PATRÍCIO
AYLWIN AZÓCAR
“La democracia supone, como
cimiento indispensable, el consenso general sobre las reglas fundamentales de
la convivencia colectiva”
MENSAJE DEL
Conciudadanos
del Senado y de
Cumplo
el deber que
Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba
Aunque el texto constitucional vigente no prescribe ante quién ha de rendirse esta cuenta ni la oportunidad de hacerlo, pienso que lo más adecuado es restablecer la vieja tradición histórica, que expresamente consagraba
CHILE
DE NUEVO EN DEMOCRACIA
Desde
hace setenta días, los chilenos vivimos nuevamente bajo un régimen democrático.
El
gobierno de la nación por autoridades libremente elegidas por el pueblo, para
un plazo preestablecido, bajo un sistema que asegura a todos el pleno respeto
de sus derechos y libertades personales y en que la conducta de los gobernados
y el poder de los gobernantes han de sujetarse a la norma jurídica, es la forma
de convivencia humana más acorde con la razón, con el progreso de la
civilización y con nuestra propia idiosincrasia nacional.
La
larga vigencia de la democracia entre nosotros, que parecía ser la forma de
convivir consubstancial a nuestra patria, fue factor relevante de nuestro
prestigio entre las naciones. Su restablecimiento causa alegría y esperanza en
la comunidad nacional y nos granjea simpatías en el mundo. Al mismo tiempo, nos
impone a todos la responsabilidad de consolidarla y perfeccionarla. Esta
responsabilidad, señores Parlamentarios, recae principalmente sobre ustedes y
sobre mí, que hemos recibido del pueblo de Chile la confianza y el honor de
dirigirlo en esta etapa trascendental de su historia.
Un
nuevo espíritu impera en la convivencia nacional. Al clima de confrontación,
descalificaciones, odios y violencia que prevaleció por tanto tiempo, ha
sucedido un ambiente de paz, respeto a las personas, debate civilizado y
búsqueda de acuerdos.
Contrariando
al pesimismo de errados agoreros que presagiaron caos, violencia y otros males,
los chilenos estamos demostrando que somos capaces de vivir en libertad y que
no necesitamos del imperio de la fuerza ni de constantes amenazas para mantener
el orden y para trabajar.
Cierto
es que siguen produciéndose algunos hechos de violencia que enturbian este
ambiente de paz. Pero no es menos cierto que esos hechos, cuya frecuencia
disminuye en relación a épocas pasadas y aun recientes, provocan cada día mayor
repudio en todos los sectores de la población. Los grupúsculos que los
perpetran -cualquiera que sea su signo-van quedando cada vez más aislados;
ninguna razón los justifica ante la conciencia pública, en la cual suscitan la
repulsa propia de los delincuentes.
Sin
disminuir la gravedad de esos hechos, cuya erradicación y castigo requieren no
sólo de la acción de los organismos policiales y judiciales del Estado, sino
también de la cooperación responsable y pedagógica de todos, nadie puede
seriamente negar que Chile está viviendo una etapa promisoria de reencuentro
nacional. La lógica de guerra que dividía a los chilenos en amigos y enemigos
ha sido superada por la lógica de la paz, en que todos nos reconocemos como
compatriotas, cualesquiera que sean nuestras diferencias.
La
dura experiencia de tantos años de confrontación y sufrimiento nos ha enseñado
a superar caducos prejuicios e intransigencias ideológicas, a respetar
explicables discrepancias, a procurar comprendernos mutuamente y a admitir que
la natural diversidad no es ni puede ser obstáculo insuperable a nuestra unidad
esencial como chilenos.
De
este modo, aunque en lo material poco haya cambiado, el chileno común está
viviendo en libertad una vida más plena y más segura, sin los miedos del
pasado, con alegría y esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en
su dignidad de persona y llamado a participar con su propio aporte en la tarea
común de construir el futuro de la patria.
CONSENSOS
AUSPICIOSOS
Justo
es reconocer que esta nueva y promisoria realidad ha sido posible, en gran
medida, gracias a la disposición y conducta responsable de quienes aceptamos
someternos a reglas del juego que rechazábamos por la forma en que fueron
impuestas y por su contenido a nuestro juicio injusto y antidemocrático; y
también, gracias a quienes acataron esas reglas cuando su aplicación les
resultó adversa y se sometieron al veredicto ciudadano.
La
democracia supone, como cimiento indispensable, el consenso general sobre las
reglas fundamentales de la convivencia colectiva. Puesto que en ella “la
autoridad se funda en la voluntad de aquellos a quienes obliga”, única manera
racional de conciliar autoridad con libertad, el régimen democrático será más
sólido y estable mientras mayor sea el grado de consentimiento que suscite en
la comunidad nacional.
Esto
nos exige a los demócratas, en todo tiempo y muy especialmente -como es el caso
nuestro- en la etapa de reconstrucción democrática en que estamos, poner el
máximo empeño, con generosidad e inteligencia creativa, para alcanzar los
mayores y más firmes acuerdos posibles.
Fue
un hecho auspicioso en esa dirección el acuerdo logrado el año último, entre
los partidos concertados por la democracia y el Gobierno de la época y los
partidos que lo apoyaban, acerca de las reformas constitucionales que el pueblo
aprobó en el plebiscito de julio pasado. Aunque dichas reformas fueran para
muchos insuficientes, representaron un avance que facilitó el proceso de la
transición en que nos encontrábamos y dejó la puerta abierta a futuros
perfeccionamientos de
En
análogo sentido, es también un hecho auspicioso el que en el curso de la
campaña electoral se hayan expresado por los tres candidatos a
Considero
también digno de reconocerse como un logro democrático importante el alto grado
de acuerdo que se ha ido consolidando entre los partidos concertados por la
democracia que dan respaldo a mi Gobierno. Unidos primero en la lucha por la
restauración democrática que condujo al triunfo del “No” en el plebiscito de
1988, ahondaron luego su convergencia al convenir las Bases Programáticas que
constituyeron la plataforma de mi candidatura presidencial. También los
agoreros presagiaron que, por la diversidad de sus inspiraciones doctrinarias,
serían incapaces de mantenerse unidos para dar gobierno al país. Felizmente,
los hechos están demostrando lo contrario. Con profunda satisfacción, quiero
señalar hoy que los partidos de
Cumplo
un mandato de conciencia al expresarles, en esta ocasión solemne, mi público
reconocimiento por su apoyo a mi elección y a mi Gobierno, como también mi
profunda convicción de que la solidez y permanencia de su alianza constituyen
una de las bases fundamentales para la estabilidad de nuestra renaciente democracia.
Mi
ánimo, que creo también es el del país, es que esta voluntad de entendimiento
trascienda a los partidos de Gobierno y abarque a todos los sectores que sean
fieles a los principios y conductas democráticas. Por eso, celebro y agradezco
los acuerdos producidos en este Congreso Nacional para generar las autoridades
de ambas Cámaras y para el despacho de
UNIDAD
NACIONAL Y LEGÍTIMO DISENSO
He
dicho reiteradamente que quiero ser el Presidente de todos los chilenos. Mi
mayor anhelo como gobernante es entregar, a quien el pueblo elija para
sucederme, una patria unida en democracia.
Para
alcanzar esa meta, entiendo que mi misión es promover el reencuentro de Chile
con sus tradiciones de tolerancia y libertad, de respeto al Derecho y de
rechazo a las arbitrariedades y a la opresión.
Mis
compatriotas pueden tener la certeza de que seré fiel a este compromiso. Mi
Gobierno respetará escrupulosamente la dignidad humana en todas sus
dimensiones; actuará siempre movido por el respeto a todos los chilenos,
cualesquiera que sean sus ideas y posiciones políticas; será estricto en el
apego a la verdad y en la defensa de la justicia; el mío será un Gobierno de
unidad nacional, a través del cual Chile podrá superar definitivamente tanto
tiempo de división y de dolor.
Lo
anterior no significa que no haya diferencias y que debamos coincidir en todo.
Es propio de la democracia que las diferentes opiniones se expresen libremente
y que haya debate. Debemos acostumbrarnos a discutir en busca de las soluciones
mejores para el país y a entender que al hacerlo no ponemos en peligro a las
instituciones, siempre que no caigamos en ofensas, descalificaciones o
mezquindades. Discrepar no significa ser enemigos. Mantener con firmeza las
propias convicciones es un legítimo derecho. Pero el interés superior del país
y nuestra propia calidad de demócratas nos exigen hacerlo con elevación,
procurando superar los prejuicios y no ser instrumentos de pasiones. La patria
nos demanda desterrar el odio, respetarnos mutuamente y procurar entendernos;
no nos exige estar siempre de acuerdo. Reclamar el consenso para todo sería
aceptar el veto de las minorías y paralizar el país; bastaría que unos pocos
discreparan para impedir las decisiones.
Pueden
los señores Parlamentarios y todos mis compatriotas estar seguros de que en el
desempeño de mi mandato procuraré siempre, como he venido haciéndolo, escuchar
a todos los sectores y buscar el mayor entendimiento; pero cuando no lo logre,
no vacilaré en asumir mi responsabilidad -que es también mi deber de
gobernante- de adoptar las decisiones que mi conciencia me señale.
Del
mismo modo, pienso que, si queremos reforzar la unidad nacional, debemos todos
poner los ojos en el futuro común que nos une, más que en el pasado que nos
divide. Dejemos a la historia que juzgue lo ocurrido y pongamos nuestro afán en
los quehaceres que la patria ahora nos reclama para forjar el porvenir.
Pero
este sano propósito no puede ser obstáculo para abordar con coraje los
problemas que heredamos del pasado, como son los relativos a derechos humanos y
a la llamada “deuda social”. Rehuirlos por temor a revivir añejas querellas
sería faltar a nuestro deber. Mal que nos pese, son problemas que están
presentes en la vida nacional y que exigen solución. Afrontarlos no es reabrir
heridas: es procurar cicatrizarlas.
La
historia nos enseña que las naciones se construyen por la acción continuada de
sucesivas generaciones. Nadie parte de cero. Los hijos asumen las realidades
que les legan sus padres. Cada nuevo Gobierno se hace cargo del país que le
entrega el precedente.
La
historia también nos enseña que, con mucha frecuencia, los más jóvenes se
quejan de los más viejos; los Gobiernos que llegan formulan reparos al que les
precedió.
En
esta materia, el país es testigo de la altura y generosidad con que mi Gobierno
y los partidos de
Reiteradamente
hemos dicho que queremos conservar lo bueno, corregir lo malo y perfeccionar lo
regular. Esto nos exige, obviamente, precisar lo malo que nos proponemos
corregir. Ello es indispensable para que el país conozca las razones de nuestro
proceder. En una democracia, el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes lo
informen de los fundamentos de sus decisiones. Tiene también derecho a saber la
verdad, y es deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo.
Durante
más de dieciséis años, quienes gobernaron el país vivieron descalificando
diariamente a sus predecesores y denigrando a sus adversarios. No los
seguiremos en ese camino. No enturbiaremos el ambiente de reconciliación que
queremos. Pero nadie puede impedirnos decir la verdad cada vez que lo estimemos
necesario, con delicadeza y a la vez con firmeza, como lo estamos haciendo.
Nadie puede ofenderse porque se diga que en Chile hubo dictadura; es tan sólo
llamar las cosas por su nombre.
LAS
TAREAS DE MI GOBIERNO
En
el curso de mi campaña como candidato a
1º
Esclarecer la verdad y hacer justicia en materia de derechos humanos, como
exigencia moral ineludible para la reconciliación nacional;
2º
Democratizar las instituciones;
3º
Promover la justicia social, corrigiendo las graves desigualdades e
insuficiencias que afligen a grandes sectores de chilenos;
4º
Impulsar el crecimiento económico, desarrollo y modernización del país, y
5º
Reinsertar a Chile en el lugar que históricamente se había ganado en la
comunidad internacional.
Este
es mi compromiso con Chile. Estas son las tareas que mi Gobierno está tratando
de cumplir y a las cuales sus integrantes estamos entregando todas nuestras
fuerzas y capacidades.
En
esta mi primera cuenta al país, considero mi deber informar a los señores
Parlamentarios y a todos mis compatriotas sobre el sentido y alcance de cada
una de esas tareas, la situación de la cual partimos para realizarlas, las
metas que nos proponemos y los caminos que pensamos seguir para llegar a ellas.
Lo
haré en el orden que considero más adecuado para que el país conozca y
comprenda los propósitos y la conducta del Gobierno.
PRIMERA
TAREA: RECONCILIACIÓN NACIONAL
Nuestra
primera tarea es lograr la reconciliación nacional fundada en la verdad y en la
justicia.
Para
alcanzar la unidad nacional que anhelamos, es indispensable superar los
agravios del pasado, reparar las ofensas, borrar las sospechas, desvanecer las
desconfianzas. Sólo así lograremos una verdadera -y no sólo
aparente-reconciliación nacional.
Si
queremos sinceramente que haya paz sólida y estable entre los chilenos y que
desaparezca toda forma de violencia, no podemos limitarnos a esconder la cabeza
como el avestruz y hacer como si nada hubiera pasado. Sabemos que han pasado
muchas cosas, crueles y dolorosas, dejando una secuela de sufrimientos y a
veces también de rabia en muchos compatriotas, de uno y otro lado.
Ignorar
esos hechos y procurar olvidarlos o desconocerlos es favorecer que ese
sufrimiento y esa rabia larvada germinen y conduzcan a expresiones irracionales
de odio y de violencia.
Como
cristiano, creo que “sólo la verdad nos hará libres”. Libres, en primer
término, de nuestros propios prejuicios y pasiones, que son el mayor obstáculo
a la paz.
Como
cristiano, pienso que la paz es obra de la justicia y sólo puede edificarse
sobre los cimientos de la verdad.
Por
estas razones es que, cumpliendo lo que siempre dije al país -y a nadie puede
tomar de sorpresa-, he acometido la compleja labor de restañar las heridas que
quedaron del pasado. Ello exigía abocarse a tres temas que estamos abordando
con sentido de equidad, por las vías de la razón y del derecho: el de los
llamados “presos políticos”, el de los exiliados y el de las violaciones a
derechos humanos y crímenes políticos.
Respecto
a los exiliados, nuestro compromiso es adoptar las medidas pertinentes para
promover el retorno a la patria de todos los chilenos que quieran regresar a
ella, creando a la vez las condiciones para su plena reincorporación a la
comunidad nacional. La tarea no es fácil, pues se deben coordinar muchos
esfuerzos y allegar recursos importantes. Por este motivo, he sometido a
vuestra consideración un proyecto de ley para crear un servicio público
descentralizado de carácter transitorio, con la misión de facilitar la
reinserción de aquellos compatriotas que tuvieron que alejarse de Chile en los
años recientes.
En
cuanto a los presos, tan pronto asumí
Sin
embargo, la mayoría de los presos por delitos con alguna connotación política no
están condenados, sino que tienen, muchos de ellos desde hace largos años, la
calidad de procesados. El estudio de su situación legal nos llevó a concluir
que, más allá de los casos particulares de cada uno, nos encontramos en
presencia de una legislación que creemos errada e injusta, sea por la forma
vaga o arbitraria en que tipifica los delitos, sea por lo excesivo o draconiano
de las penas, sea porque no asegura a los procesados las garantías a que tienen
derecho.
Frente
a estas circunstancias, y luego de concienzudo estudio, sometimos al Congreso
Nacional los proyectos de ley, que penden de vuestra consideración, sobre
abolición de la pena de muerte y reformas a la
Ley de Control
de Armas, a
Se
ha acusado al Gobierno de querer, con estos proyectos, solucionar las
situaciones particulares de determinados presos a través de normas generales
que tendrían graves efectos para el futuro. Rechazo ese cargo como injusto. La
verdad es precisamente lo contrario: queremos para el futuro una legislación
racional y equitativa, y esperamos que, al dictarse nuevas normas generales y
permanentes sobre tan delicadas materias, su aplicación permita resolver con
justicia los casos pendientes.
Ruego
a los Honorables parlamentarios considerar estos proyectos sin prejuicios ni
suposiciones y despacharlos con urgencia. Confío en que, con su aporte y
cooperación, podamos perfeccionar efectivamente nuestro ordenamiento jurídico
al respecto, a fin de que alcance la equidad y eficacia de que actualmente
carece para prevenir y sancionar los delitos a que se refiere.
En
cuanto al delicado asunto de las violaciones a los derechos humanos,
consecuente con mi reiterada afirmación de que la conciencia moral de la nación
exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible
-conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia- y después
venga la hora del perdón, he constituido
Dios
es testigo de que en la decisión sobre su naturaleza, carácter, funciones e
integración agoté los esfuerzos para lograr el mayor consenso, consideré las
más diversas opiniones, no fui objeto -contrariamente a lo que se ha dicho- de
ninguna clase de presiones y decidí lo que en conciencia creo lo mejor para
Chile.
Basta
leer el decreto y sus fundamentos para descartar las suposiciones de que
Se
ha querido examinar ampliamente, a lado y lado.
El
hecho de que se haya referido la tarea de
Por
lo demás, la sola calidad moral y prestigio intelectual, por nadie puesto en
duda, de las personalidades que aceptaron la pesada carga de integrar esa
Comisión -a quienes reitero mi reconocimiento por su patriotismo y generosidad-
es el mejor mentís a las suposiciones y temores que con ligereza se han
formulado, y la mejor garantía para todos.
Reitero
en esta ocasión mi solemne llamado a todos mis compatriotas a desechar
prejuicios y no anticipar suposiciones, sino a esperar con serenidad el trabajo
de
No
debo concluir este capítulo sobre la reconciliación sin precisar algunos
criterios acerca de la violencia y el terrorismo, males cuya acción nefasta
-segando vidas, destruyendo bienes y sembrando inseguridad y temor- enturbia la
vida nacional y obstaculiza la anhelada concordia.
Se
equivocan y son injustos quienes suponen a mi Gobierno debilidad frente a estos
flagelos. Rechazamos por principio toda forma de violencia, venga de quien
viniere y cualesquiera que sean sus pretextos. Condenamos con la mayor energía
las acciones terroristas, que causan víctimas inocentes, ocasionan daños
indiscriminados e infunden pánico a la gente.
Estoy
seguro de que la inmensa mayoría de los chilenos comparte esta repulsa a la
violencia y al terrorismo. Pero muchos, cargados por prejuicios, no aplican la
misma vara para condenarla siempre. Algunos sólo ven la violencia subversiva, y
justifican o nada dicen frente a la violencia represiva. Otros sólo condenan
esta última y legitiman la primera.
Hay,
en esta materia, una especie de maniqueísmo inmoral y dañino. Para unos, todo
crimen es obra de revolucionarios marxistas-leninistas; para otros, quienes los
cometen son siempre aparatos represivos al servicio de intereses reaccionarios.
La experiencia demuestra lo contrario. ¿Fueron acaso los mismos los asesinos
del general Schneider y de Edmundo Pérez? ¿Fueron los mismos los asesinos del
general Prats, de Orlando Letelier, del general Urzúa y del coronel Fontaine?
¿Son los mismos que atentaron contra el general Pinochet, los que mataron a Tucapel
Jiménez, los que intentaron asesinar a Bernardo Leighton o los que atentaron
contra el general Leigh? ¿Son los mismos los que asesinan carabineros y los que
degollaron a Parada, Guerrero y Nattino?
La
experiencia universal demuestra que el asunto es más complejo. Ciertamente, se
requiere de mecanismos policiales eficaces y de una legislación penal adecuada.
Pero si queremos evitar que la violencia de un lado provoque las del otro,
generando una cadena de venganzas recíprocas, debemos hacer un esfuerzo muy
grande y generalizado para descubrir la verdad y hacer justicia, de modo que
nadie tenga pretextos para proceder por sí mismo. Sólo así erradicaremos la
cultura de la muerte.
Yo
hago un llamado al corazón de todos los chilenos, de nuestras mujeres, de
nuestros jóvenes, para que desterremos toda forma de violencia. Recojo la idea
de una gran campaña de formación moral contra la violencia e invito a los
señores parlamentarios a que estudiemos juntos la manera más eficaz de poner
término a este flagelo.
SEGUNDA
TAREA: DEMOCRATIZACIÓN DE
LAS
INSTITUCIONES
Para
construir una democracia sólida y estable necesitamos perfeccionar nuestras
instituciones, de manera de asegurar principalmente lo siguiente:
a.
La plena vigencia, en el territorio nacional, de los derechos humanos para
todas las personas.
b.
La participación de todos los sectores en los distintos aspectos de la vida
colectiva en que tengan interés;
c.
Una administración de justicia eficiente y oportuna;
d.
Una adecuada integración entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil;
e.
Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado, y
f.
Equilibradas relaciones entre los Poderes Públicos para conseguir el perfeccionamiento
del Estado.
Para
atender estas distintas necesidades nos proponemos llevar a cabo, durante mi
Gobierno, las acciones y políticas que paso a reseñar.
a.
Vigencia de Derechos Humanos.
La
base fundamental de toda democracia es el pleno respeto a los derechos
fundamentales de la persona humana.
En
la reforma constitucional aprobada en el plebiscito de julio último se amplió
la norma del artículo 5º que pone como límite al poder del Estado el respeto a
dichos derechos, haciéndose expresa referencia a los consagrados en los
tratados internacionales ratificados por Chile.
Consecuente
con este criterio, y a fin de darle plena aplicación, mi Gobierno someterá
próximamente a la aprobación del Congreso Nacional la ratificación de los
siguientes tratados:
i)
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969;
ii)
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
de 1966;
iii)
Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y
iv)
Constitución de
Asimismo,
propondremos retirar las reservas con las que Chile promulgó, en 1988,
Dentro
de este mismo propósito de asegurar el pleno respeto a todas las libertades y
derechos, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para
eliminar las restricciones a la libertad de expresión.
Dicho
proyecto ha recogido los puntos de vista del Colegio de Periodistas, de
Asimismo,
el Gobierno aspira a avanzar en la creación de la institución del Defensor del
Pueblo, como ente autónomo, sin facultades jurisdiccionales, con capacidad para
representar a cualquier ciudadano afectado en sus derechos por algún acto de
autoridad y ejercer en su nombre las acciones legales correspondientes.
b.
Participación de los distintos sectores en los diversos aspectos de la vida
nacional.
No
hay democracia sin participación.
Con
el fin de hacer efectiva tal participación, el Gobierno ha tomado o se propone
adoptar las siguientes iniciativas:
i)
En el plano de la administración comunal, democratizar los municipios. Para
ello hemos presentado los proyectos de reforma constitucional y de ley
necesarios para materializar la aspiración, ampliamente compartida por el país,
de que los Alcaldes y los Concejales Comunales sean generados por elección
popular. El Alcalde deberá ser el órgano ejecutivo de los Municipios, el
Concejo Comunal, integrado por Concejales o Regidores elegidos por sufragio
universal y mediante un procedimiento de representación proporcional, tendrá
facultades normativas y fiscalizadoras; y los actuales Consejos de Desarrollo
Comunal, de representación vecinal y funcional, adecuadamente perfeccionados,
serán organismos de participación de la comunidad organizada, de carácter consultivo
y asesor;
ii)
En el nivel de la vida vecinal, hemos enviado también al Congreso un proyecto
de ley para perfeccionar el régimen de las Juntas de Vecinos y Organizaciones
Comunitarias, a fin de fortalecer la participación de la comunidad tanto
territorial como funcional;
iii)
En el ámbito de los problemas específicos del mundo femenino, hemos presentado
un proyecto de ley en el cual se propone la creación del Servicio Nacional de
iv)
Respecto de los jóvenes, hemos propuesto la creación del Instituto Nacional de
v)
Finalmente, para propender a una efectiva democratización de la sociedad,
estimo indispensable hacerme cargo de la situación de los pueblos indígenas,
abriendo también respecto de ellos canales de participación. Para tal efecto,
por decreto supremo se ha creado
c.
Administración de justicia eficiente y oportuna.
Aunque
la palabra “crisis” probablemente disguste, nadie puede seriamente desconocer
que la administración de justicia sufre serios problemas, tanto en lo que se
refiere a su expedición -lentitud de los procedimientos, alto costo de los
mismos, atraso en el funcionamiento de los tribunales- como en lo relativo a su
organización e independencia. No parece necesario insistir sobre el fenómeno,
porque al respecto hay amplio consenso en el mundo forense, en los distintos
sectores sociales y en la opinión pública.
El
Gobierno considera necesario abordar este tema, largamente postergado,
proponiendo las reformas que parecen indispensables. Para tal efecto, hemos
designado una Comisión Asesora del Ministerio de Justicia, integrada por
destacados juristas, que se abocará al estudio de una reforma constitucional y
legal del Poder Judicial encaminada a su modernización y a constituirlo en un
auténtico Poder del Estado. Ello implica dotarlo de autonomía económica y
funcional, de manera que pueda cumplir cabalmente con su finalidad de ser
garante del Estado de Derecho, pilar básico de un régimen democrático. Espero
poder enviar el proyecto respectivo antes de fines del presente año.
En
este mismo ámbito de la administración de justicia, el Gobierno está abocado al
estudio y búsqueda de solución a las gravísimas insuficiencias y problemas que
afectan al sistema penitenciario nacional y al Servicio Nacional de Menores. La
solución de esos problemas está condicionada en gran medida por la
insuficiencia de recursos. En todo caso, estamos estudiando las medidas que nos
permitan, a la mayor brevedad, corregir las más graves carencias que afligen a
esos servicios.
d.
Adecuada integración entre Fuerzas Armadas y sociedad civil.
Mi
Gobierno persigue, simultáneamente, dos objetivos principales en el ámbito de
En
este último aspecto, la decisión del Gobierno es mantener, dentro de las
características del país, el más alto pie de eficiencia de nuestras Fuerzas
Armadas, dimensionadas de acuerdo a las necesidades y posibilidades reales de
la nación. Esa eficiencia ha de traducirse en adecuada dotación y un elevado
nivel de entrenamiento y de capacidad defensiva-disuasiva.
Dentro
de este rubro, merece el mayor respaldo nacional el esfuerzo que llevan a cabo
nuestras Instituciones Armadas para desarrollar, con sus propios medios,
tecnologías de importancia vital para el cumplimiento de sus tareas, como en
los casos de ASMAR y de ENAFR, entre otros. Allí se presenta un ejemplo de
capacidad profesional, modernización y aplicación práctica de talento y de
capacidad innovadora. Igualmente, debe destacarse la valiosa cooperación de las
instituciones de
Por
otra parte, pensamos que a las instituciones de
En
lo que respecta a la relación cívico-militar, consecuente con el espíritu de
unidad nacional que inspira a mi Gobierno, nos proponemos hacer todo lo que de
nosotros dependa para alcanzar, en los próximos cuatro años, una real integración
entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.
Bien
sé que no es tarea fácil, porque la distancia entre el mundo civil y el militar
data en Chile desde hace más de medio siglo. Durante decenios, los integrantes
de las Fuerzas Armadas tuvieron motivos para sentirse subestimados. Y durante
los últimos dieciséis años y medio, buena parte de la población civil ha tenido
motivo para sentirse maltratada y humillada.
Las
Fuerzas Armadas deben ser, por su naturaleza, esencialmente apolíticas.
Pertenecen a toda la nación, de la cual han recibido las armas para defender a
la patria; no a un sector ni a determinadas ideologías. Por eso
No
obstante estos principios, aceptados por todos, cuando las Fuerzas Armadas
asumen el Gobierno tienden naturalmente a identificarse con “su Gobierno”, lo
que las lleva, de manera inevitable, a asumir posiciones políticas, tanto más
cuanto mayor sea la participación de sus miembros en funciones de Gobierno. Y
como estas posiciones chocan con las de quienes discrepan de ese Gobierno,
tienden a considerar y tratar como “enemigos” a los opositores. Estos, a su
vez, responsabilizan a las Fuerzas Armadas en conjunto de todo lo que el
Gobierno hace.
Esto
es -como todos sabemos- lo que ha ocurrido en Chile, y ahora, cuando por
decisión libre del pueblo y con la cooperación de las propias Fuerzas Armadas,
hemos vuelto a la democracia, unos y otros debemos ser capaces de superar los
traumas del pasado. En las elecciones del 14 de diciembre no fueron
“derrotadas” las Fuerzas Armadas, ni quienes triunfamos somos sus “enemigos”.
Fuimos, es cierto, “opositores al Gobierno anterior”, lo que es cosa muy
distinta de ser “enemigos de las Fuerzas Armadas”.
Yo
invito a todos mis compatriotas, civiles y militares, a meditar lo que dejo
dicho. Puesto que somos seres racionales, debemos ser capaces de superar
prejuicios y pasiones, disipar errores y reencontrarnos en la verdad. Por mucho
que las Fuerzas Armadas hayan sido el principal sustento del Régimen anterior,
una cosa fue el Gobierno y otra las Fuerzas Armadas. Consiguientemente, las
responsabilidades “de ese Gobierno” no son de “las Fuerzas Armadas”, salvo las
personales de quienes hayan participado en los hechos que las motivan.
Hay
quienes quieren eludir sus responsabilidades políticas cubriéndose bajo el
manto de las Fuerzas Armadas. Criticar cualquier conducta del Gobierno anterior
y sus funcionarios sería “ofender” a las Fuerzas Armadas. ¡Eso es falso!
Quien
gobierna está naturalmente expuesto a la crítica de sus conciudadanos. Es el
riesgo inherente a la función pública. Quien administra la “cosa pública”, que
interesa a todos, tiene que admitir el derecho de todos a opinar sobre el
particular. A mí ya me están criticando. No me quejo. Tengo la convicción de
estar haciendo lo posible por cumplir bien mis deberes de gobernante. Creo que
la gran mayoría del país me comprende y me respalda.
Inspirado
en estos criterios, mi Gobierno busca y espera lograr la anhelada integración
entre las Fuerzas Armadas y la civilidad, sobre la base del respeto mutuo y del
estricto cumplimiento de las normas constitucionales que a unos y a otros nos
rigen.
La
política de Defensa debe ser formulada y realizada con sentido nacional y no
partidista. Puede el país estar seguro de que así procederá el Gobierno, y
llamo a todos los sectores para que actúen de igual manera.
Del
mismo modo, espero que las Instituciones Armadas y sus mandos desempeñarán sus
funciones por los cauces estrictamente constitucionales, con absoluta
prescindencia de toda consideración de orden político, en su calidad de cuerpos
“obedientes y no deliberantes”, subordinados al Presidente de
Actuando
unos y otros de este modo, no sólo cumpliremos lo que la nación nos exige, sino
que también crearemos el clima indispensable para que el pueblo de Chile y sus
Fuerzas Armadas se reencuentren en la senda de patriotismo y lealtad que nos
trazaron nuestros héroes, el general O’Higgins y el capitán Prat.
e.
Mecanismos eficientes y justos de seguridad del Estado.
Son
tarea esencial e ineludible de todo Gobierno la defensa de la seguridad
interior y el resguardo del orden público. Mi Gobierno asume plenamente su
responsabilidad en la materia, sobre la base de que ésta es una tarea que debe
comprometer al conjunto de la sociedad y de las instituciones del Estado, y muy
especialmente a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En
esta materia, hemos heredado una situación conflictiva, caracterizada por
hechos de violencia y acciones terroristas que desde hace varios años se vienen
produciendo con frecuencia.
Aunque,
como lo dijimos anteriormente, la enorme mayoría del país repudia esos
procedimientos, su origen se encuentra, por una parte, en concepciones
ideológicas extremistas, de distintos signos, que preconizan la vía armada como
método de acción política -en franco retroceso hoy en Chile y en el mundo-, y
por otra parte, en la secuela dejada por anteriores hechos de violencia y
actuaciones represivas que se tradujeron en graves violaciones de derechos
humanos y que jamás se han esclarecido.
Aunque
no se trate de una situación generalizada, como ciertos sectores se empeñan en
hacerlo creer, sino más bien de hechos aislados y de grupos muy minoritarios,
el Gobierno tiene la firme decisión de emplear todos los medios legítimos a su
alcance para combatirlos.
Respetuosos
de los derechos de las personas y de las normas de la institucionalidad
democrática, creemos que al terrorismo y al violentismo se les combate y
derrota en democracia por los métodos legales, tal como lo hacen con éxito casi
todos los Estados democráticos del mundo.
Conforme
a
El
Gobierno no es partidario -como algunos proponen- de recrear para ese fin
servicios especiales, que
Quiero
ser muy claro a este respecto: rechazamos la existencia de grupos de
inteligencia armados o de policías secretas con facultades omnímodas; estos son
métodos incompatibles con la democracia.
Pensamos
en cambio que, aparte de crear una conciencia nacional en la materia, que lleve
a toda la ciudadanía a rechazar el violentismo y a cooperar para su extinción,
y de tratar de eliminar algunas causas que suelen originarlo, esclareciendo la
verdad y procurando hacer justicia respecto de crímenes impunes, es necesario
robustecer la capacidad de acción de los organismos competentes, especialmente
de Carabineros y de Investigaciones, coordinando su actuación y dotándolos de
medios para que cumplan eficazmente sus funciones.
En
este sentido, hemos otorgado recientemente a Carabineros de Chile un
complemento presupuestario que le permita completar este año su proyecto de
aumento de mil plazas, y seguiremos buscando la manera de dotarlo de los
recursos humanos y materiales que necesita.
Por
otra parte, hemos adoptado las medidas que permitan a Carabineros e
Investigaciones reasumir funciones que naturalmente les corresponden y que en
el pasado inmediato fueron ejecutadas por otros organismos.
f.
Perfeccionamiento del Estado.
Siempre
en el propósito de perfeccionar nuestro sistema democrático, creemos necesario,
en sucesivas etapas, abordar ciertas reformas constitucionales o legales que
mejoren la representatividad y la eficacia de algunas instituciones del Estado,
actuando sobre la base de los consensos ya expresados o de los que en el futuro
se vayan produciendo.
Aparte
de los proyectos a que ya me he referido, nos parece necesario elevar el nivel
de responsabilidad política y administrativa de los servicios preocupados de la
actividad global del Gobierno. Es lo que pretenden los proyectos de ley que he
sometido a vuestra consideración y que transforman en Ministerio a ODEPLAN y a
La
complejidad que adquiere en la actualidad el ejercicio de la función
gubernamental exige elevar los niveles de coordinación en el Gobierno para
hacer posible la necesaria complementación interministerial en el desarrollo de
las políticas públicas. Esta necesidad de coordinación es impuesta tanto por el
carácter multidimensional que adquieren las materias de Gobierno como por la
necesidad de ahorrar al país el máximo de recursos, tanto humanos como
materiales, a través de una gestión estatal ágil y eficiente.
Todas
estas reformas de carácter administrativo, incluyendo las que puedan ser
indispensables para superar algunas rigideces que obstaculizan la eficacia de
la acción gubernativa, se abordarán preferentemente en la primera etapa de mi
Gobierno y se harán evitando duplicaciones y gastos superfluos, con pleno
respeto a la carrera funcionaria, rechazando cualquier pretensión de
reorganizaciones globales de
Simultáneamente,
el Gobierno estudia la conveniencia y oportunidad de someter al Honorable
Congreso Nacional algunos proyectos de reforma constitucional o de leyes que
aborden materias sobre las cuales existe, se ha expresado o se llegue a
producir un grado importante de consenso ciudadano. Tal es el caso del sistema
electoral, la composición del Tribunal Constitucional, el régimen de los
partidos políticos, el Consejo Nacional de Televisión, la dependencia de
Carabineros e Investigaciones, y otros que responden a aspiraciones expresadas
en las Bases Programáticas de
En
cuanto a los planteamientos que se han formulado respecto de cambios más
substanciales en el régimen político, pienso que el asunto es de tanta
importancia que exige el logro de un consenso ampliamente mayoritario al
respecto. Se trata de un tema que es necesario abordar, desde ahora y con la
mayor seriedad, en seminarios de especialistas, en institutos de estudio, por
los partidos políticos y por los medios de comunicación. De ese modo la opinión
pública se podrá formar conceptos claros y definidos, lo que asegura que las
decisiones que en su oportunidad se adopten sobre tan trascendental materia
estén debidamente maduradas.
TERCERA
TAREA: HACIA UNA SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA
En
los últimos años, Chile ha experimentado un crecimiento económico y
modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin
embargo, esta situación positiva coexiste con la presencia de desigualdades muy
profundas. Si ellas persisten sin un pronto y efectivo avance para superarlas,
corremos el riesgo de consolidar dos países distintos y antagónicos: uno, el
Chile de los que tienen acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento;
y otro, el de los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna,
convertidos en carga para la sociedad.
Es
evidente que, para superar esa dualidad, la llamada política del “derrame” no
constituye un camino viable ni eficaz. Que el crecimiento por sí mismo mejore
la situación de los más destituidos puede tardar varias décadas. Y, como nos
dijo Su Santidad Juan Pablo II, “Los pobres no pueden esperar”.
Chile
necesita una acción positiva del Estado para progresar hacia la justicia.
Un
imperativo moral exige avanzar hacia un Chile donde exista cada vez mayor
justicia social. Tenemos un compromiso solemne de hacerlo. Nuestras acciones durante
estos meses son testimonio de ese compromiso, y no cejaremos en esta
preocupación permanente por nuestros compatriotas socialmente postergados.
Avanzar
hacia una mayor equidad es también una condición de la estabilidad política y
económica del país. Una sociedad atravesada por desigualdades socioeconómicas
inaceptables para el sentimiento moral contemporáneo es el mejor sustrato para
la exacerbación del conflicto político y su desenlace: el quiebre institucional
y la opresión política consiguiente.
Donde
la injusticia social prevalece, no hay paz laboral ni confianza; empresarios y
trabajadores se convierten en enemigos, con el consiguiente resultado de
inestabilidad y estancamiento económico.
No
podemos avanzar en el camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino
de la justicia social. Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina,
perseverancia, paciencia, voluntad de emprender y unidad, lo que sólo puede
conseguirse en un clima de equidad en que todos se sientan partícipes, no sólo
en el esfuerzo, sino también en los frutos del crecimiento.
Avanzar
en el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en
el esfuerzo del desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de
tantos chilenos, equivalen a un desperdicio de energías, talentos y capacidades
potenciales.
Avanzar
hacia una mayor equidad equivale a invertir en las personas, en el capital
humano de nuestra patria. La justicia social nos beneficia a todos, no sólo a
nuestros compatriotas socialmente destituidos o marginados.
Inspirados
en estos principios, y procediendo con criterios realistas, hemos definido los
objetivos concretos que nos proponemos cumplir durante los próximos doce meses
en los diversos sectores sociales, para avanzar eficazmente hacia la equidad a
que aspiramos.
a.
Política Laboral.
En
el ámbito de las relaciones laborales, nos guía un criterio básico: lograr los
mayores acuerdos posibles con el sector sindical y el sector empresarial, a fin
de concordar permanentemente las orientaciones fundamentales relativas a
cambios en la legislación laboral. Las experiencias pasadas indican que una
sociedad y una economía en la que constantemente se están enfrentando grupos
antagónicos no es eficiente ni viable. Es necesario aumentar los niveles de
cooperación entre los diversos intereses involucrados.
El
primer resultado de esta política ha sido el Acuerdo Marco entre
El
Acuerdo Marco refleja concretamente la voluntad que tienen las partes firmantes
de transitar por un camino de diálogo y participación antes que por uno de
confrontación y enfrentamiento. Lo anterior no significa que unos y otros
renuncien a sus legítimas reivindicaciones y puntos de vista, ni tampoco a su
autonomía, independencia y funciones propias.
Pero
sí establece que, conjuntamente con la defensa de sus aspiraciones específicas,
es el interés de Chile, de la nación entera, lo que todos ponen como prioridad
fundamental.
Este
Acuerdo simboliza el clima de entendimiento que prevalece en el país y permite
augurar con optimismo el futuro de las relaciones laborales en nuestra patria.
En efecto, trabajadores, empresarios y Gobierno concuerdan en que Chile tiene
hoy, como nunca antes, una oportunidad histórica de conjugar democracia
política con desarrollo económico y con justicia social. Estos tres elementos,
que estuvieron a menudo disociados, ya sea porque se dio más importancia a uno
que a los otros, ya sea porque se creyó que era posible progresar en unos sin
consideración de los otros, ahora son reconocidos por todos como factores que
se necesitan recíprocamente y que deben ser perseguidos en conjunto. Esta
comprensión revela que están en retirada los viejos ideologismos que hacían ver
como adversarios a los sectores sociales con intereses específicos, en
vez de considerarlos actores con capacidad de lograr acuerdos para progresar en
común.
A
partir del Acuerdo Marco, se han identificado un conjunto de materias en las
que se hace indispensable introducir cambios para perfeccionar la legislación
laboral.
Para
progresar hacia relaciones laborales modernas y equitativas, se requiere, en
primer lugar, de organizaciones sindicales vigorosas. Para ello, entre otras
medidas en estudio, creemos justo y realista reconocer la personalidad jurídica
de las Centrales Nacionales de Trabajadores, mejorar el financiamiento de los
sindicatos y perfeccionar la regulación de fueros y licencias sindicales.
En
materia de contratos colectivos, creemos justo ampliar la posibilidad de
negociación colectiva al mayor número de trabajadores. Para ello deberá
ampliarse la capacidad de negociación a las federaciones y confederaciones,
además de los sindicatos de base, según la voluntad de las partes y protegiendo
en todo caso la soberanía de la empresa como el lugar donde deben tomarse las
decisiones fundamentales.
En
materia de contrato individual de trabajo, también es necesario perfeccionar el
sistema, especialmente en lo relativo al régimen de terminación del contrato.
Alcanzar
una sociedad más equitativa exige una preocupación primordial por la situación
laboral de las mujeres. Están en estudio las iniciativas necesarias para
mejorarla y para poner término a la prácticas discriminatorias que la mujer
suele sufrir en su vida de trabajo.
En
un ámbito más específico, es necesario legislar sobre aspectos del trabajo
campesino, su régimen sindical y la negociación colectiva. Esta tarea exige
conciliar los requerimientos de la justicia social con las exigencias
ineludibles de la producción agrícola y los superiores intereses del país.
Especial atención deben merecer los regímenes de trabajo de temporada y de
contratos a plazo fijo, las normas relativas a la jornada de trabajo, los
sistemas de subcontratación y la regulación de otras situaciones sectoriales
que pudieran no estar cubiertas por las normas generales.
Del
mismo modo, con el propósito de perfeccionar en lo posible las relaciones
laborales en el ámbito del sector público, especialmente en lo que respecta a
la participación de las agrupaciones de funcionarios, se ha constituido una
Comisión Conjunta con representantes de
En
conformidad al referido Acuerdo Marco, se ha elevado el salario mínimo a 26 mil
pesos. En materia previsional, se ha decidido incrementar las pensiones mínimas
y asistenciales en un 10,6 por ciento adicional, al momento que corresponda el
próximo reajuste de pensiones, lo que beneficiará a tres cuartas partes de los
pensionados de Chile. Asimismo, propondremos complementar las asignaciones
familiares de los trabajadores que ganan menos de 70 mil pesos y elevar el
subsidio único familiar a 1.100 pesos. Dichos complementos e incrementos se
otorgarán desde el momento en que entre en vigencia
Todas
estas materias están siendo estudiadas con participación de los sectores
involucrados, y sobre ellas el Gobierno ha presentado o presentará próximamente
al Honorable Congreso los correspondientes proyectos de ley.
Sin
embargo, la mejor legislación laboral es letra muerte o inútil si no se cumple.
Conscientes de los serios déficits existentes en esta materia, reforzaremos la
función propia del Estado de fiscalizar la legislación laboral en todos sus
aspectos, y muy especialmente en lo relativo a la seguridad en el trabajo.
Devolveremos a
Al
mismo tiempo, se ha iniciado el diseño de un sistema de Información y
Orientación Ocupacional sobre oferta y demanda de trabajo que sea útil al
sistema de Capacitación Profesional y Educación Técnica. También se han
evaluado medidas de orden legal para la creación y el fomento de organismos
técnicos intermedios que integren a las pequeñas empresas y al sector informal.
En
todas estas materias, tanto en el ámbito de las iniciativas legislativas como
en los diversos aspectos de la política laboral, queremos conocer la opinión de
los sectores directamente interesados, en especial de las organizaciones
sindicales, a fin de promover su participación. Queremos radicar la iniciativa
de las relaciones laborales donde corresponde, en empresarios y trabajadores, y
no en el Gobierno, ni en una sola de las partes, ya sea la empresarial o la
laboral. Por ello, las propuestas pretenden que empresarios y trabajadores adquieran
cada vez mayor autonomía en sus relaciones y que los mayores progresos en las
relaciones laborales sean precisamente fruto de esa bilateralidad. El criterio
que inspira los cambios legales no es crear una abigarrada legislación que
interfiera en cada uno de los aspectos del vínculo laboral. Al contrario,
queremos obtener una legislación del trabajo general, que reconozca
capacidades, derechos y resguardos para que trabajadores y empresarios, en
condiciones equitativas en cuanto a poder de negociación, concuerden entre
ellos los mecanismos apropiados a sus realidades.
b.
Política de Salud.
Avanzar
hacia una sociedad equitativa exige progresar en hacer efectivo el derecho a la
salud de todo chileno. Corresponde al Estado garantizar a todos el acceso a una
atención digna, oportuna y eficiente, y cautelar la existencia de condiciones
que mejoren la calidad de vida de la población.
El
Gobierno se enfrente a una situación profundamente negativa en materia de
salud, particularmente en los grupos sociales más desposeídos.
En
las comunas pobres, los indicadores de salud como desnutrición, mortalidad
infantil y población en riesgo biomédico están muy por debajo de los promedios
nacionales.
Por
otra parte, el retraso tecnológico, la insuficiencia de recursos humanos y
financieros y la falta de renovación de la planta física han afectado muy
negativamente la capacidad de respuesta del sector público a las demandas por
atención en los niveles secundario y terciario. El nivel primario, traspasado a
los municipios, presenta un desfinanciamiento cercano al 50 por ciento; carece
de supervisión técnica por parte del Ministerio de Salud, y posee baja
capacidad resolutiva. El resultado es una creciente demanda insatisfecha debido
a los rechazos y demoras en la atención.
En
el caso de los trabajadores, su horario de actividades les limita el acceso a
la atención de salud, y no hay programas específicos para la prevención y
disminución de los riesgos ocupacionales.
Por
último, en el sector de libre elección, el costo para el usuario ha aumentado,
en razón del incremento del arancel de las prestaciones, la disminución del
monto máximo de los préstamos médicos y el hecho de que más del 60 por ciento
de los profesionales atienden en el nivel más caro.
Este
grave deterioro es el resultado de una política que, respondiendo a criterios
más ideológicos que realistas, ha privilegiado desproporcionadamente el
desarrollo del sector privado en desmedro del área pública. Esto se refleja en
la disminución, entre 1974 y 1989, del gasto fiscal por habitante en un 43 por
ciento; el aporte fiscal a salud disminuyó de un 7,2 por ciento a un 3,5 por
ciento del gasto total del Fisco. Por último, la inversión real en salud
respecto al gasto público total bajó de un 9,7 por ciento a un 5,7 por ciento.
Resultado
de esta política es el gravísimo deterioro existente en el nivel de conserva de
edificios, equipos y vehículos en el área de la salud. De las 703 ambulancias
existentes en el sector público, un 53 por ciento está en mal estado o fuera de
servicio. En los equipos de lavandería de los hospitales, el 90 por ciento de
las lavadoras y centrífugas están deterioradas, y en cuanto a las centrales
térmicas, el 40 por ciento de las calderas están paralizadas. A ello debe
agregarse una política de personal caracterizada por la insuficiencia de las
dotaciones, la inexistencia de carrera funcionaria para los profesionales del
sector, la falta de oportunidades de perfeccionamiento y, consiguientemente, la
fuga de personal calificado del sector público al privado en busca de mejores
remuneraciones y condiciones de trabajo.
Para
avanzar hacia la equidad, haciendo progresivamente más efectivo el derecho a la
salud, nos hemos propuesto varias metas concretas.
Primero,
buscamos mejorar el acceso a la salud en el nivel primario de atención. Ello lo
haremos eliminando el cobro directo a los beneficiarios, aumentando los
recursos humanos y gastos de farmacia en 60 consultorios, creando un tercer
turno de personal en 44 consultorios, organizando a los Servicios de Atención
Primaria de Urgencia en 12 consultorios, poniendo en funcionamiento 15 unidades
móviles y reforzando la atención primaria en 100 comunas rurales seleccionadas.
Esto, en el presente año.
En
segundo término, queremos superar la crisis hospitalaria que vivimos. En lo
inmediato, se va a dotar a los hospitales de recursos adicionales para mejorar
la situación en farmacia, ropería, mantención de edificios, equipos y dotación
de medios de transporte. A la vez, se han iniciado estudios destinados a
concretar el plan de inversiones para el período 1991-1993,
a reestructurar
la planta de personal del Servicio Nacional de Salud y a que su financiamiento
sea considerado en la formulación del presupuesto de 1991.
En
tercer lugar, impulsaremos la prevención y la protección de la salud. Con tal
fin se fortalecerá el programa de inmunizaciones y se incentivará la
capacitación del personal en áreas específicas de prevención y protección.
Especial atención merece a este Gobierno la protección de la salud de los
trabajadores y de las mujeres, particularmente en lo que atañe a la legislación
de medicina preventiva.
Un
elemento muy importante en las tareas de prevención es avanzar en la cobertura
de los servicios de agua potable y alcantarillado. Por una parte, en el sector
de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que,
financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos
mediante un esquema adecuado de subsidios. Por otra parte, vamos a impulsar los
programas rurales de agua potable y el aumento de nuevas fuentes que
proporcionen seguridad en la cobertura actual y futura.
En
materia de alcantarillado, estamos evaluando soluciones de saneamiento que sean
consistentes con la realidad nacional. Un ejemplo es el programa de saneamiento
del Gran Valparaíso, cuyas fases de estudio y programación han terminado. Entre
otras cosas, ello significa que en el mediano plazo las playas del litoral
central se encontrarán limpias y abiertas para el desarrollo regional.
Es
evidente que la negativa situación en el área de la salud requiere de un sector
público mucho más robusto del que disponemos. Es necesario fortalecer la
capacidad institucional del sector, y para ello se ha iniciado el proceso que
llevará a la formulación de un Plan Nacional Estratégico de Salud. Igualmente,
estamos estudiando la creación de un Consejo Consultivo Nacional para el sector.
Uno
de los problemas más graves que afectan la salud de todos los chilenos es el de
la contaminación ambiental. Adicionalmente, es un problema que nos puede traer
serias repercusiones económicas, al tener como efecto que productos chilenos no
puedan ingresar a mercados extranjeros por estar contaminados. En el caso de
Santiago, se ha creado una Comisión Especial Interministerial, que ya ha puesto
en práctica un conjunto de medidas inmediatas y estudia un plan de mediano
plazo para abordar el problema de manera integral.
c.
Política de Vivienda.
Tal
como sucede con la salud, en materia de vivienda nos encontramos con una
situación altamente negativa, a partir de la cual debemos desarrollar esfuerzos
para progresar en el camino de la equidad.
No
sólo padecemos un enorme déficit habitacional. A la vez, heredamos para el
presente año una situación presupuestaria regresiva respecto de años
anteriores. El gasto global neto y los recursos para financiar la inversión del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se consideran en el presupuesto de este
año son inferiores en más de un 7 por ciento a los niveles reales observados en
promedio durante los dos años anteriores. Adicionalmente, si se quiere mantener
el mismo nivel de gasto real de 1989 en el subsidio indirecto que ese
Ministerio realiza en la venta de letras hipotecarias, la disponibilidad de
recursos implicaría este año un déficit que se estima superior a los 3 mil
millones de pesos.
Otra
limitación para el desarrollo de programas habitacionales reside en la des
capitalización y pérdida de reservas de suelo urbano, como resultado de la
enajenación de activos disponibles realizada durante
Además
del déficit de viviendas, es necesario subrayar que nuestras ciudades han
crecido inorgánicamente. Por esto, hoy se carece de equipamiento comunitario y
social en muchas poblaciones, especialmente en las de sectores de menores
recursos.
Para
avanzar en la solución del problema de vivienda en el mediano plazo, se ha
elaborado un Plan Nacional de Vivienda, el cual consulta un aumento importante
de las soluciones habitacionales. De este modo se tiene previsto alcanzar un
ritmo de absorción del déficit heredado que permita, al cabo de cuatro años,
sentar bases sólidas para su progresiva superación.
El
plan se propone elevar la inversión pública en vivienda desde el 1,2 por ciento
del producto geográfico bruto en 1990, hasta llegar al nivel que existía al
comienzo del pasado Gobierno. Lograr esa meta implica aumentar
significativamente el número de soluciones habitacionales entre 1990 y 1994,
esfuerzo que exige incrementar la capacidad constructora, la inversión en
vivienda, la organización social y la creatividad de los beneficiados.
En
el presente año, atendidas las restricciones existentes, hemos asignado
prioridad a las necesidades de los sectores de menores ingresos y extrema
pobreza. Esas necesidades se atenderán mediante el Programa de Emergencia, para
cuyo desarrollo será indispensable obtener recursos adicionales.
Las
restricciones de recursos y la urgencia que afecta a los sectores de menores
ingresos y en extrema pobreza han llevado a privilegiar, dentro de ese Programa
de Emergencia, la amplitud de la cobertura por sobre el carácter más definitivo
de la solución. En una primera etapa se entregarán soluciones iniciales
mínimas, garantizando su urbanización y equipamiento comunitario básico. En el
segundo y tercer año, con la participación del beneficiario y la colaboración
técnica y financiera del Estado, se progresará hacia soluciones definitivas.
El
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio del Interior,
han reactivado el programa de Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios,
con el objeto de duplicar las soluciones que estaban previstas para 1990. Ello
permitirá entregar 15 mil nuevos lotes, distribuidos en todas las regiones.
Esta acción está especialmente dirigida a la atención de allegados, que
componen el 20 por ciento de las familias de menores ingresos.
Tiene
especial relevancia en la atención de las necesidades de vivienda y urbanismo
de los más postergados el conjunto de actividades vinculadas al Ministerio del
Interior, que se desarrollan a partir del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. En la distribución del Fondo se ha establecido, como un criterio
principal para la asignación de prioridades, el nivel de carencias sociales
básicas. Igualmente, estamos modificando la capacidad redistributiva del Fondo
Común Municipal en beneficio de las comunas cuya población presenta mayores
niveles de pobreza.
En
materia de subsidio habitacional se estudia la modificación del Reglamento
pertinente con el fin de asegurar tres objetivos: primero, que las personas
participen organizadamente en el mercado de la vivienda a través de
cooperativas y organizaciones vecinales; segundo, obtener una mejor
distribución regional de recursos para enfrentar el déficit habitacional; y
tercero, que los subsidios lleguen mayoritariamente a las familias más pobres:
hasta ahora, en efecto, por la vía de subsidios implícitos u ocultos, se ha
estado privilegiando a familias de mayores ingresos.
El
Plan Nacional de Vivienda se complementa con el desarrollo de acciones de
mejoramiento urbano y de dotación de obras de equipamiento y de servicio. En
este esfuerzo, la orientación y acción del Estado deberá complementarse con las
iniciativas de las municipalidades y con la participación activa de la
comunidad organizada. Se trata de alcanzar una gran movilización de recursos,
iniciativas, solidaridad y buena voluntad para dignificar el nivel habitacional
y poblacional de los chilenos de escasos recursos.
Junto
con eso, el Gobierno se propone mantener y perfeccionar los mecanismos que
faciliten la satisfacción de las necesidades habitacionales a los sectores
medios y abordar con criterio realista el grave problema del crecimiento
desmedido y anárquico de las ciudades, a fin de lograr una utilización más
eficiente y económica de las áreas urbanas.
d.
Política Educacional.
El
proceso de democratización y modernización de la sociedad chilena y el pago de
la deuda social contraída con los más pobres hacen de la educación uno de los
objetivos prioritarios de este Gobierno. No habrá una sociedad democrática y
moderna en Chile si desde ahora no formamos y preparamos para ello a las nuevas
generaciones, y si no damos las mismas oportunidades de acceso a una educación
de calidad a todos nuestros niños y jóvenes, los hoy privilegiados y los hoy
desposeídos. Ambos compartirán el Chile del siglo XXI y aportarán positivamente
al desarrollo del país si reciben una educación que les permita comprender y
participar en la sociedad moderna y democrática.
La
situación que heredamos en materia educacional presenta problemas en cuanto a
la calidad de la enseñanza, la alta desigualdad existente entre los distintos
tipos de establecimientos y su fuerte fragmentación. A ello hay que agregar
otros tres elementos que agravan su crisis.
En
primer lugar, la disminución de recursos estatales. Mientras en 1970 el sector
educación gastaba el 4,2 por ciento del producto geográfico bruto, en 1988
había reducido su participación al 2,7 por ciento. La administración municipal
de los establecimientos presenta un déficit de arrastre de 7 mil millones de
pesos, cifra semejante al déficit en el sector de las universidades, debido
este último al problema de cobro del crédito fiscal y a necesidades de
desarrollo institucional. La asistencialidad a los estudiantes ha sido
dramáticamente reducida. En 1973,
En
segundo lugar, la “municipalización” de escuelas y liceos no ha dado los frutos
que se anunciaron en su origen. La calidad de la educación en los
establecimientos municipalizados no es superior a la de los establecimientos
privados subvencionados. Las comunidades no participaron en la gestión
educativa, la cual en muchos casos ha tenido un carácter concentrador y a
menudo poco transparente y arbitrario. Los docentes han visto deterioradas sus
condiciones de empleo y han estado sujetos a una situación de inestabilidad y
subordinación que afecta fuertemente la calidad de su desempeño profesional.
En
tercer lugar, las condiciones en que se ejerce la función docente han sufrido
un grave deterioro en todos los niveles, incluida la educación superior, lo
cual afecta negativamente su desempeño y rendimiento.
Las
consecuencias de todo lo anterior se traducen en notorias fallas en los
diversos niveles del sistema. En la educación prebásica hay fallas de
cobertura, de organización institucional y de funcionamiento. En 1989, por
ejemplo, sólo un niño de cada cinco recibió atención preescolar.
En
la educación básica hay graves problemas de calidad. Según pruebas que se han
estado aplicando, los alumnos de cuarto año de educación básica aprenden algo
menos de la mitad de lo que se espera de ellos, y los alumnos inscritos en escuelas
gratuitas, provenientes de familias de bajos ingresos, aprenden sensiblemente
menos que los inscritos en escuelas pagadas.
En
la educación media se presentan los mismos problemas de calidad e inequidad,
agravados por la gran desorientación existente en cuanto a los fines que ella
debe cumplir. La educación media, hoy por hoy, no prepara adecuadamente para el
trabajo ni para la educación superior, y tampoco da al estudiante los
instrumentos necesarios para comprender, participar e interpretar la sociedad
en que vive.
La
educación superior presenta déficit de cobertura y una acentuada
descoordinación y fragmentación institucional. Hoy, la cobertura del sistema
universitario en relación a la población entre 20 y 24 años es inferior a la de
1973.
Frente
a esta situación, buscaremos hacer efectivo el derecho y la oportunidad de los
chilenos a una buena educación en todos los niveles, reafirmando los principios
de la libertad de enseñanza y de un papel activo y responsable del Estado en
las tareas educacionales.
En
el nivel de la educación prebásica, esperamos ampliar la cobertura de la
educación formal y de la no convencional, estimulando la participación activa
de la comunidad. A la vez, procuraremos mejorar la calidad del sector
actualmente cubierto a través de programas de perfeccionamiento y capacitación.
Ese conjunto de acciones está siendo evaluado y coordinado por una Comisión
Interdisciplinaria e Interinstitucional bajo la tuición del Ministerio de
Educación.
Para
el nivel de educación básica, se ha iniciado un programa de mejoramiento que se
extenderá durante todo el período de este Gobierno y que en el presente año
beneficiará a los novecientos establecimientos de más bajo rendimiento del país.
En
relación a la educación media, se lleva a cabo un proceso de investigación,
experimentación, innovación y evaluación que permitirá generar, previa una
amplia discusión nacional, el consenso necesario sobre las orientaciones y
fines de este nivel, tanto en lo que se refiere a la formación para el trabajo
como a la preparación para la educación superior.
Con
respecto a la educación para el trabajo, se está diseñando un programa de
capacitación y formación profesional en la empresa, que involucra al Ministerio
de Educación, al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y al futuro
Instituto Nacional de
Conscientes
del deterioro padecido por la profesión docente, estamos estudiando, con la
anuencia del Colegio de Profesores, un Estatuto de
En
cuanto a la gestión del sistema, se mantendrá el rol central del municipio,
pero se rectificará su actual dependencia de la exclusiva voluntad de los
alcaldes, asignando al Ministerio de Educación la función de supervisar y
apoyar el proceso educativo y, sobre todo, de velar por su equidad. Nuestro
objetivo es consolidar una institucionalidad que combine los principios de
descentralización, participación de los profesores y de la comunidad, respeto a
las diversidades culturales y regionales, y eficiencia administrativa.
En
armonía con la meta de lograr una mayor equidad, el Gobierno mantendrá el
sistema de subvenciones a la educación gratuita. A la vez, procurará incentivar
la participación de la comunidad en este propósito. También estudiará las
distorsiones que existen en el uso de los fondos públicos destinados a
apoyarla, para adoptar las medidas que las corrijan.
Estamos
conscientes de que la educación superior es crucial en el desarrollo del país.
Sin embargo, tras las políticas aplicadas durante los últimos años, el sistema
de educación superior, particularmente el universitario, padece hoy serios
problemas de gobierno, coordinación y financiamiento. Por ello, respetando el
principio de autonomía universitaria, el Gobierno ha creado una Comisión de Estudios,
de composición pluralista y de alto nivel académico, que dentro de seis meses
deberá hacer proposiciones para una legislación general de mediano y largo
plazo que regule el sistema de educación superior.
En
el plano del desarrollo científico, el actual nivel de las ciencias en Chile es
sólo producto del esfuerzo personal aislado de los investigadores de
universidades y centros privados. Al país le ha faltado lo que ha sido un
factor decisivo en el desarrollo científico en otras naciones: una política
nacional y un compromiso gubernativo claro con el avance de las ciencias.
Estamos empeñados en la formulación de esa política, de modo de estimular la
investigación, revitalizando el Consejo Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, e implementando gradualmente los recursos para la actividad
científica a través del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico y de los
presupuestos universitarios. El apoyo a la investigación en universidades y
centros privados, el cultivo de las ciencias a lo largo del país y la formación
de personal en áreas prioritarias y áreas retrasadas nos pondrán en el camino
de un auténtico desarrollo científico.
En
el ámbito de la cultura, respetando la autonomía de sus diversas expresiones,
creemos necesario incentivar la creatividad en sus múltiples manifestaciones y
promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios de
carácter cultural. Con tales fines, hemos iniciado un esfuerzo de coordinación
para generar una política cultural que, junto con fortalecer la comunidad de
los creadores artísticos e intelectuales y canalizar sus aspiraciones,
favorezca el desarrollo de la cultura popular y el acceso de las grandes
mayorías a estos bienes y servicios.
e.
Política frente a la pobreza.
Es
imposible avanzar hacia una sociedad más equitativa si no se superan en medida
importante las situaciones de pobreza que padecen tantos compatriotas. Los
últimos dieciséis años han significado un serio retroceso en la situación de
los más pobres. En cada recesión, los sectores de menores ingresos sufrieron la
desocupación y la caída de sus remuneraciones, como asimismo los efectos de un
drástico deterioro en el apoyo estatal a los programas sociales. En la fase de
recuperación iniciada en 1984, la mejoría de estas situaciones no fue
prioritaria para el anterior Gobierno, expresión de lo cual es el deprimido
nivel del gasto social durante ese período. En 1988, el gasto social público
por habitante era un 13 por ciento inferior al alcanzado en 1970.
Esta
insuficiencia global es lo que ha motivado nuestra crítica. Sin perjuicio de
ella, reconocemos los progresos técnicos alcanzados en la operación de
programas específicos.
Nuestra
política social está orientada por el principio de que superar la pobreza no se
reduce a mejorar los ingresos de los más pobres. Es necesario crear las
condiciones para que las personas en esa situación puedan superar las causas
que la genera, mejorando sus oportunidades y capacidades para participar
activamente en el desarrollo nacional.
En
armonía con ese principio, el proyecto de ley que crea el Ministerio de
Planificación Nacional le asigna como una de sus funciones básicas la
coordinación de las políticas y actividades destinadas a superar la pobreza.
Dentro de un marco de severa escasez de recursos, el desempeño de esa función
no sólo permitirá aumentar la eficiencia en el gasto social orientado a la
superación de la pobreza, sino también traducirlo en acciones coherentes con la
idea de hacer que los más pobres se capaciten y así puedan mejorar sus
oportunidades de ser actores del desarrollo.
Por
otra parte, se ha creado el Fondo de Solidaridad e Inversión Social,
dependiente de ODEPLAN, que financiará proyectos públicos y privados para
beneficiar a los más pobres. La acción del Fondo pondrá énfasis particular en
el apoyo productivo a los grupos de escasos recursos para que éstos, con el
tiempo, logren generar capacidades e ingresos que puedan solucionar sus
problemas. Se están definiendo proyectos orientados a estimular el crecimiento
de la economía informal urbana y actividades de apoyo productivo a campesinos,
pescadores artesanales y pirquineros. El apoyo a la economía informal urbana
incluirá líneas de apoyo financiero y asistencia técnica, y contempla el
impulso a las iniciativas de capacitación de los trabajadores.
La
estructura orgánica de ODEPLAN cuenta con
Dentro
de los grupos sociales en situación de pobreza, uno de los sectores más
postergados del país es el de los pobres rurales. Se está elaborando un amplio
Plan de Desarrollo Rural que fortalezca las capacidades productivas de los
pobres del sector, junto con darles mayor acceso a los servicios sociales
básicos. Este plan se focalizará en las cien comunas rurales más pobres,
coordinando acciones públicas y privadas, e incluye objetivos de asistencia
técnica y medidas legislativas que regulen las relaciones laborales,
particularmente para corregir problemas derivados de la temporalidad e
inestabilidad de los empleos agrícolas.
Conviene
subrayar que el éxito de las políticas respecto de la pobreza rural constituirá
un beneficio para toda la sociedad, pues permitirá retener población en las
áreas rurales, evitando los enormes costos sociales que acarrea la migración
hacia las ciudades y el despoblamiento de los campos.
CUARTA
TAREA: EL CAMINO DEL DESARROLLO
La
economía chilena ofrece hoy perspectivas alentadoras. Después de una larga fase
de inestabilidad, caracterizada entre otras cosas por profundas recesiones en
1975 y en 1982, acentuadas por políticas no siempre acertadas, el país ha
logrado, con el sacrificio de todos, adecuar su economía a los nuevos requerimientos
de la economía mundial y obtener un razonable equilibrio macroeconómico. En la
segunda mitad de la década pasada, Chile ha financiado sus cuentas fiscales y
su balanza de pagos; el producto se ha recuperado de la profunda recesión de
1982-1983 y la inflación se ha mantenido en niveles moderados.
Nuestra
tarea es progresar en el camino del crecimiento. Hay varios factores favorables
para el éxito de este esfuerzo. Poseemos profesionales de buena formación, una
fuerza de trabajo comparativamente educada y capaz, nuevas generaciones de
empresarios innovadores, abundancia de recursos naturales, una importante
modernización productiva basada en los incentivos de una economía abierta, un
dinamismo notable del sector exportador y un aparato estatal con una larga
tradición de servicio y probidad administrativa. El crecimiento no sólo es
posible. Es una realidad y el objetivo central de nuestra acción como Gobierno.
a.
Criterios básicos.
Para
perseverar en el camino del desarrollo, los chilenos debemos trabajar, debemos
ser emprendedores y disciplinados. Sería lamentable que, so pretexto de que
llegó la democracia, el país cayera en una actitud fácil de esperarlo todo del
Estado; que sobreviniera un clima de complacencia y de relajamiento.
En
el mundo de hoy, Chile necesita ser competitivo. Ello requiere de imaginación y
creatividad, pero también de paciencia, austeridad y constancia. Como nación,
no podemos permitirnos caer en un estado de ánimo empequeñecido y mediocre,
donde predomine la lasitud de los espíritus. La democracia, el desarrollo y la
equidad son desafíos constantemente renovados y no dádivas gratuitas.
Necesitamos
tanto un Gobierno como un país eficientes y modernos. Lo primero es
responsabilidad nuestra. Lo segundo es responsabilidad de la sociedad. Ningún
sector social puede soslayar esa tarea amparándose en un Estado benevolente.
Para
mi Gobierno, el motor primordial del desarrollo en esta época de la evolución
de nuestro país reside en la empresa privada. El rol del Estado ha
experimentado una redefinición. Ello no sólo ha sucedido en Chile; es una
tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aun en aquellos países
de economías hasta ayer centralmente planificadas.
El
Estado estimulará el desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima
eficiencia posible. Pero el desarrollo provendrá fundamentalmente de la
capacidad, innovación y espíritu de empresa que el sector privado despliegue en
sus actividades, tanto en el mercado interno como en los mercados
internacionales.
Consecuente
con este criterio, el Estado buscará regular la actividad de los mercados
mediante normas generales, de aplicación universal, y se abstendrá de
intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es
desorganizarlos e introducir elementos de ineficiencia que, al acumularse,
terminan por detener el crecimiento. Si hay imperfecciones importantes o
ineficiencia de los mercados en la asignación de recursos, intervendremos a
través de medidas correctivas que, en la medida de lo posible, deberán
persistir sólo por el tiempo que sea estrictamente necesario.
No
es tarea del Estado asegurar rentabilidad a empresas determinadas o a sectores
específicos. Su rol es garantizar un marco económico y político estable, que
posibilite un desenvolvimiento normal de las actividades, sin más riesgo e
incertidumbre que los propios de cada sector.
En
armonía con estos principios, respetaremos los derechos de propiedad, buscando
que se consoliden adecuadamente en aquellos casos donde aún existen situaciones
de indefinición o controvertidas. Este es un principio que haremos efectivo en
general, y específicamente en el caso de actividades como la minería, la
agricultura y la pesca.
b.
Control de la inflación.
Una
de las tareas básicas del Estado es actuar en todo momento buscando mantener
una situación macroeconómica equilibrada. En esta materia se experimentó en los
años recientes un notable progreso, que se ha visto empañado a partir de 1988
por un retroceso que, al configurar una situación delicada, ha obligado a
adoptar un conjunto de medidas correctivas a las que se denomina usualmente
“ajuste”.
Desde
mediados de 1988, el Gobierno anterior llevó a cabo una política expansiva con
finalidades electorales y el gasto excedió a las capacidades productivas reales
del país. Como resultado, en 1989 se produjo un recrudecimiento de la
inflación, de modo tal que, si se toma la inflación acumulada en el último
trimestre del año pasado y se la proyecta hacia fines del presente año,
llegaríamos a un nivel de inflación francamente preocupante.
La
inflación es el peor enemigo del crecimiento y del progreso social. Con ella se
perjudican los que viven de un sueldo, y toda la economía se resiente. Hay
ejemplos suficientes en el mundo que atestiguan sobre los terribles efectos de
ese flagelo económico. Tales ejemplares deberían hacer meditar a los que
adoptan posiciones irresponsables en esta materia y a los que, cegados por
consideraciones sectoriales estrechas, sólo perciben las consecuencias
negativas, ineluctables pero pasajeras, que originan las medidas destinadas a
combatir una posible aceleración inflacionaria.
El
control de la inflación es responsabilidad conjunta del Banco Central y del
Gobierno. Conscientes de los riesgos que la situación macroeconómica encierra,
ambas autoridades estamos llevando a cabo una política de ajuste que disminuya
las presiones de demanda, detenga el rebrote inflacionario y permita retornar a
una vía de crecimiento estable que armonice los aumentos en el gasto con los
incrementos en nuestra capacidad productiva.
Deseo
subrayar, sin embargo, que el esfuerzo antiinflacionario no se agota en las
medidas de política monetaria y fiscal. Esta lucha es responsabilidad de todos.
Se imponen una austeridad generalizada y expectativas salariales prudentes, puesto
que disminuir la inflación exige también disminuir las presiones de alza de
costos.
Quiero
dejar en claro que persistiremos en la política de ajuste hasta lograr
reencauzar la economía en una vía de crecimiento equilibrado. No vamos a
practicar una política fácil, dejándonos presionar por intereses sectoriales o
sacrificando el bien común en pos de una fugaz popularidad.
Sabemos
que el ajuste trae consigo un cierto grado de desactivación, que perjudica
principalmente a algunos tipos de actividad. Estamos abiertos a escuchar
sugerencias del sector privado y a tomar las medidas correctivas idóneas que
sean posibles. Pero, a la vez, es necesario tener conciencia de que la
estabilidad económica es una condición necesaria para el crecimiento. Si hay
estabilidad, llegará al país la inversión extranjera y aumentará la tasa de
inversión interna. Así, se elevará nuestra capacidad productiva y obtendremos
tasas de crecimiento más altas. Ello compensará con creces los sacrificios de
este tiempo.
c.
Fieles
a este propósito de preservar una economía equilibrada, decidimos financiar el
gasto público requerido para atender las carencias sociales más graves mediante
una Reforma Tributaria que proporcione más recursos al Estado. Con satisfacción
hemos comprobado que esta Reforma ha sido aceptada por la inmensa mayoría del
país.
El
que se busque obtener mayores recursos para el Estado por la vía de
Como
lo explicó el señor Ministro de Hacienda ante este Honorable Congreso,
enfrentamos problemas presupuestarios serios, pese a la mayor recaudación
tributaria que obtendremos. El presupuesto heredado del Gobierno anterior es
insuficiente en alrededor de 380 millones de dólares. El error de cálculo en
que el Gobierno anterior incurrió ha sido confirmado por los resultados de
El
país entero debe saber que para el año en curso nuestras restricciones
presupuestarias son serias. Este no será un año de holguras. Por ello, el
esfuerzo en gasto social va a ser necesariamente gradual. Realizaremos una
política de estricta austeridad en el sector público, a fin de que el ingreso
que genere
Quienes
tengan expectativas de realizaciones extraordinarias y rápidas se equivocan.
Vuelvo a repetir: éste es un año de estrechez. Respecto de los años próximos,
habrá holguras crecientes, sucesivas y graduales, que si bien no deben
alimentar esperanzas desmesuradas, nos permitirán ir progresando sólidamente
hacia un mayor bienestar.
d.
Deuda externa.
Como
es de dominio público, pesa también sobre nosotros la restricción que implican
el cuantioso volumen y el servicio de la deuda externa que heredamos.
A
fines del año pasado, nuestra deuda externa total ascendía a 16 mil 300
millones de dólares, lo que representa un 64 por ciento del producto geográfico
bruto y 1,7 veces nuestras exportaciones de bienes y servicios. El año pasado
pagamos intereses que alcanzan a un 7 por ciento de ese producto.
El
gravamen para el futuro próximo es aún mayor, por la acumulación de compromisos
para los próximos años resultantes de las anteriores renegociaciones de la
deuda, y por la reversión de los flujos de financiamiento con la banca
multilateral, derivada de la ausencia de nuevos proyectos sociales y
productivos.
Nadie
puede negar el extraordinario esfuerzo realizado por nuestro país para cumplir
con sus compromisos externos y reducir su endeudamiento. Por esta razón,
creemos plenamente justificado invitar a los organismos multilaterales, a los
Gobiernos de los países amigos y, especialmente, a la banca comercial e
instituciones financieras privadas a desarrollar un esfuerzo conjunto y activo
que permita a Chile tener acceso a los aportes que el país va a necesitar para
crecer con estabilidad. En los primeros meses de gobierno, el equipo económico
se ha abocado al diseño de una nueva estrategia de manejo de la deuda externa y
a preparar el terreno para las negociaciones que se desarrollarán a partir de
los próximos días. Es nuestra firme intención que el resultado de estas
negociaciones sea plenamente compatible con nuestros objetivos de crecimiento y
estabilidad.
e.
Necesidad y perspectivas de inversión.
La
recuperación de la economía chilena en los últimos años, junto a la baja
inversión, agotó prácticamente la capacidad productiva disponible en 1989. Para
mantener una tasa anual de crecimiento del 5 por ciento se requiere de un
esfuerzo de inversión del sector privado sostenidamente superior al que se
realizó durante el Régimen anterior.
La
experiencia reciente de nuestro país indica que la inversión privada requiere
de un tratamiento favorable en el sistema tributario y en las regulaciones a la
inversión extranjera, normas e incentivos que no modificaremos. La estabilidad
económica y política, un clima de cooperación entre el sector privado y el
Estado, y un sistema financiero orientado a la intermediación eficiente de los
recursos, son elementos indispensables para una sostenida expansión de la
inversión.
En
estos primeros meses hemos visto con satisfacción cómo el cambio de Gobierno y
la llegada de la democracia no han alterado las expectativas de los agentes
económicos sobre las perspectivas de nuestro país. No sólo no se ha producido
el colapso predicho por algunos agoreros, sino que se ha mantenido la
estabilidad de los principales indicadores financieros y se ha afianzado el
interés por invertir en Chile.
Sólo
en el primer trimestre de este año se autorizaron inversiones extranjeras por
un valor de 400 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 77 por
ciento respecto del año anterior. Hoy en día existe un stock de 500 proyectos
de la inversión con participación extranjera, por un valor de 14 mil millones
de dólares.
Es
de fundamental importancia para el país que estos proyectos, que generarán
empleo y bienestar para los chilenos, se materialicen en los próximos años.
A
ese cuadro favorable, hay que agregar que hemos puesto rápidamente en marcha un
proceso destinado a movilizar recursos de la banca multilateral hacia proyectos
prioritarios de inversión social y productiva. Para ello, luego de identificar
las áreas y proyectos prioritarios, se han establecido contactos con el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, recibiéndose en las últimas
semanas varias misiones de estos organismos destinadas a establecer las
primeras bases de los nuevos proyectos.
Estos
proyectos no sólo ofrecen la ventaja de contar con un aporte externo
sustancial, sino que garantizan un grado de coherencia, control y seguimiento
que los hace altamente atractivos en cuanto a garantizar la eficiencia en el
uso de los recursos. El objetivo del Gobierno es conseguir que un buen número
de estos proyectos esté en condiciones de iniciarse a comienzos de 1991.
f.
Desarrollo tecnológico.
Para
alcanzar un crecimiento sólido y sostenido, es necesario superar nuestras
insuficiencias tecnológicas y de capacitación. La experiencia de los países
económicamente más exitosos muestra que la estabilidad en el crecimiento
requiere que, por sobre la explotación de recursos naturales, el país se
inserte en los mercados mundiales por medio de la exportación de productos y
servicios que incorporan crecientemente el progreso técnico. Así se alcanzan
niveles de competitividad en los mercados y se logra una mayor retribución para
los productos nacionales.
Nuestro
objetivo es que, mediante un apoyo eficiente del Estado, sobrepasemos la
barrera del atraso tecnológico, incorporando cada vez mayor valor agregado a
nuestros productos. Este es un camino de grandes esfuerzos, en el cual no es
posible quemar etapas y en el que hay que consolidar cada paso.
La
filosofía que orienta nuestra acción de apoyo para sobrepasar la barrera del
atraso tecnológico es la de hacerlo promoviendo la cooperación y la asociación
entre los empresarios y el Estado. No se trata de imponer unilateralmente al
sector privado iniciativas o proyectos, o desperdiciar los recursos públicos en
acciones aisladas, desvinculadas del mundo real de la economía y sin
consecuencias prácticas. Para que el apoyo del Estado sea eficiente y rinda
frutos, la cooperación y asociación con la empresa privada son indispensables.
En
armonía con estos criterios, se considera la creación de unidades
especializadas en el estudio de problemas de productividad y gestión en los
diversos sectores económicos. Se tratará de pequeños centros privados,
altamente tecnificados, con gran flexibilidad en su accionar. En ellos se
asociarán productores y el Estado para buscar soluciones compatibles con los
instrumentos de que dispone la política gubernamental y con la capacidad de los
empresarios. El carácter asociativo de estas unidades hace de ellas un
instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas y
medianas, que en razón de su tamaño se ven impedidas para enfrentar
individualmente los desafíos de avance tecnológico y modernización de la
gestión.
Sabemos
de la existencia de factores que desincentivan la innovación tecnológica en el
seno de las empresas. No obstante, nos interesa que los empresarios incorporen
permanentemente nuevas tecnologías en sus actividades. Para ello, se creará un
Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico que complemente el actual Fondo de
Desarrollo Productivo de CORFO, a fin de fomentar la utilización de nuevas
tecnologías en la producción nacional e incentivar la inversión en proyectos
innovadores. Dedicaremos a este objetivo recursos que esperamos alcancen los
100 millones de dólares hacia 1994.
En
el área del desarrollo tecnológico se aumentarán la calidad e impacto de la
investigación llevada a cabo por los institutos especializados de CORFO.
Asimismo, las universidades deberán hacer una contribución más importante a la
superación de la barrera del atraso tecnológico a través de la investigación
que se realiza en ellas, asociándose con el sector privado. En este aspecto, al
país le ha faltado una política explícita, capaz de comprometer a la
investigación universitaria con nuestro desarrollo económico. Conscientes de
esa carencia, estamos diseñando una política que fije áreas prioritarias en el
campo tecnológico, a fin de recuperar la investigación universitaria para el
crecimiento mediante un sistema de incentivos adecuados.
g.
Rol de
En
el apoyo estatal al crecimiento,
El
Gobierno recibió esta entidad disminuida respecto a lo que fueron su
patrimonio, sus recursos profesionales y su capacidad de acción. Además, en vez
de cumplir una función de apoyo al crecimiento, ha estado siendo utilizada como
instrumento para el traspaso de bienes al sector privado. Adicionalmente a su
déficit presupuestario en 1990, que alcanza a 10 mil millones de pesos, está
endeudada en 1.560 millones de dólares, por haber asumido deudas de las
empresas privatizadas.
Pese
a las condiciones muy negativas en que se encuentra, nuestro propósito es hacer
de CORFO un instrumento para apoyar el crecimiento, en la certeza de que cuenta
con una capacidad humana y técnica que ofrecer al servicio de ese desafío.
Atribuimos
a CORFO una significativa función en el aumento de la inversión productiva para
acelerar el crecimiento. Puede lograrlo incrementando los volúmenes de crédito
disponibles para las empresas, proporcionando asistencia técnica y capacitación
a pequeñas empresas a través de SERCOTEC, y realizando estudios de factibilidad
de inversiones e innovación tecnológica. También privilegiará créditos a
empresas más intensivas en trabajo para contribuir a generar más y mejores
empleos productivos, y fomentará la competitividad y productividad nacionales a
través de los estudios aplicados que realizan sus institutos de investigación.
Otra
área que nos preocupa es la de la innovación en modalidades de gestión. La
experiencia contemporánea muestra que los mecanismos asociativos de gestión
pueden ser muy exitosos en la medida en que se desenvuelvan en un clima general
de convivencia social pacífica. En el convencimiento de que Chile ha entrado en
esa fase de su desarrollo histórico, el Gobierno incentivará la formación de
cooperativas como una modalidad de gestión económica innovadora que fomenta, al
interior de la comunidad, un estilo de convivencia altamente positivo. El
desafío para estas modalidades de gestión es conquistar un espacio en
condiciones de competitividad y exigencias de productividad, sin que ello
implique subsidios estatales.
h.
Comercio internacional.
Nuestra
política exterior debe ser un instrumento importante en el fomento de una
economía cada vez más competitiva internacionalmente.
Para
intensificar las relaciones comerciales, Pro Chile abrirá diversas oficinas
comerciales y reforzará otras. Paralelamente, se ha programado el envío de
misiones comerciales con determinante participación del sector privado a
México, los países escandinavos,
Siempre
en el ámbito de la promoción de exportaciones, Pro Chile incrementará su
participación en las ferias internacionales durante el presente año,
conservando la concurrencia a aquellas en las que la presencia chilena está
consolidada.
Chile
enfrentará en buena posición diplomática y económica los desafíos de la unidad
europea. La reinstauración de la democracia en nuestro país nos ha devuelto
importantes amigos en una Europa que se ha declarado presta a respaldar el
proceso chileno. Nuestros objetivos ante
i.
Protección del medio ambiente.
Además
de los problemas de contaminación ambiental que padecemos, enfrentamos también
situaciones de degradación de nuestros recursos naturales, con el riesgo claro
de que las futuras generaciones carezcan de un sistema ecológico que sustente
adecuadamente el crecimiento.
Hay
destrucción de recursos ictiológicos, deterioro continuado de los suelos, una
acelerada destrucción del bosque nativo y de la fauna autóctona. Estos son los
síntomas más visibles de una situación caracterizada por la ausencia de una
política protectora de los recursos y de un sistema de incentivos que fomente
su explotación racional.
Hemos
tomado algunas medidas inmediatas en esta materia: se ha declarado monumento
nacional a la araucaria yla
Corporación Nacional Forestal
ha establecido mecanismos de control de explotación de bosques nativos.
Pero
bien sabemos que se trata de medidas parciales y paliativas. Se necesita de una
política de largo plazo que dé sustentabilidad a nuestro crecimiento. Con ese
fin, se ha creado
La
necesidad de conciliar el desarrollo de la producción nacional, el estímulo a
la actividad privada y, en particular, el aumento de las exportaciones con la
adecuada protección de nuestros recursos naturales, se hace presente con fuerza
en el ámbito pesquero. Durante el Gobierno anterior se aprobó una Ley de Pesca,
cuya entrada en vigencia fue postergada por medio de una ley que tuvo rápida
acogida en este Honorable Congreso, para dar tiempo a preparar una legislación más
adecuada a los requerimientos del desarrollo nacional y al funcionamiento del
sector. Mi Gobierno está completando un proceso de consultas con los diversos
sectores involucrados y enviará en breve para la consideración del Honorable
Congreso el proyecto de ley respectivo que establezca un sistema permanente que
contemple mecanismos de regulación flexibles y eficaces, compatibles con el
desarrollo racional de la actividad pesquera.
j.
Minería.
Entre
nuestros recursos no renovables de mayor importancia están los minerales. En la
minería, el Estado no sólo desempeña un papel importante como productor, sino
que además debería fomentar una explotación racional de esos recursos.
La
minería en general, y el cobre en especial, constituye una de nuestras principales
vías para un mejor acceso a la economía mundial. Si no lo logramos en este
campo, es difícil que lo hagamos en otros, pues en él es donde tenemos mayores
ventajas comparativas, potencial tecnológico, capacidad de negociación y las
empresas de mayor presencia internacional.
Hoy
nos encontramos con un sector minero en expansión y con interesantes proyectos,
que constituyen un activo muy importante. Es deber del Gobierno dar las señales
adecuadas para que este flujo continúe y aumente. Esto significa administrar
eficientemente sus empresas, establecer regulaciones claras y estables para el
conjunto del sector, y estimular aspectos específicos de interés nacional.
Los
objetivos de nuestra política minera son varios: asumir un rol de mayor
liderazgo en la industria minera, en especial del cobre; incentivar el flujo de
inversión en el sector; diversificar la producción minera, reduciendo la alta
participación relativa del cobre; aumentar la presencia directa de empresas
chilenas en los mercados consumidores a través de la integración con empresas
locales; compatibilizar el desarrollo minero con la preservación del medio
ambiente; coordinar decisiones de producción e inversión de los productores con
el fin de evitar impactos negativos en los mercados, y fomentar la pequeña
minería para conformar un estrato eficiente y estable de pequeños productores.
En
el sector público productivo, es necesario modernizar las empresas y adecuar
los servicios a las nuevas exigencias.
En
el caso de CODELCO, es necesario racionalizar sus actividades para contener la
tendencia al alza en sus costos. Esa tendencia es grave. Además de las
previsiones negativas respecto del precio del cobre en los mercados
internacionales, CODELCO enfrenta problemas derivados de las leyes cada vez
menores de sus yacimientos, así como de la mayor dureza de sus minerales y de
los desafíos tecnológicos que dicen relación con sus operaciones. De hecho, la
producción esperada para 1990 es inferior a la obtenida en 1989, según
proyecciones de la administración saliente. La nueva administración de CODELCO
se ha hecho cargo de este problema.
En
el caso de ENAMI y ENAP, hay que realizar inversiones para ampliar sus capacidades
de fundición y refinación, respectivamente, las que pronto serán insuficientes
para abastecer la demanda nacional.
k.
Agricultura.
Otra
área donde los recursos naturales juegan un principalísimo papel es la
agricultura.
Sin
duda, el sector ha experimentado transformaciones notables en los últimos años,
al surgir un sector comercial dinámico, no tradicional, altamente competitivo
en los mercados mundiales.
Nuestra
política mantendrá las condiciones y reglas del juego que permitieron el
surgimiento y expansión de ese sector. A la vez, el Estado pondrá a disposición
de él los instrumentos propios para acentuar su dinamismo y competitividad,
particularmente en lo que se refiere a apoyo tecnológico, apertura de mercados
en el exterior, lucha contra el proteccionismo y prácticas discriminatorias de
productores y autoridades en esos mercados.
Nuestro
Gobierno tiene un compromiso central con el desarrollo campesino, que se
traducirá, además de las prioridades ya señaladas en el campo de la legislación
laboral y el combate a la pobreza rural, en el fortalecimiento y expansión
gradual de créditos y asistencia técnica a los pequeños propietarios a través
de la acción del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, con la
colaboración de aportes privados.
Un
caso importante es el del sector triguero. Este rubro representa el 50 por
ciento de la superficie sembrada, con cultivos anuales y con una importancia
crucial en la alimentación nacional. Durante los últimos años, este sector fue
objeto de una política errática, que culminó en el tratamiento dado a la última
cosecha. La tardía fijación del precio de intervención de
La
desorganización del mercado llegó a tal grado, que se nos instó a anunciar
nuestra política frente a este cereal, incluso con anterioridad a la asunción
del mando. El Gobierno, haciendo un extraordinario esfuerzo, expuso el 1º de
abril un completo enunciado acerca de una política para la comercialización del
trigo, tanto en lo que restaba de la presente temporada como para las siembras
futuras, lográndose por primera vez en muchos años anunciar el precio de
intervención de COTRISA con bastante anterioridad a la siembra. De esta manera,
los agricultores podrán efectuar sus decisiones de producción con un horizonte
cierto de precio de venta a futuro.
Tal
como en el caso del trigo, han faltado una conducción y orientación para el
sector privado no dinámico. He instruido a las autoridades sectoriales para que
se inicie el estudio de las diversas situaciones y se identifiquen los
instrumentos adecuados para convertir el conjunto de la agricultura al
dinamismo y modernización de sus sectores más avanzados.
Es
esencial en este sector progresar en la capacidad contralora requerida para
proteger el patrimonio sanitario silvoagropecuario, tan importante para nuestra
capacidad exportadora. Por ello, prestaremos especial atención al Servicio
Agrícola y Ganadero, velando por que cuente con recursos, personal y capacidad
técnica adecuados.
l.
Infraestructura y Obras Públicas.
El
rol del Estado es insustituible en cuanto a la preservación y desarrollo de las
condiciones de infraestructura que el crecimiento va requiriendo.
La
inversión estatal en infraestructura durante los últimos años ha sido
insuficiente. Ello se constata al comparar los recursos asignados al sector con
el crecimiento del país. Organismos especializados en la materia, como el
Instituto de Ingenieros de Chile y
Algunos
ejemplos ilustran bien estas deficiencias. Entre 1970 y 1989 la población
creció en cerca de 40 por ciento; la producción, en aproximadamente 60 por
ciento. En cambio, la inversión total del Ministerio de Obras Públicas
disminuyó en 34 por ciento. Por otra parte, entre 1974 y 1989 la red pavimentada
creció en 32 por ciento, mientras que la flota de vehículos lo hizo en 150 por
ciento. Al ritmo actual de obras, nos tomará unos setenta años completar la
pavimentación de nuestra red básica.
Una
nueva política para el sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un
balance equilibrado de lo acontecido durante los últimos años. Es importante
reconocer, porque constituye un hecho positivo, que en algunos sectores, como
el portuario, el país ha podido mantenerse todo este largo período sin tener
que realizar grandes inversiones, e incluso sufriendo pérdidas significativas
de capacidad en sus instalaciones. Ello se debe a que se han producido
mejoramientos operacionales que han incrementado de un modo notable la
productividad y la capacidad tecnológica, como el uso de “containers”, que hace
más eficiente la transferencia de la carga general, tradicionalmente la más
lenta y complicada de movilizar.
En
otros casos, como el del agua potable, ha sido posible incrementar
significativamente la cobertura, continuando con la tendencia histórica,
mediante el uso de la capacidad existente de fuentes de abastecimiento. Esto ha
hecho posible incrementar los servicios con inversiones relativamente pequeñas.
En el caso del alcantarillado, la cobertura también ha crecido. Pero, en la
misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de
disposición de las aguas servidas.
En
el caso de la vialidad urbana, se han podido paliar los crecientes problemas de
congestión recurriendo a mejoramientos operacionales en los sistemas de tráfico
y a inversiones relativamente modestas en optimización de intersecciones de
calles y avenidas. Sin embargo, en todos estos casos, la capacidad acumulada
por las inversiones históricas hechas por el país ya se encuentra virtualmente
copada, y son indispensables nuevas inversiones para el futuro. En otros casos,
como el de vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para
recuperar el terreno perdido. Este es un desafío que Chile deberá adoptar con
decisión en el futuro próximo y que, obviamente, tiene un costo.
Respecto
a vialidad, se contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de
vialidad urbana, de rentabilidad probada, hasta por un monto de 300 millones de
dólares; dobles calzadas en
Además,
dado que se están gastando en conservación sobre 120 millones de dólares al año
en razón del mal uso de carreteras y las violaciones de peso máximo por eje,
El
Gobierno también se encuentra elaborando una política clara y definida sobre
aguas, que represente los principios que lo animan y exprese la voluntad del
país de aprovechar ese recurso en forma sustentable en el tiempo, y ponga
término a la contaminación de sus fuentes. Se trata de llevar los beneficios
derivados de su utilización a toda la población, consagrando en forma práctica
su verdadera naturaleza de bien nacional de uso público, hoy sólo nominal.
Sobre
estas bases, y con la concurrencia de toda la comunidad nacional interesada en
el recurso, de los sectores tanto público como privado, incluidos los usuarios
organizados y las universidades, se revisarán la legislación y la
institucionalidad respectivas, para hacerlas útiles a los fines reseñados. El
cambio de legislación que se propiciará propondrá perfeccionar los mecanismos
de asignación y establecer las regulaciones necesarias del derecho de
aprovechamiento que surgen naturalmente de su escasez creciente, para extender
los beneficios del recurso a todo el cuerpo social. En lo inmediato, hemos
dispuesto el desarrollo de un plan de saneamiento de títulos y organización de
usuarios, como igualmente la ejecución de acciones conducentes a optimizar el
uso de fuentes. Las particularidades regionales de las zonas desérticas harán
necesaria una normativa especialmente adecuada a ellas, como igualmente su
consideración en los planes de acción por desarrollar.
Respecto
de las inversiones en riego, en la última década prácticamente no se ha
efectuado el tipo de grandes obras que han hecho posible el desarrollo agrícola
de tantas regiones de nuestro país. Se han realizado obras menores, motivadas
por
En
lo que se refiere a obras portuarias, recientemente se ha formado una Comisión
entre los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y
En
materia de aeropuertos, el Gobierno está analizando un programa de inversiones
que permita mejorar la capacidad de aeropuertos intermedios en lo que se
refiere a terminales de pasajeros, carga y pistas de aterrizaje. Con respecto
al principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez,
he otorgado prioridad a definir el anteproyecto, a fin de que la construcción
del nuevo terminal pueda comenzar el próximo año, resolviéndose una situación
postergada por más de una década.
m.
Transportes y Telecomunicaciones.
El
sector transporte requiere de la utilización y consumo de cuantiosos recursos
económicos escasos para el país: la infraestructura de transporte (su
construcción y mantención), equipos y material rodante, insumos como el
combustible, los que en conjunto suman varios miles de millones de dólares al
año, con un alto componente en divisas. La operación de los distintos sistemas
de transporte tiene, además, impacto sobre la calidad de vida de la población,
tanto en relación con la contaminación del medio ambiente y ocurrencia de
accidentes como en cuanto a las posibilidades de accesibilidad e integración
social que ofrece a la comunidad nacional.
El
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe, por una parte, administrar
en forma eficiente los recursos involucrados en la operación y desarrollo del
sistema nacional de transporte; y por otra, instaurar normas, regulaciones y
reglamentaciones que permitan el desarrollo de la actividad privada en el
sector, de forma que puedan establecerse servicios de transporte seguros y
confiables con una tarifa razonable. Para el logro de estos objetivos, el
Ministerio debe realizar, entre otras funciones, la planificación y
coordinación del sistema nacional de transporte, la regulación de la operación
de los medios de transporte y la reglamentación de las empresas de servicios.
Las
políticas seguidas en los últimos años, que eliminarán las reglamentaciones
básicas para los servicios de transporte público, han conducido a que éstos se
caractericen por su inseguridad, sus elevadas tarifas y un exceso de parque
vehicular que redunda en congestión del tránsito y contaminación ambiental.
En
cuanto a
En
el período 1990-1994 se deberán abordar los problemas prioritarios del sector
transporte, para lo cual se requiere desarrollar una legislación de transporte
que permita regular la actividad privada en aquellas situaciones en que la
libre competencia no conduce a la eficiencia en la operación de los mercados, e
intervenir allí donde es preciso evitar o controlar la presencia de monopolios.
En
el sector ferroviario, será necesario rehabilitar los ferrocarriles en la
perspectiva de establecer una competencia sana en el transporte terrestre;
definir y poner en marcha un programa de rehabilitación de
En
transporte urbano, las tareas serán impulsar la modernización del transporte
público para mejorar los niveles de servicios y enfrentar la creciente
utilización del automóvil; compatibilizar las medidas para reducir la
contaminación atmosférica en Santiago con políticas adecuadas para el
desarrollo del sistema del transporte de la ciudad; establecer reglamentaciones
técnicas respecto de los requisitos que deben cumplir los vehículos que se utilizan
en los servicios públicos de transporte urbano, velando por la seguridad de los
usuarios de la población en general y la calidad del medio ambiente.
En
el sector portuario, debemos asegurar la provisión de infraestructura adecuada
en los puertos para el movimiento del transporte internacional; promover el
desarrollo de servicios internacionales en cantidad y calidad compatibles con
la expansión del comercio exterior, procurando un grado creciente de
competencia y transparencia en el mercado de fletes.
Finalmente,
en el sector de telecomunicaciones, nuestro objetivo básico es definir una
política general en el mediano y largo plazos, la cual debe impulsar el
desarrollo de las telecomunicaciones, coordinando a los sectores público y
privado, en armonía con un criterio de beneficio social.
Es
necesario orientar el uso de los recursos del sector telecomunicaciones,
evitando la duplicación de inversiones y dando prioridad a metas como un acceso
adecuado a la información por parte de los sectores de salud y educación a
través de bancos de datos, y al desarrollo de la telefonía rural en todo el
país. Un aspecto central de la gestión gubernamental en este sector se refiere
a la estructura tarifaria, el control y requisitos de concesión de los
servicios públicos, como asimismo la normalización de los distintos servicios.
En ambas materias se están diseñando medidas para cumplir con esos objetivos.
Mención
especial merece la situación de Televisión Nacional. Respecto de esta empresa,
se hace necesario garantizar su existencia sobre bases económicas sanas, para
lo cual será imprescindible un aporte de capital que permita enfrentar la grave
crisis financiera en que la recibió el Gobierno.
Queremos
también asegurar la autonomía de la empresa respecto del Gobierno y la creación
de mecanismos que impidan la repetición de excesos como los denunciados. Para
este efecto, es necesario legislar a fin de asegurar una dirección nacional,
colegiada, plural y representativa, capaz de orientar y controlar la marcha del
canal de Televisión del Estado.
Esta
legislación debe incorporar medidas muy claras que regulen la relación
económica entre el Estado y Televisión Nacional de Chile, sobre la base de los
principios de autofinanciamiento y la igualdad de condiciones competitivas con
los canales universitarios y privados.
QUINTA
TAREA: REINSERCIÓN DE CHILE EN
A
lo largo de su historia, Chile se ganó un lugar de prestigio y de ascendiente
en la comunidad internacional, de extraordinaria relevancia con relación a las
dimensiones y ubicación geográfica de nuestro país. Ello fue fruto,
principalmente, de la solidez y estabilidad de sus instituciones políticas
democráticas, que eran señaladas como ejemplo entre las naciones del mundo en
desarrollo y apreciadas con admiración aun en las sociedades de mayor madurez
política.
Esta
circunstancia explica, en gran medida, la fuerte reacción de rechazo que
provocó en el ámbito internacional, especialmente en las naciones de tradición
democrática, el quiebre de nuestro sistema institucional. El abuso de la
fuerza, la arbitrariedad gubernativa, la violación de derechos humanos,
escandalizan más mientras mayor sea el grado de desarrollo institucional,
cultura cívica y vigencia del Derecho que el país en que ocurren ha alcanzado.
Por
eso, así como el derrumbe de nuestra democracia suscitó el repudio de la
comunidad de las naciones, el retorno de Chile a la democracia ha suscitado una
ostensible corriente de simpatía y solidaridad hacia nosotros.
Creo
mi deber reiterar ante este Honorable Congreso Nacional, representativo de la
soberanía del pueblo de Chile, nuestros agradecimientos a todos los pueblos que
fueron de múltiples maneras solidarios con la lucha libertaria de los
demócratas chilenos, y a las naciones y gobiernos amigos por la favorable
disposición con que están cooperando con nosotros en esta primera etapa de
nuestra restauración democrática.
El
objetivo fundamental de nuestra política internacional es la plena reinserción
de Chile en el concierto de las naciones. Nuestro ánimo es cooperar, en todas
las instancias de encuentro multinacional y en las relaciones bilaterales con
los demás Estados, con nuestro modesto pero decidido aporte al desarrollo de
los pueblos, al logro de la justicia y de la paz entre los países, y al pleno
imperio de los derechos humanos y del Derecho Internacional en todos los
rincones de
Pensamos
que nuestra política internacional debe ser el fruto de un gran consenso
interno, e inspirarse en los mismos principios que históricamente Chile ha
postulado en las relaciones entre los Estados. En pocas materias como en ésta
tienen tanta importancia el acuerdo entre todos los sectores, más allá de las
diferencias partidistas, y el respeto a las grandes tradiciones nacionales.
Proclamamos
la acendrada vocación de paz y cooperación de Chile y su firme adhesión al
orden jurídico internacional. Nuestro país promueve un pleno e irrestricto
respeto a los derechos humanos y busca el fortalecimiento de la democracia como
forma de gobierno. Poseedor de una economía abierta, Chile defiende la libertad
de comercio, la cristalización de un orden económico basado en la justicia
social y la cooperación financiera y tecnológica internacional.
Su
adhesión al orden jurídico lleva a Chile a sustentar los principios de la
primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho interno, cuando el país
soberanamente así lo decida. Sustenta, por ende, el principio de la
intangibilidad de los tratados, el de la igualdad jurídica de los Estados, el
de la convivencia pacífica de los mismos, el de la autodeterminación de los
pueblos, el de no intervención en los asuntos internos privativos de la
soberanía de otros Estados, el de la solución de las controversias
internacionales por medios jurídicos y pacíficos, el de la prohibición del uso
de la fuerza o la amenaza de su empleo y el de la cooperación internacional.
Un
ámbito fundamental de la reinserción plena de nuestro país en la comunidad
internacional es América Latina, a la que Chile pertenece. Sus intereses
políticos, económicos y culturales lo ligan a este continente. Su tradicional
influencia política, jurídica y cultural tuvo por escenario privilegiado esta
región.
Es
en América Latina donde, históricamente, Chile ha ejercido su vocación
moderadora, su rol como factor de equilibrio, al que está llamado por su
personalidad internacional.
Para
la región es vital el fortalecimiento de la integración. Ello, en nuestro
criterio, implica utilizar plenamente las instituciones y los instrumentos
jurídicos vigentes.
Nuestra
genuina vocación integracionista será conjugada con las necesidades del
crecimiento económico de Chile, base sustentadora del desarrollo social a que
todos aspiramos para nuestro pueblo.
Esperamos
que el avance de la economía social de mercado y la apertura de las economías
nacionales en la región promuevan fórmulas de integración modernas y eficaces.
Los
intereses vecinales de la política exterior de Chile se cuentan entre los más
importantes de ésta y, ciertamente, entre los permanentes. No sólo dicen
relación con parámetros tan esenciales como la supervivencia de nuestro Estado
como sujeto de la comunidad internacional, sino que jalonan los primeros tramos
del camino que Chile debe recorrer para insertarse en el resto del mundo.
En
relación con los Estados Unidos de América, avanzaremos en la normalización de
los vínculos bilaterales. Concordantes con la situación que hoy vive el mundo,
trataremos de aprovechar hasta donde sea posible la realidad interdependiente
que se impone cada día con más fuerza.
El
Gobierno de Chile cooperará en el esclarecimiento del caso Letelier-Moffit,
dentro del marco y con plena sujeción al ordenamiento jurídico nacional y al
Derecho Internacional. Ello responde a justos requerimientos de política
exterior y, fundamentalmente, a una exigencia moral coherente con la política de
reconciliación reclamada abrumadoramente por la opinión pública.
Esperamos
que nuestros importantes vínculos de intercambio con
Estados Unidos puedan ser
regidos efectivamente por los principios del libre comercio, eliminándose
“órdenes de mercado” y otras medidas proteccionistas. Asimismo, teniendo en
cuenta nuestra nueva realidad laboral, anhelamos que, en el menor plazo
posible, restauren hacia nuestro país los beneficios del sistema generalizado
de preferencias.
Nos
interesa vivamente mantener las mejores relaciones posibles con las naciones
integrantes de
Los
objetivos ante
También
nos interesa extraordinariamente con
Las
bases de la política internacional de nuestro Gobierno postulan el pluralismo
ideológico en las relaciones de Estado y señalan nuestra voluntad de establecer
relaciones con todos los países del mundo. En este contexto, desde el mismo día
11 de marzo hemos reanudado las relaciones diplomáticas con Estados de Europa
Central y del Este, de América Latina, de África y de Oceanía.
La
cuenca del Pacífico se ha erigido como una nueva variable de la política
exterior. La proyección chilena hacia el Pacífico es funcional con la
estrategia de desarrollo del país, al proporcionar nuevos mercados, fuentes de
tecnología, recursos financieros y de inversión. Profundizaremos la
participación de nuestro país en los organismos transpacíficos, como
Con
el Japón, nuestro segundo socio comercial, procuraremos intensificar la
cooperación técnica y la inversión en áreas que representen un efectivo
progreso social para nuestro país. Debemos recordar que la privilegiada
situación de Chile lo hace elegible para la cooperación financiera japonesa,
todo lo cual debe fortalecer una amplia vinculación, en todos los planos, con
este país.
En
el Medio Oriente, África y Asia, la diplomacia chilena continuará proyectándose
en la dimensión económica, comercial y cultural, pero dando nuevo énfasis a una
vinculación política determinada por intereses comunes. Nuestro regreso al
movimiento de países no alineados, ya formalizado, ampliará el contenido de
nuestros antiguos vínculos con importantes Estados de la región.
Conciudadanos
del Senado y de
He
creído necesario hacer esta larga exposición -por su longitud, les doy
excusas-, para que el Honorable Congreso Nacional y el país entero se formen un
concepto claro de las tareas que, a partir de la realidad que encontramos al
asumir nuestras funciones, mi Gobierno se propone realizar en el lapso de los
cuatro años de su período. En los informes anexos de cada Ministerio, los
señores Parlamentarios encontrarán los antecedentes, cuadros y cifras explicativas
de esta cuenta a
Como
es fácil advertir, en cuanto a la situación en que recibimos
Vivimos
una etapa trascendental. El pueblo de Chile ha vuelto a la democracia con
alegría y esperanza. La gente está contenta de vivir en libertad. Cada cual
espera ser respetado en su dignidad de persona, cualesquiera que sean sus
creencias, ideas o situación social. La gente quiere vivir libre de temor y de
toda forma de opresión, y anhela construir una sociedad más justa. La gente
quiere participar en la tarea del desarrollo y modernización del país. La gente
quiere paz.
Quienes
vaticinaban que el regreso a la democracia podría traer grandes conflictos,
revivir los odios y generar violencia, parecen haberse equivocado. Por el
contrario, en todos los sectores, con sólo escasas excepciones, prevalece la
voluntad de entendimiento.
A
lo largo de la historia patria, Chile se distinguió por su capacidad para
resolver sus desacuerdos y avanzar en el progreso por los caminos de la razón y
del Derecho. Cuando el país se apartó de ese camino, avanzó a costa de muchos
sacrificios y sufrimientos que, con mayor dosis de sensatez, podrían haberse
evitado.
Ahora
tenemos una nueva oportunidad, y la razón nos aconseja sacar lecciones de la
experiencia y saber aprovecharlas.
En
los albores de la patria, en 1911, un colega vuestro decía estas palabras: “Las
naciones tienen recursos en sí mismas; pueden salvarse por la sabiduría y la
prudencia”. Camilo Henríquez tenía razón. Quizás sean esas dos virtudes la
savia más rica de nuestra tradición histórica.
El
Gobierno, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, los
partidos políticos, las
organizaciones sociales, tenemos en esta etapa una responsabilidad histórica:
estar a la altura de lo que Chile tiene derecho a reclamarnos y nuestro pueblo
espera de nosotros. Lo conseguiremos en la medida misma en que la sabiduría y
la prudencia -y no las pasiones, ni los egoísmos, ni los impulsos vehementes-
presidan nuestra conducta.
De
nosotros depende: de todos los chilenos.
¡Que
Dios nos ayude!
PATRICIO AYLWIN AZOCAR
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