarias sobre el particular, se cuidará
escrupulosamente de no invadir la esfera del Poder Legislativo.
Es
esta la ocasión de rendir un público tributo de reconocimiento al Ejército, no
sólo por sus servicios, valor y disciplina, sino por la abnegación con que ha
sellado tan meritorios títulos. Me es satisfactorio consignar en este acto
solemne que, terminada la campaña, muchos dignos militares, desde jefes de la
más alta graduación, hasta simples soldados, han solicitado espontáneamente
volver a la obscuridad de la vida privada, no llevando otra recompensa que la
satisfacción de haber contribuido al triunfo de la buena causa.
El
Ejecutivo, en la imposibilidad invencible de remunerar de otro modo sus
servicios, ha mandado que se les expidan certificados, en que se les hace
constar aquéllos y la sincera promesa de que, en igualdad de circunstancias,
serán tan dignos patriotas preferidos para ocupar los puestos públicos, a otros
ciudadanos que no pueden prestar en su abono iguales méritos. Esta promesa ha
recibido ya, en muchos casos, un leal y oportuno cumplimiento.
La
Guardia Nacional de los Estados, que tan importantes y oportunos servicios
prestó a la causa de la revolución, es muy acreedora también a la consideración
del Gobierno y a la gratitud pública por su inapreciable auxilio y por la
abnegación de que ha dado pruebas después de concluida la guerra.
Entre
otros casos que pudieran citarse, la capital ha visto ha poco tiempo a los
hijos de Puebla y Oaxaca, que la guarnecían, retirarse satisfechos a sus
hogares, para entregarse de nuevo a sus modestas y habituales ocupaciones.
Ciudadanos
Diputados: la breve reseña que acabáis de oír, no manifestaría por completo,
aunque ella se extendiera más, cuál es el estado que guarda el país, si no os
anunciara, como lo hago con grande satisfacción, que toda la República se
encuentra en paz. Este hecho de grande importancia siempre, tiene hoy una
significación cuyo valor no se puede desconocer.
Cansado
el país de los abusos del gobierno anterior, buscó en la insurrección, suprema
razón de los pueblos ultrajados, el remedio de sus males; y espera tranquilo
gozar de los bienes que la revolución le ha prometido, bajo el amparo del
Código Fundamental.
Hoy
que la época de la reconstrucción constitucional comienza, deber y muy sagrado
de todos los funcionarios públicos es procurar realizar a fuerza de probidad,
de constancia y de patriotismo, esas esperanzas del pueblo.
Restablecer
por completo el imperio de la Constitución, afirmar la paz, proteger bajo su
benéfico influjo todos los intereses legítimos, para desarrollar los grandes
elementos de riqueza del país: he aquí la grandiosa y noble tarea que vuestra
misión os impone, tarea cuya ejecución dejará satisfechas las aspiraciones de
la revolución y llevará a México a la prosperidad a que sus destinos lo llaman.
La
República toda está pendiente de vuestros primeros actos; ella espera de
vosotros que, inspirados íntimamente del sentimiento del bien público,
abordaréis con fe y valor las difíciles cuestiones sometidas a vuestra
resolución, y volváis al país a su quicio natural, del que lo sacó
temporalmente una revolución reclamada por la moral y la justicia.
Todas
vuestras determinaciones, todos los esfuerzos que hiciereis para restablecer
sólidamente el imperio de la Constitución, tranquilizar los ánimos e impulsar a
la Nación en el camino de su progreso y engrandecimiento, encontrarán en el
Ejecutivo la cooperación más eficaz y el aplauso más sincero.
JOSÉ
DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI
Porfirio
Díaz fue un antireeleccionista reelecto, y el presente mensaje es histórico
pues, por él se compromete a elevar a rango constitucional el principio de no
reelección, de lo que luego se desdeciría en adelante, para lograr sucesivas
reelecciones, hasta provocar la cruenta revolución de 1910 que precipita su
renuncia en 1911 y posterior exilio. Regía entonces la Constitución de 1827,
que establecía la reformas de la constitución solo por el Congreso de la Unión
y con mayoría calificada (articulo 127, que publicamos en el anexo). En su
carrera a la presidencia, comenzó por enfrentar a Benito Juárez luego de su
tercera reelección. Lanzó así el Plan de Noria contra la reelección indefinida
de Benito Juárez (quien no lo había nombrado Ministro de Guerra) y,
posteriormente, volvió a alzarse en armas en 1875 con el Plan de Tuxtepec, en
esta caso, contra la reelección de Lerdo de Tejada. Triunfante Díaz ocupó la
presidencia provisional el 28 de noviembre de 1876. Tras un breve interinato de
José María Cosme, se convocó a elecciones que bajo control militar limitaron la
concurrencia a las casillas sólo a los ciudadanos afines al Plan de Díaz. Así,
Porfirio Díaz tomó posesión el 5 de mayo de 1877. Al año siguiente, el 5 de
mayo de 1878 reformó la Constitución para demostrar su vocación
antireeleccionista: "el presidente no podrá ser reelecto para el periodo
inmediato, ni ocupar la presidencia…, sino hasta pasados cuatro años de haber
cesado en el ejercicio de sus funciones". Concluyó su período el 30 de
noviembre de 1880. Manuel González asumió la presidencia el 1° de diciembre de
1880 y Díaz fue Secretario de Fomento primero y gobernador provisional de
Oaxaca después.
Díaz
fue reelecto y a partir de 1884, apoyado por la fuerza militar que usa
"para pacificar el país" convirtió a la Republica en una dictadura.
Poco a poco Díaz fue minando las bases democráticas, estancó la vida cívica;
los ciudadanos vivieron reelecciones simuladas y el Poder Legislativo se
desempeñó pobre e indignamente. Díaz reformó la Constitución nuevamente:
