JAIME GUZMÁN
“La Reconciliación Nacional exige especial acierto,
tino y equilibrio en los instrumentos que se diseñen para lograrla”
Discurso
pronunciado en 1991 días antes de ser asesinado en el que expresa su oposición
a la reforma constitucional de amnistía
"Voto que No"
Durante el debate de esta
iniciativa en ambas ramas del Parlamento, la posición de nuestro partido fue
expuesta en forma detenida y fundada. Reafirmamos aquí esas intervenciones y
nos remitimos a ellas para un conocimiento más completo de nuestro punto de
vista.
Como entonces lo manifestamos, el proyecto en cuestión contiene algunos aspectos que nos parecen plausibles, con las salvedades y reservas que en esa ocasión señalamos.
Sin embargo, la médula de esta iniciativa radica en la atribución que se concede al Presidente de la República para indultar terroristas, por delitos de ese carácter cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Se mantiene, así, en general y hacia el futuro, la sabia norma de la Constitución de 1980 que excluye del indulto presidencial a quienes sean condenados por delitos terroristas. Pero se le introduce una excepción: se permite dicho indulto cuando se trate de delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990.
Señor Presidente, en estos días han entrado en vigencia diversas normas destinadas a agilizar los procesos de personas enjuiciadas por leyes especiales, a quienes algunos -equivocadamente- denominan “presos políticos”. Tales disposiciones incluyen importantes cambios de competencia.
Nuestro partido concurrió a aprobar esas modificaciones en ambas Cámaras, porque aún cuando los mal llamados “presos políticos” están inculpados de graves delitos, pensamos que merecen, como toda persona, un juzgamiento adecuado y justo. Por consiguiente, una vez dictada las sentencias respectivas, el Presidente de la República, sin necesidad de la reforma que hoy vota este Congreso pleno, podría indultarlos a todos ellos, con excepción, exclusivamente, de quienes sean o resulten condenados por delitos terroristas.
La ciudadanía debe saber, así, que ésta enmienda Constitucional tiene por objeto preciso que el Jefe del Estado pueda indultar también terroristas.
Cuando aludimos a “terroristas”, no formulamos ninguna apreciación subjetiva o controvertible. Nos referimos a personas que estén o sean condenadas judicialmente por delitos que la ley define como “conductas terroristas”, según el texto legal revisado y aprobado por este mismo Parlamento. Son esas las únicas personas que sin esta reforma no podrían beneficiarse con el indulto presidencial. Para permitir el indulto de esas personas, que objetiva e incuestionablemente, son terroristas, se ha impulsado la enmienda constitucional que hoy vota el Congreso Pleno.
En consecuencia, esta reforma tiene como potenciales beneficiarios a los integrantes del grupo más peligroso de los mal llamados “presos políticos”, porque el eventual indulto de todos los demás no requeriría en absoluto de esta modificación de la Carta Fundamental.
Juzgamos que lo anterior es profundamente grave e inconveniente para el país. Por eso rechazamos esta reforma.
Se pretende tranquilizar a la opinión pública invocando la prudencia con que cabría presumir el ejercicio de esta atribución por parte del actual Presidente de la República. La ciudadanía no debe dejarse confundir con este argumento, ya que él arranca de un supuesto equivocado.
Por una parte, la facultad de indultar a los referidos terroristas no se está confiriendo aquí sólo al actual Jefe de Estado, sino, también, a quienes le sucedan en el cargo hacia el futuro. De modo que aquellos terroristas que conforme al criterio del Presidente Aylwin no sean acreedores a dicho beneficio, podrán ser indultados por futuros gobernantes, cuyos criterios -obviamente- nadie puede adivinar.
Por lo tanto no es admisible aprobar esta reforma, ponderando sólo los enfoques o cualidades personales del actual Primer Mandatario. Pero hay más, señor Presidente. Consideramos que esta iniciativa representa un gigantesco error, del cual tal vez muy pronto deberán arrepentirse los propios sectores que hoy la están aprobando.
En efecto, si el actual Presidente de la República ejerce esta atribución en forma más restrictiva que lo comprometido en el programa de la Concertación y no libera a terroristas que, de acuerdo a dicho documento, deberán ser indultados, se generará una explicable presión de los grupos más extremos que apoyaron la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. Y los efectos de esas presiones -que pueden ser sangrientas-, aparte de dañar a los afectados por ellas, perjudicarán, no sólo al gobierno, sino al país entero.
Por el contrario, si el Jefe de Estado se atiene al programa de la Concertación y otorga el indulto con la amplitud establecida en su texto, quienes desde la oposición hayan contribuido a posibilitar la aprobación de esta reforma no podrán eximirse de su responsabilidad respecto de tales indultos.
Cualquier intento por desligarse de esa responsabilidad, pretendiendo circunscribirla únicamente en el Jefe del Estado, les sería replicado con la evidencia de que nadie podía dejar de prever que la facultad que hoy se otorgue al Presidente de la República se ejercería ciñéndose al programa que lo llevó a la Primera Magistratura de la Nación.
Desde otra perspectiva, el año transcurrido desde marzo de 1990, fecha en que asumió el nuevo gobierno, nos demuestra, en forma tan elocuente como dramática, que la amenaza terrorista sigue vigente. La creencia de que el advenimiento de la plenitud democrática haría desistir a los terroristas de sus desquiciados afanes, se ha visto crudamente contradicha por los hechos. Más aún, muchas de las personas que podrían ser beneficiadas por esta enmienda constitucional están vinculadas a las mismas agrupaciones que hoy continúan ejecutando y reivindicando crímenes o atentados terroristas, como el Frente Lautaro o el Frente Manuel Rodríguez.
El desafiante recrudecimiento del terrorismo se ve actualmente agudizado por el incremento de la delincuencia común, que también inquieta, con creciente angustia, a los chilenos. Los vasos comunicantes entre el terrorismo y la delincuencia común son bastante conocidos como para perfilar las reales dimensiones de tan delicado problema.
Estamos convencidos de que la ciudadanía observa, con desconcierto y estupor, que en este preciso momento el Congreso pleno se reúna para ratificar -como la primera Reforma Constitucional que aprueba- una enmienda que permite el indulto presidencial de terroristas.
Nuestro partido ha contribuido a aprobar en este Parlamento muchas iniciativas tendientes a alcanzar la reconciliación entre los chilenos. El país puede estar cierto de que continuaremos haciéndolo, teniendo siempre presente que tan noble objetivo requiere de una apropiada ecuación entre la generosidad y el realismo.
La Reconciliación Nacional exige especial acierto, tino y equilibrio en los instrumentos que se diseñen para lograrla. Consideramos que esta enmienda de la Carta Fundamental no cumple con esos requisitos, porque ningún paso tenderá efectivamente a dicha reconciliación, si Él pone en peligro la seguridad de las personas o la paz social.
Señor Presidente, votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultadas por la sola voluntad del Presidente de la República, quien quiera que éste sea.
Votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque, tanto en la campaña electoral de 1989 como hoy, discrepamos del programa de la Concertación en materia de indultos. No podríamos sentirnos actuando de modo consecuente con ello si concurriéramos, ahora, a ampliar el ámbito del indulto presidencial.
Votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, en momentos en que el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme, y sin equívocos, de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza.
Voto que no."
Como entonces lo manifestamos, el proyecto en cuestión contiene algunos aspectos que nos parecen plausibles, con las salvedades y reservas que en esa ocasión señalamos.
Sin embargo, la médula de esta iniciativa radica en la atribución que se concede al Presidente de la República para indultar terroristas, por delitos de ese carácter cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Se mantiene, así, en general y hacia el futuro, la sabia norma de la Constitución de 1980 que excluye del indulto presidencial a quienes sean condenados por delitos terroristas. Pero se le introduce una excepción: se permite dicho indulto cuando se trate de delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990.
Señor Presidente, en estos días han entrado en vigencia diversas normas destinadas a agilizar los procesos de personas enjuiciadas por leyes especiales, a quienes algunos -equivocadamente- denominan “presos políticos”. Tales disposiciones incluyen importantes cambios de competencia.
Nuestro partido concurrió a aprobar esas modificaciones en ambas Cámaras, porque aún cuando los mal llamados “presos políticos” están inculpados de graves delitos, pensamos que merecen, como toda persona, un juzgamiento adecuado y justo. Por consiguiente, una vez dictada las sentencias respectivas, el Presidente de la República, sin necesidad de la reforma que hoy vota este Congreso pleno, podría indultarlos a todos ellos, con excepción, exclusivamente, de quienes sean o resulten condenados por delitos terroristas.
La ciudadanía debe saber, así, que ésta enmienda Constitucional tiene por objeto preciso que el Jefe del Estado pueda indultar también terroristas.
Cuando aludimos a “terroristas”, no formulamos ninguna apreciación subjetiva o controvertible. Nos referimos a personas que estén o sean condenadas judicialmente por delitos que la ley define como “conductas terroristas”, según el texto legal revisado y aprobado por este mismo Parlamento. Son esas las únicas personas que sin esta reforma no podrían beneficiarse con el indulto presidencial. Para permitir el indulto de esas personas, que objetiva e incuestionablemente, son terroristas, se ha impulsado la enmienda constitucional que hoy vota el Congreso Pleno.
En consecuencia, esta reforma tiene como potenciales beneficiarios a los integrantes del grupo más peligroso de los mal llamados “presos políticos”, porque el eventual indulto de todos los demás no requeriría en absoluto de esta modificación de la Carta Fundamental.
Juzgamos que lo anterior es profundamente grave e inconveniente para el país. Por eso rechazamos esta reforma.
Se pretende tranquilizar a la opinión pública invocando la prudencia con que cabría presumir el ejercicio de esta atribución por parte del actual Presidente de la República. La ciudadanía no debe dejarse confundir con este argumento, ya que él arranca de un supuesto equivocado.
Por una parte, la facultad de indultar a los referidos terroristas no se está confiriendo aquí sólo al actual Jefe de Estado, sino, también, a quienes le sucedan en el cargo hacia el futuro. De modo que aquellos terroristas que conforme al criterio del Presidente Aylwin no sean acreedores a dicho beneficio, podrán ser indultados por futuros gobernantes, cuyos criterios -obviamente- nadie puede adivinar.
Por lo tanto no es admisible aprobar esta reforma, ponderando sólo los enfoques o cualidades personales del actual Primer Mandatario. Pero hay más, señor Presidente. Consideramos que esta iniciativa representa un gigantesco error, del cual tal vez muy pronto deberán arrepentirse los propios sectores que hoy la están aprobando.
En efecto, si el actual Presidente de la República ejerce esta atribución en forma más restrictiva que lo comprometido en el programa de la Concertación y no libera a terroristas que, de acuerdo a dicho documento, deberán ser indultados, se generará una explicable presión de los grupos más extremos que apoyaron la candidatura presidencial de Patricio Aylwin. Y los efectos de esas presiones -que pueden ser sangrientas-, aparte de dañar a los afectados por ellas, perjudicarán, no sólo al gobierno, sino al país entero.
Por el contrario, si el Jefe de Estado se atiene al programa de la Concertación y otorga el indulto con la amplitud establecida en su texto, quienes desde la oposición hayan contribuido a posibilitar la aprobación de esta reforma no podrán eximirse de su responsabilidad respecto de tales indultos.
Cualquier intento por desligarse de esa responsabilidad, pretendiendo circunscribirla únicamente en el Jefe del Estado, les sería replicado con la evidencia de que nadie podía dejar de prever que la facultad que hoy se otorgue al Presidente de la República se ejercería ciñéndose al programa que lo llevó a la Primera Magistratura de la Nación.
Desde otra perspectiva, el año transcurrido desde marzo de 1990, fecha en que asumió el nuevo gobierno, nos demuestra, en forma tan elocuente como dramática, que la amenaza terrorista sigue vigente. La creencia de que el advenimiento de la plenitud democrática haría desistir a los terroristas de sus desquiciados afanes, se ha visto crudamente contradicha por los hechos. Más aún, muchas de las personas que podrían ser beneficiadas por esta enmienda constitucional están vinculadas a las mismas agrupaciones que hoy continúan ejecutando y reivindicando crímenes o atentados terroristas, como el Frente Lautaro o el Frente Manuel Rodríguez.
El desafiante recrudecimiento del terrorismo se ve actualmente agudizado por el incremento de la delincuencia común, que también inquieta, con creciente angustia, a los chilenos. Los vasos comunicantes entre el terrorismo y la delincuencia común son bastante conocidos como para perfilar las reales dimensiones de tan delicado problema.
Estamos convencidos de que la ciudadanía observa, con desconcierto y estupor, que en este preciso momento el Congreso pleno se reúna para ratificar -como la primera Reforma Constitucional que aprueba- una enmienda que permite el indulto presidencial de terroristas.
Nuestro partido ha contribuido a aprobar en este Parlamento muchas iniciativas tendientes a alcanzar la reconciliación entre los chilenos. El país puede estar cierto de que continuaremos haciéndolo, teniendo siempre presente que tan noble objetivo requiere de una apropiada ecuación entre la generosidad y el realismo.
La Reconciliación Nacional exige especial acierto, tino y equilibrio en los instrumentos que se diseñen para lograrla. Consideramos que esta enmienda de la Carta Fundamental no cumple con esos requisitos, porque ningún paso tenderá efectivamente a dicha reconciliación, si Él pone en peligro la seguridad de las personas o la paz social.
Señor Presidente, votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultadas por la sola voluntad del Presidente de la República, quien quiera que éste sea.
Votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque, tanto en la campaña electoral de 1989 como hoy, discrepamos del programa de la Concertación en materia de indultos. No podríamos sentirnos actuando de modo consecuente con ello si concurriéramos, ahora, a ampliar el ámbito del indulto presidencial.
Votamos en contra de esta Reforma Constitucional, porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, en momentos en que el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme, y sin equívocos, de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza.
Voto que no."
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