ABRAHAM LINCOLN
“Según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, la Unión es
inquebrantable, y en este concepto, no perdonaré esfuerzo alguno para que se
cumplan fiel y lealmente las leyes en todos los Estados”
DISCURSO DE JURAMENTO Y TOMA DE POSESIÓN año 1861
Ciudadanos de los
Estados Unidos:
Cumpliendo con una costumbre tan antigua como el gobierno mismo, me presento a vosotros para dirigiros la palabra y prestar el juramento prescrito por la Constitución de los Estados Unidos antes de tornar posesión del cargo de presidente.
No creo necesario discutir ahora todos aquellos asuntos administrativos que no tienen interés particular; por lo que me limitaré a manifestar que entre los habitantes del Sur predomina, al parecer, el temor de que con la nueva administración republicana peligrará la paz y la seguridad personal, sin que a mi modo de ver haya fundamento alguno para abrigar semejante inquietud.
En mi concepto no hay motivos para pensar así, y esto podría probarse hasta la evidencia, pues sin ir más allá, en todos los discursos del que ahora tiene el honor de dirigiros la palabra se podrá haber comprendido que no tengo intención de intervenir directa o indirectamente en el asunto de la esclavitud en los estados donde existe, pues no creo que tenga derecho para hacerlo, ni me inclino tampoco a ello. Los que me eligieron no ignoraban que yo había hecho esta declaración, y la prueba es que en el programa que me presentaron al ofrecerme sus votos, aparecía el siguiente acuerdo:
«El mantenimiento de los derechos de los estados, y especialmente el de cada uno de aquéllos se rija por sus propias instituciones, es esencial para conservar el equilibrio de nuestro sistema político, y reprobamos la ilegítima invasión por la fuerza armada, de cualquier estado o territorio, considerándola como el más grave de los crímenes.»
Yo apruebo en un todo esta declaración, y al hacerlo así, puedo asegurar que la tranquilidad y el bienestar de todos no se verá de ningún modo en peligro con el nuevo Gobierno. Debo añadir, de paso, que todos los estados serán protegidos con, arreglo a los principios constitucionales y a las leyes, siempre que lo reclamaren por justa causa.
Al prestar el juramento que me impone mi cargo, es mi ánimo observar estrictamente la Constitución y las leyes, y mientras yo no recomiende otras nuevas al Congreso, creo que será mejor para todos conformarnos y regirnos por aquellas normas legales que no han sido anuladas.
Setenta y dos años hace que tomó posesión el primer presidente bajo nuestra Constitución nacional; durante este período, quince presidentes distintos, todos ciudadanos tan distinguidos como ilustres, han representado al poder ejecutivo del Gobierno a través de muchos peligros, pero siempre con feliz éxito; y a pesar de esto, y con tales precedentes, entro en el desempeño de mis elevadas funciones con tanta desconfianza como temor de que me falten las fuerzas necesarias en la situación presente.
La separación con que sueñan algunos estados de la Unión, que no era hasta hace algún tiempo más que una simple amenaza, es ahora, según parece, un plan resuelto. A mi juicio, la ley universal de la Constitución supone que la Unión de los estados ha de ser perpetua, por más que no se exprese esta palabra en la ley fundamental de todos los gobiernos nacionales.
Si se cumplen todas las disposiciones establecidas en la Constitución federal de nuestro país, la Unión existirá siempre, pues no es posible destruirla sin suprimir el instrumento que es la base de nuestro sistema político.
Aun suponiendo que los Estados Unidos no fueran un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de estados, con carácter contractual solamente, ¿podrá anular el pacto una de las partes sin la aprobación y el consentimiento de las demás?
La Unión es mucho más antigua que la Constitución; se formó en 1774 por los artículos que todos conocemos; trece estados distintos se comprometieron a observarla en 1778; y por último, en 1787, uno de los principales objetos al revisar la Constitución, fue formar una Unión todavía más perfecta. Si aquélla deja de observarse por uno o varios estados y se considera que hay el derecho de hacerlo, entonces la Unión sería menor que antes, porque la Constitución habrá perdido el elemento vital de su perpetuidad. Se sigue de aquí que ningún estado puede separarse legalmente de la Unión por su propia iniciativa; que todas las órdenes y acuerdos que así lo prevengan se deben considerar nulos y de ningún valor ni efecto, y que los actos de violencia cometidos en un estado o varios estados contra la autoridad de la Unión constituyen una insurrección o una revolución, según las circunstancias de dichos actos.
Opino, por lo tanto, que según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, la Unión es inquebrantable, y en este concepto, no perdonaré esfuerzo alguno para que se cumplan fiel y lealmente las leyes en todos los Estados. Haciéndolo así, habré cumplido con mi deber, y persistiré en mi resolución mientras me sea posible, a no ser que mi soberano y señor natural, que es el pueblo americano, disponga lo contrario retirándome el poder en debida forma. Confío en que no se interpretarán mis palabras como una amenaza, sino como firme propósito de defender y mantener constitucionalmente la Unión, pues de este modo no será necesario recurrir a las violencias ni verter sangre, si no se pone a la autoridad nacional en la obligación de hacerlo.
Haré uso del poder que se me confiere para conservar y defender los bienes y propiedades pertenecientes al Gobierno, así como también para recaudar los derechos impuestos; mas en todo lo que no se refiere a esto, no habrá invasión de fuerza armada contra el pueblo en ninguna parte.
Donde la hostilidad a los Estados Unidos fuese tan marcada y universal que impidiera que los ciudadanos residentes continuaran en el desempeño de sus funciones, no se tratará de reemplazarlos con extranjeros, pues el hacerlo así, mientras el gobierno tenga un derecho legal para disponer que los funcionarios sigan en sus puestos, sería tan irritante como impracticable, y parece mejor suprimir por lo pronto tales destinos. En una palabra, el pueblo podrá vivir en todas partes con esa tranquila seguridad, tan favorable y necesaria para la reflexión.
Seguiremos la política indicada, a no ser que la experiencia o acontecimientos imprevistos aconsejen alguna modificación o cambio; pero en todos los casos y sean cuales fueren las exigencias, haré cuanto estuviere de mi parte para mantener la paz civil dentro de los límites de la prudencia, dando una solución pacífica a los disturbios que ocurriesen a fin de restablecer nuestras fraternales afecciones y simpatías.
Que haya personas en un punto u otro que tratan de disolver la Unión a toda costa y que buscan un pretexto para hacerlo, es cosa que ni afirmo ni niego; si existen en realidad esas personas, no es necesario que yo les dirija la palabra. Pero esto no quita que hable a los verdaderos amantes de la Unión.
Antes de entrar a discutir un tan grave asunto como lo es el de la destrucción de nuestro sistema nacional, con todos sus beneficios, recuerdos y esperanzas, ¿no sería prudente averiguar por qué lo hacemos? ¿Quién se atrevería a dar un paso tan osado mientras los males que nos aquejan no sean reales y verdaderos, mientras no tengamos la seguridad de que al huir de unos no nos afligirán otros peores? Todos aseguran que estarán contentos con la Unión si se mantienen los derechos constitucionales; ¿será cierto, pues, que se ha negado algún derecho escrito en la Constitución? Yo creo que no, y felizmente la humana inteligencia es tal, que ninguno tendría la audacia de hacerlo.
Citadme un solo caso en que se haya negado alguna de las disposiciones escritas claramente en la Constitución; si por la mera fuerza de los números despojase una mayoría a la minoría de cualquier derecho constitucional expresamente consignado en la Constitución, se justificaría la revolución desde el punto de vista moral, pero aquí no existe este caso. Todos los derechos vitales de las minorías y de los individuos están tan bien asegurados por la Constitución, que nunca se promueven controversias acerca de ellos, y es de desear que así sea, porque no es dable hacer ninguna ley orgánica con una disposición especialmente aplicable a cada una de las cuestiones que pueden ocurrir en la administración práctica.
Nadie puede prever ni hay documento alguno que contenga artículos escritos para resolver todas las cuestiones posibles. ¿Deberán ser entregados los esclavos fugitivos por la autoridad nacional o por la del Estado? La Constitución no lo dice de una manera terminante. ¿Deberá el Congreso proteger la esclavitud en los territorios? La Constitución tampoco lo dice expresamente.
De algunos puntos como éstos nacen nuestras controversias constitucionales, dando lugar a que nos dividamos en mayorías y minorías. Si estas últimas no ceden, la mayoría o el gobierno deben cesar; no hay alternativa, para que éste continúe en el poder sin la conformidad de ambas partes. En este caso, si una minoría prefiere separarse antes que ceder, sienta un precedente que ha de perjudicarle a su vez, pues de su seno mismo saldrá otra minoría cuando la nueva mayoría rehúse aceptar lo que aquélla desea.
Todos los que ansían la desunión comprenden muy bien esto, pero yo pregunto: ¿hay tan perfecta identidad de intereses entre los estados para formar una nueva Unión que produzca sólo la armonía e impida otra nueva separación? Hablaremos con franqueza: la idea dominante de la separación es la esencia de la anarquía.
Una mayoría sujeta a las limitaciones constitucionales y que cambie fácilmente conforme a los cambios de la opinión popular es el verdadero soberano de un pueblo libre; el que la deseche cae en la anarquía; la unanimidad es imposible; rechazando el principio de la mayoría, sólo queda ya el despotismo...
Una parte de nuestro país cree que la esclavitud es conveniente, y que es preciso extenderla, mientras que la otra opina que es un mal y debe suprimirse; y he aquí el gran caballo de batalla que da origen a tantas disensiones, a pesar de que la ley relativa a los esclavos fugitivos y la referente a la supresión del tráfico de negros están hoy en vigor, como todos saben.
Esta cuestión es difícil de resolver satisfactoriamente para todos, pero aún lo sería mucho más separándose los estados, pues por una parte el tráfico de aquellos, suprimido ahora imperfectamente, se haría de nuevo con mayor actividad, y, por otra, los esclavos fugitivos, que se devuelven ahora con frecuencia, no se entregarían entonces.
Físicamente hablando, no podemos separarnos; no podemos aislar nuestras respectivas secciones sin levantar entre ellas una barrera inexpugnable; un marido y su mujer están en el derecho de divorciarse alejándose después uno de otro, pero las diferentes partes de la Unión no pueden hacer esto; deben permanecer unidas y continuar sus relaciones, ya sean éstas amistosas u hostiles. ¿Será posible que esas relaciones sean más ventajosas o satisfactorias después de la separación que antes? ¿Podrán los extraños hacer tratados mejor que los amigos de las leyes? ¿Podrán observarse mejor aquellos que éstas? Suponed que se va a la guerra; la lucha no ha de ser eterna, y cuando después de grandes pérdidas por ambas partes sin conseguir beneficio alguno, cese la contienda, todo serán dificultades respecto a la conducta que se deba observar.
Este país, así como sus instituciones, pertenece al pueblo que lo habita, y cuando éste crea que el gobierno existente no es lo bastante bueno, puede modificarlo en virtud de su derecho constitucional, aun cuando para ello tenga que apelar a la revolución.
Yo no recomiendo enmienda alguna, pero reconozco el derecho del pueblo en este punto, y en vez de oponerme lo apoyaría, sobre todo en las actuales circunstancias si se viera precisado a tornar alguna determinación en tal sentido.
El jefe de la nación recibe su autoridad del pueblo, mas no se le ha conferido derecho alguno para fijar las condiciones con que deben separarse los estados; el pueblo puede hacer esto si quiere; el poder ejecutivo no tiene nada que ver con ello; su deber es administrar el gobierno que se le confió, transmitiéndolo sin tacha a su sucesor. ¿Y por qué no ha de haber una confianza ciega en la justicia del pueblo?
En nuestras actuales disensiones, ¿queréis decirme si hay alguno que crea que no esté de su parte la razón? Si el que rige los destinos de las naciones favoreciese al Norte o al Sur, la razón y la justicia resplandecerían por el juicio de este gran tribunal que se llama el pueblo americano.
Mientras que el pueblo vigile y sea virtuoso, ninguna administración, por mala que sea, podrá perjudicar gravemente al gobierno ni al país en el corto espacio de cuatro años.
Compatriotas: os recomiendo con el mayor encarecimiento que meditéis tranquilamente sobre este punto; nada se pierde por exceso de reflexión. Una resolución precipitada, que la mayor parte de las veces produce fatales consecuencias, no se hubiera tomado ciertamente pensándolo antes con patriótica serenidad; y si es preciso, nada se pierde con reflexionar dos veces, rectificando lo que pida el buen sentido.
Si se admitiera que vosotros los que estáis descontentos del gobierno tenéis toda la razón, aun en este caso no habría motivo fundado para precipitaros.
La inteligencia, el patriotismo, la religión y una firme confianza en ese Dios tan poderoso que siempre dispensó sus favores a este país, es todo cuanto necesitarnos para resolver satisfactoriamente nuestras diferencias. Y a vosotros, compatriotas, los que estáis descontentos, permitidme que os diga que sólo de vosotros depende la paz o la guerra civil.
El gobierno no os atacará. Estad seguros.
No habrá conflictos sin que seáis vosotros los agresores; no existe ningún precepto divino ni humano que os autorice a destruir el gobierno, en tanto que yo estoy ligado por un juramento solemne, según el cual debo preservarlo, protegerlo y defenderlo.
Voy a concluir: no somos enemigos ni debernos serlo; somos amigos; y aunque se hayan dejado algunos dominar en un momento por la cólera, no por esto se deben desatar los amistosos lazos que nos unen para el bien común.
ABRAHAM LINCOLN
Cumpliendo con una costumbre tan antigua como el gobierno mismo, me presento a vosotros para dirigiros la palabra y prestar el juramento prescrito por la Constitución de los Estados Unidos antes de tornar posesión del cargo de presidente.
No creo necesario discutir ahora todos aquellos asuntos administrativos que no tienen interés particular; por lo que me limitaré a manifestar que entre los habitantes del Sur predomina, al parecer, el temor de que con la nueva administración republicana peligrará la paz y la seguridad personal, sin que a mi modo de ver haya fundamento alguno para abrigar semejante inquietud.
En mi concepto no hay motivos para pensar así, y esto podría probarse hasta la evidencia, pues sin ir más allá, en todos los discursos del que ahora tiene el honor de dirigiros la palabra se podrá haber comprendido que no tengo intención de intervenir directa o indirectamente en el asunto de la esclavitud en los estados donde existe, pues no creo que tenga derecho para hacerlo, ni me inclino tampoco a ello. Los que me eligieron no ignoraban que yo había hecho esta declaración, y la prueba es que en el programa que me presentaron al ofrecerme sus votos, aparecía el siguiente acuerdo:
«El mantenimiento de los derechos de los estados, y especialmente el de cada uno de aquéllos se rija por sus propias instituciones, es esencial para conservar el equilibrio de nuestro sistema político, y reprobamos la ilegítima invasión por la fuerza armada, de cualquier estado o territorio, considerándola como el más grave de los crímenes.»
Yo apruebo en un todo esta declaración, y al hacerlo así, puedo asegurar que la tranquilidad y el bienestar de todos no se verá de ningún modo en peligro con el nuevo Gobierno. Debo añadir, de paso, que todos los estados serán protegidos con, arreglo a los principios constitucionales y a las leyes, siempre que lo reclamaren por justa causa.
Al prestar el juramento que me impone mi cargo, es mi ánimo observar estrictamente la Constitución y las leyes, y mientras yo no recomiende otras nuevas al Congreso, creo que será mejor para todos conformarnos y regirnos por aquellas normas legales que no han sido anuladas.
Setenta y dos años hace que tomó posesión el primer presidente bajo nuestra Constitución nacional; durante este período, quince presidentes distintos, todos ciudadanos tan distinguidos como ilustres, han representado al poder ejecutivo del Gobierno a través de muchos peligros, pero siempre con feliz éxito; y a pesar de esto, y con tales precedentes, entro en el desempeño de mis elevadas funciones con tanta desconfianza como temor de que me falten las fuerzas necesarias en la situación presente.
La separación con que sueñan algunos estados de la Unión, que no era hasta hace algún tiempo más que una simple amenaza, es ahora, según parece, un plan resuelto. A mi juicio, la ley universal de la Constitución supone que la Unión de los estados ha de ser perpetua, por más que no se exprese esta palabra en la ley fundamental de todos los gobiernos nacionales.
Si se cumplen todas las disposiciones establecidas en la Constitución federal de nuestro país, la Unión existirá siempre, pues no es posible destruirla sin suprimir el instrumento que es la base de nuestro sistema político.
Aun suponiendo que los Estados Unidos no fueran un gobierno propiamente dicho, sino una asociación de estados, con carácter contractual solamente, ¿podrá anular el pacto una de las partes sin la aprobación y el consentimiento de las demás?
La Unión es mucho más antigua que la Constitución; se formó en 1774 por los artículos que todos conocemos; trece estados distintos se comprometieron a observarla en 1778; y por último, en 1787, uno de los principales objetos al revisar la Constitución, fue formar una Unión todavía más perfecta. Si aquélla deja de observarse por uno o varios estados y se considera que hay el derecho de hacerlo, entonces la Unión sería menor que antes, porque la Constitución habrá perdido el elemento vital de su perpetuidad. Se sigue de aquí que ningún estado puede separarse legalmente de la Unión por su propia iniciativa; que todas las órdenes y acuerdos que así lo prevengan se deben considerar nulos y de ningún valor ni efecto, y que los actos de violencia cometidos en un estado o varios estados contra la autoridad de la Unión constituyen una insurrección o una revolución, según las circunstancias de dichos actos.
Opino, por lo tanto, que según lo dispuesto en la Constitución y las leyes, la Unión es inquebrantable, y en este concepto, no perdonaré esfuerzo alguno para que se cumplan fiel y lealmente las leyes en todos los Estados. Haciéndolo así, habré cumplido con mi deber, y persistiré en mi resolución mientras me sea posible, a no ser que mi soberano y señor natural, que es el pueblo americano, disponga lo contrario retirándome el poder en debida forma. Confío en que no se interpretarán mis palabras como una amenaza, sino como firme propósito de defender y mantener constitucionalmente la Unión, pues de este modo no será necesario recurrir a las violencias ni verter sangre, si no se pone a la autoridad nacional en la obligación de hacerlo.
Haré uso del poder que se me confiere para conservar y defender los bienes y propiedades pertenecientes al Gobierno, así como también para recaudar los derechos impuestos; mas en todo lo que no se refiere a esto, no habrá invasión de fuerza armada contra el pueblo en ninguna parte.
Donde la hostilidad a los Estados Unidos fuese tan marcada y universal que impidiera que los ciudadanos residentes continuaran en el desempeño de sus funciones, no se tratará de reemplazarlos con extranjeros, pues el hacerlo así, mientras el gobierno tenga un derecho legal para disponer que los funcionarios sigan en sus puestos, sería tan irritante como impracticable, y parece mejor suprimir por lo pronto tales destinos. En una palabra, el pueblo podrá vivir en todas partes con esa tranquila seguridad, tan favorable y necesaria para la reflexión.
Seguiremos la política indicada, a no ser que la experiencia o acontecimientos imprevistos aconsejen alguna modificación o cambio; pero en todos los casos y sean cuales fueren las exigencias, haré cuanto estuviere de mi parte para mantener la paz civil dentro de los límites de la prudencia, dando una solución pacífica a los disturbios que ocurriesen a fin de restablecer nuestras fraternales afecciones y simpatías.
Que haya personas en un punto u otro que tratan de disolver la Unión a toda costa y que buscan un pretexto para hacerlo, es cosa que ni afirmo ni niego; si existen en realidad esas personas, no es necesario que yo les dirija la palabra. Pero esto no quita que hable a los verdaderos amantes de la Unión.
Antes de entrar a discutir un tan grave asunto como lo es el de la destrucción de nuestro sistema nacional, con todos sus beneficios, recuerdos y esperanzas, ¿no sería prudente averiguar por qué lo hacemos? ¿Quién se atrevería a dar un paso tan osado mientras los males que nos aquejan no sean reales y verdaderos, mientras no tengamos la seguridad de que al huir de unos no nos afligirán otros peores? Todos aseguran que estarán contentos con la Unión si se mantienen los derechos constitucionales; ¿será cierto, pues, que se ha negado algún derecho escrito en la Constitución? Yo creo que no, y felizmente la humana inteligencia es tal, que ninguno tendría la audacia de hacerlo.
Citadme un solo caso en que se haya negado alguna de las disposiciones escritas claramente en la Constitución; si por la mera fuerza de los números despojase una mayoría a la minoría de cualquier derecho constitucional expresamente consignado en la Constitución, se justificaría la revolución desde el punto de vista moral, pero aquí no existe este caso. Todos los derechos vitales de las minorías y de los individuos están tan bien asegurados por la Constitución, que nunca se promueven controversias acerca de ellos, y es de desear que así sea, porque no es dable hacer ninguna ley orgánica con una disposición especialmente aplicable a cada una de las cuestiones que pueden ocurrir en la administración práctica.
Nadie puede prever ni hay documento alguno que contenga artículos escritos para resolver todas las cuestiones posibles. ¿Deberán ser entregados los esclavos fugitivos por la autoridad nacional o por la del Estado? La Constitución no lo dice de una manera terminante. ¿Deberá el Congreso proteger la esclavitud en los territorios? La Constitución tampoco lo dice expresamente.
De algunos puntos como éstos nacen nuestras controversias constitucionales, dando lugar a que nos dividamos en mayorías y minorías. Si estas últimas no ceden, la mayoría o el gobierno deben cesar; no hay alternativa, para que éste continúe en el poder sin la conformidad de ambas partes. En este caso, si una minoría prefiere separarse antes que ceder, sienta un precedente que ha de perjudicarle a su vez, pues de su seno mismo saldrá otra minoría cuando la nueva mayoría rehúse aceptar lo que aquélla desea.
Todos los que ansían la desunión comprenden muy bien esto, pero yo pregunto: ¿hay tan perfecta identidad de intereses entre los estados para formar una nueva Unión que produzca sólo la armonía e impida otra nueva separación? Hablaremos con franqueza: la idea dominante de la separación es la esencia de la anarquía.
Una mayoría sujeta a las limitaciones constitucionales y que cambie fácilmente conforme a los cambios de la opinión popular es el verdadero soberano de un pueblo libre; el que la deseche cae en la anarquía; la unanimidad es imposible; rechazando el principio de la mayoría, sólo queda ya el despotismo...
Una parte de nuestro país cree que la esclavitud es conveniente, y que es preciso extenderla, mientras que la otra opina que es un mal y debe suprimirse; y he aquí el gran caballo de batalla que da origen a tantas disensiones, a pesar de que la ley relativa a los esclavos fugitivos y la referente a la supresión del tráfico de negros están hoy en vigor, como todos saben.
Esta cuestión es difícil de resolver satisfactoriamente para todos, pero aún lo sería mucho más separándose los estados, pues por una parte el tráfico de aquellos, suprimido ahora imperfectamente, se haría de nuevo con mayor actividad, y, por otra, los esclavos fugitivos, que se devuelven ahora con frecuencia, no se entregarían entonces.
Físicamente hablando, no podemos separarnos; no podemos aislar nuestras respectivas secciones sin levantar entre ellas una barrera inexpugnable; un marido y su mujer están en el derecho de divorciarse alejándose después uno de otro, pero las diferentes partes de la Unión no pueden hacer esto; deben permanecer unidas y continuar sus relaciones, ya sean éstas amistosas u hostiles. ¿Será posible que esas relaciones sean más ventajosas o satisfactorias después de la separación que antes? ¿Podrán los extraños hacer tratados mejor que los amigos de las leyes? ¿Podrán observarse mejor aquellos que éstas? Suponed que se va a la guerra; la lucha no ha de ser eterna, y cuando después de grandes pérdidas por ambas partes sin conseguir beneficio alguno, cese la contienda, todo serán dificultades respecto a la conducta que se deba observar.
Este país, así como sus instituciones, pertenece al pueblo que lo habita, y cuando éste crea que el gobierno existente no es lo bastante bueno, puede modificarlo en virtud de su derecho constitucional, aun cuando para ello tenga que apelar a la revolución.
Yo no recomiendo enmienda alguna, pero reconozco el derecho del pueblo en este punto, y en vez de oponerme lo apoyaría, sobre todo en las actuales circunstancias si se viera precisado a tornar alguna determinación en tal sentido.
El jefe de la nación recibe su autoridad del pueblo, mas no se le ha conferido derecho alguno para fijar las condiciones con que deben separarse los estados; el pueblo puede hacer esto si quiere; el poder ejecutivo no tiene nada que ver con ello; su deber es administrar el gobierno que se le confió, transmitiéndolo sin tacha a su sucesor. ¿Y por qué no ha de haber una confianza ciega en la justicia del pueblo?
En nuestras actuales disensiones, ¿queréis decirme si hay alguno que crea que no esté de su parte la razón? Si el que rige los destinos de las naciones favoreciese al Norte o al Sur, la razón y la justicia resplandecerían por el juicio de este gran tribunal que se llama el pueblo americano.
Mientras que el pueblo vigile y sea virtuoso, ninguna administración, por mala que sea, podrá perjudicar gravemente al gobierno ni al país en el corto espacio de cuatro años.
Compatriotas: os recomiendo con el mayor encarecimiento que meditéis tranquilamente sobre este punto; nada se pierde por exceso de reflexión. Una resolución precipitada, que la mayor parte de las veces produce fatales consecuencias, no se hubiera tomado ciertamente pensándolo antes con patriótica serenidad; y si es preciso, nada se pierde con reflexionar dos veces, rectificando lo que pida el buen sentido.
Si se admitiera que vosotros los que estáis descontentos del gobierno tenéis toda la razón, aun en este caso no habría motivo fundado para precipitaros.
La inteligencia, el patriotismo, la religión y una firme confianza en ese Dios tan poderoso que siempre dispensó sus favores a este país, es todo cuanto necesitarnos para resolver satisfactoriamente nuestras diferencias. Y a vosotros, compatriotas, los que estáis descontentos, permitidme que os diga que sólo de vosotros depende la paz o la guerra civil.
El gobierno no os atacará. Estad seguros.
No habrá conflictos sin que seáis vosotros los agresores; no existe ningún precepto divino ni humano que os autorice a destruir el gobierno, en tanto que yo estoy ligado por un juramento solemne, según el cual debo preservarlo, protegerlo y defenderlo.
Voy a concluir: no somos enemigos ni debernos serlo; somos amigos; y aunque se hayan dejado algunos dominar en un momento por la cólera, no por esto se deben desatar los amistosos lazos que nos unen para el bien común.
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