RAÚL ALFONSÍN “la única forma de demostrar que la democracia debe sobrevivir en nuestros países es creando un gran espacio económico latinoamericano con rapidez, seriedad y eficacia: promoviendo la integración económica de nuestros países”

RAÚL ALFONSÍN 

“la única forma de demostrar que la democracia debe sobrevivir en nuestros países es creando un gran espacio económico latinoamericano con rapidez, seriedad y eficacia: promoviendo la integración económica de nuestros países”

DISCURSO DEL 19 de Junio de 1987 EN LA CIUDAD DE FILADELFIA, EE.UU., CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN.

Señoras y señores:
Alexander Hamilton escribió en la primera página de "El Federalista": "...parece que se le ha reservado al pueblo de este país decidir, mediante su conducta y su ejemplo,... si las sociedades de hombres son realmente capaces o no de establecer un buen gobierno a través de la reflexión y de la elección o si están siempre destinadas a depender, para sus constituciones políticas, del accidente y de la fuerza".
He venido desde el otro extremo de este continente para testimoniar el homenaje de mi pueblo a quienes demostraron que era posible establecer un buen gobierno a través de la reflexión y de la elección: el documento de tres mil quinientas palabras que fuera aprobado hace doscientos años en esta ciudad, hoy sigue sirviendo de pacto de unión de un gran territorio en el que han confluido descendientes de todos los pueblos del mundo, yen el que la prosperidad inmensa de una nación se armoniza con la libertad de los individuos que la habitan.
Lo que celebramos en el bicentenario de la Constitución Norteamericana es el triunfo de la razón sobre la fuerza, la prevalencia del designio sobre el azar, el Joder de los valores para plasmar la realidad, el acierto de apelar y respetar, generación tras generación, a la decisión de la voluntad general libremente expresada para construir el gran destino de un gran pueblo.
Se ha dicho que un texto es clásico cuando, a través del tiempo, personas muy diferentes pueden encontrar en él un estímulo frente a sus diversas preguntas e inquietudes. La Biblia, con la palabra de Dios, es el libro clásico por antonomasia. También lo son el Quijote de Cervantes o los dramas de Shakespeare. Del mismo modo la Constitución de los Estados Unidos es un clásico, porque en ella pudieron encontrar inspiración desde hace dos siglos hombres y mujeres de distintas regiones del mundo, porque en ella hoy seguimos encontrando inspiración para responder a las preguntas e inquietudes que nos acosan en diferentes lugares del planeta.
Creo que el homenaje que puedo rendirle a esta Constitución, sobre la que tantos han hablado con mayor autoridad que yo, es examinando cómo ha servido y sirve a los argentinos para guiarnos en momentos cruciales de nuestra historia.

Sin duda es lo que ocurrió a mediados del siglo pasado. A pesar de que éramos independientes desde hacía cuatro décadas, no habíamos logrado consolidar instituciones que nos permitieran vivir en paz, libertad y prosperidad. Entretanto en los Estados Unidos, tal como lo imaginara Hamilton, ya se había demostrado durante tres generaciones que era posible hacer realidad tangible y práctica lo que antes sólo había existido en la teoría yen los sueños. Ese ejemplo tuvo una inmensa influencia para estimular la organización institucional de la Argentina.
Así fue como también nosotros emprendimos el intento increíblemente audaz de consolidar una nación a través de la ley, de la Constitución, adaptando a nuestro medio algunas de las instituciones que aquí se crearon hace dos siglos, junto a otras perfeccionadas por la ulterior práctica constitucional norteamericana. Entre ellas vale la pena mencionar la idea de una Federación con un gobierno central que tiene imperium directo sobre los habitantes de los estados o provincias locales, la idea de una separación y equilibrio entre órganos a los que se adjudican las tres funciones tradicionales del gobierno, la idea de un bicameralismo fundado en un doble principio de representación, la idea del control judicial de constitucionalidad en casos concretos.
Estas y otras ideas generadas en América del Norte se combinaron de modo singularmente creativo con aportes de otras fuentes y con conclusiones extraídas de la propia experiencia argentina. Por ejemplo, el federalismo fue atenuado para fortalecer la unión entre las provincias y el sistema constitucional fue adaptado a una legislación de tradición continental europea. La Constitución, asimismo, fue dictada en la Argentina con una carta de derechos muy amplia y completa, que incluso contiene una cláusula de privacidad -proveniente de un Estatuto argentino de 1815- por el cual las acciones que no dañan a terceros se declaran sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
De un modo general podría decir, en suma, que la Constitución y el sistema constitucional norteamericano, tuvieron profunda influencia en tres campos fundamentales de las instituciones políticas argentinas: la organización y funcionamiento del gobierno, las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos -al establecer la carta de derechos y garantías-, y las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Naturalmente hubiera sido imposible recibir el aporte constitucional norteamericano si no hubiera existido previamente una afinidad profunda. Esa afinidad se fundaba en que la democracia constituyó el punto de partida y el signo bajo el cual nacieron a la vida las naciones latinoamericanas. Los ideales de libertad, de igualdad y de dignidad de los seres humanos fueron los que alimentaron el movimiento emancipador. Fueron actos profundamente democráticos los que marcaron, en lo que es hoy la Argentina, los acontecimientos de mayo de 1810, la Asamblea de 1813, la Declaración de la Independencia en 1816. Dentro de este cauce histórico no resultó extraño, por consiguiente, que se considerara a la Constitución norteamericana como una fuente invalorable para formular nuestra Constitución Nacional en 1853.
Pero así como afinidades profundas nos permitieron incorporar con naturalidad rasgos institucionales y una rica experiencia adquirida en esta otra parte de América, no es menos cierto que la adopción de esas instituciones y el uso de la experiencia que ustedes habían ganado, permitieron que muchas afinidades de ideales se consolidaran en similitudes de hecho.
Los Estados Unidos se habían formado bajo condiciones que promovieron el surgimiento de modos novedosos de organización social, dejando atrás la cristalización de diferencias religiosas, sociales y económicas que caracterizaba –y en ocasiones inmovilizaba- al viejo mundo europeo. Fue sin duda trascendente institucionalizar esta experiencia garantizando iguales derechos y oportunidades a los individuos, independientemente de su origen, religión, raza o condición. Gracias a ello fueron atraídas e incorporadas al suelo americano personas de las más diversas proveniencias, deseosas de trabajar y cambiar su suerte, progresando y haciendo progresar la tierra que las acogía, aportando una infinita variedad y riqueza a la sociedad que las recibía y que contribuían a conformar.
Nuestro país también se enriqueció con la experiencia norteamericana Y alentó las transformaciones inspiradas por grandes hombres que nos impulsaron a poblar un territorio deshabitado, a educar al pueblo, a explotar nuestros recursos y a consolidar nuestro destino como nación.
Así fue cómo, sancionada la Constitución Argentina en 1853 y resueltos los problemas de organización federal poco tiempo después, durante setenta años mi país gozó de una notable estabilidad que abrió el camino a una fulgurante prosperidad. Se cumplió el sueño del mayor inspirador de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, de atraer grandes contingentes de inmigrantes, gracias a la garantía de otorgar igualdad de derechos "a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", como la Constitución estipula. En pocas décadas la población del país se multiplicó varias veces, sus llanuras desiertas se transformaron en feraces sembrados, en sus ciudades se fundaron talleres y fábricas, al tiempo que se difundían la cultura y las comodidades de la civilización de la época. La Argentina, otrora un remoto y oscuro rincón de América, se llegó a colocar entre los países del mundo que ofrecían mayores perspectivas de bienestar a sus habitantes.
En esta perspectiva no sorprende que la ruptura de la estabilidad institucional, en 1930, haya iniciado una etapa de decadencia que nos agobió por más de medio siglo. Ciertamente no fue un proceso lineal sino que estuvo signado por avances Y retrocesos. Pero el saldo final resultó muy negativo, especialmente por todo lo que la Argentina dejó de progresar, por las innumerables oportunidades que potencialmente estaba en condiciones de aprovechar y que no aprovechó debido a la inestabilidad política y al deterioro de las instituciones.
Así es como hoy, a poco de recuperar nuevamente la vigencia de la democracia, vivimos otro momento crucial de nuestra historia. Al igual que a mediados del siglo pasado, cuando se hizo evidente la necesidad de terminar con un ciclo de violencia, enfrentamientos y frustraciones, ahora también es claro que debemos asegurar la estabilidad de las instituciones Y afianzar la paz entre nosotros si queremos construir un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Y así como lo hicimos en el pasado, hoy también volvemos nuestros ojos hacia la Constitución y la experiencia constitucional norteamericana a fin de extraer enseñanzas que nos iluminen para superar las dificultades que enfrentamos.
Creo que hay tres cuestiones centrales en las que el ejemplo norteamericano puede resultamos de gran utilidad: la valorización de la democracia y del imperio del derecho como condición de un buen gobierno; la necesidad de revisar nuestras instituciones para asegurar tanto la estabilidad política de la nación como la libertad y prosperidad de sus habitantes, y, por último pero de enorme importancia, la necesidad de emprender una nueva etapa en las relaciones entre los países de América Latina, para hacer frente a los grandes problemas que hoy nos agobian.
Sería ingenuo atribuir la decadencia sufrida por la Argentina durante las últimas décadas sólo a la ruptura de la continuidad institucional. Pero también nos equivocaríamos mucho si no comprendiéramos que, al no afrontar nuestras dificultades dentro del funcionamiento normal de las instituciones y de la ley -como lo hicieron los norteamericanos durante la Gran Depresión de los años treinta-, limitamos enormemente nuestra capacidad para superar obstáculos e impulsar el progreso de la nación. Más allá de la pureza o no de los ideales que los inspiraban, quienes pensaron que podían actuar fuera de la ley como método idóneo para resolver los problemas, causaron inmensos perjuicios a la Argentina. Debido a ese tipo de comportamientos sufrimos arbitrariedades y violencias crecientes durante medio siglo. Y el resultado fue un retroceso histórico en todos los terrenos, en el de las ideas como en el de la economía, en el de los valores como en el del bienestar y la dignidad de nuestros compatriotas.
Volviendo a la cita de Hamilton yo diría que, durante esa época, en la Argentina preferimos recurrir al azar y la fuerza en vez de apelar a la reflexión y a la elección. Pero lo que pasó, cuando lo comparamos con lo que antes había sucedido en nuestro país o con lo que al mismo tiempo ocurrió en los Estados Unidos, nos deja una lección provechosa: con el azar y la fuerza no se puede gobernar bien a la Argentina o a cualquier país esencialmente democrático, mientras que la reflexión y la elección son los únicos medios que pueden proporcionar un buen gobierno.
En otros términos, el respeto a la ley, la vigencia de la libertad y de las garantías a los individuos, la consolidación de la paz interna a través de la convivencia civilizada y pluralista, el rechazo a apelar a la violencia como método para resolver los conflictos políticos, no sólo son un fin deseable sino también el único método realista en la Argentina para resolver nuestras dificultades y progresar.
Esta afirmación no es una expresión de deseos sino la comprobación de una realidad manifiesta que tiene, por lo demás, un fundamento muy claro. Porque si bien desde 1930 hemos sufrido en la Argentina una caótica vida institucional signada por los golpes de estado, no es menos cierto que siempre existió también una fuerte presión para retornar a las formas de gobierno democrático. El motivo es simple: la organización social de la Argentina es esencialmente democrática, hecho que los norteamericanos pueden entender bien si recordamos las afinidades ideológicas originarias y las similitudes de formación histórica con la organización social de los Estados Unidos que mencioné antes. Por eso volvemos a la democracia, por eso necesitamos la democracia, ya que es imposible gobernar establemente a la Argentina de otro modo. Por eso quienes no desean ni respetan la democracia dentro de nuestro país, en definitiva sólo pueden apelar a la inestabilidad y a la consiguiente decadencia como alternativa.
Pero si necesitamos consolidar la democracia como único método viable y permanente de gobierno en la Argentina, es preciso examinar los cambios institucionales que nos ayudarían a lograrlo. En ese sentido es muy útil observar una vez más, a partir de las duras experiencias que atravesamos, la Constitución y el juego de las instituciones en los Estados Unidos y en otros países democráticos desarrollados.
Un aspecto que siempre me llamó la atención y me preocupó es que en la Argentina existe una cierta debilidad de los frenos y contrapesos institucionales del poder. Esto resulta bastante ostensible cuando observamos cómo el funcionamiento de estos mecanismos en los Estados Unidos permitió resguardar la libertad de los individuos y la estabilidad de las instituciones.
Es posible que en la Argentina hayamos favorecido, en cambio, tendencias a la concentración de poder que nos causaron problemas. Quizás estas tendencias aparecieron debido a la forma en que combinamos las instituciones y experiencias norteamericanas y europeas al diseñar nuestras propias instituciones.
Así, por ejemplo, en nuestra organización política seguimos en buena medida el modelo de la Constitución Norteamericana que atribuyó importantes facultades al poder ejecutivo central. Esto resultaba muy comprensible, ya que en los Estados Unidos se trataba de crear mecanismos que cimentaran la unidad entre gobiernos locales muy asentados y proclives a la independencia cuando no a la secesión. Sin embargo, este contrapeso histórico no tuvo la misma magnitud en nuestro país, con lo cual se originó una tendencia a concentrar poder en manos del presidente de la República.
Paralelamente en la Argentina, por evidentes motivos históricos, adoptamos una organización legal y administrativa enraizada en la tradición europea continental. Estos sistemas jurídicos y administrativos tendían a establecer moldes normativos unificados y centralizantes, algo bastante explicable si se tiene en cuenta la necesidad de superar los localismos tradicionales que trababan las transformaciones económicas y sociales en el Viejo Mundo. Pero por eso mismo resulta claro cómo el carácter parlamentario de los gobiernos, al incrementar fuertemente el control político del ejercicio del poder, permite asegurar la vigencia de la democracia y de las libertades individuales impidiendo un uso arbitrario de normas y facultades centralizadoras.
Este es otro contrapeso del que carecimos en la Argentina, donde, por el contrario, esta forma de organización jurídica y administrativa añadió un factor más de concentración de poder en manos del presidente de la República.
Por último a las tendencias de concentración del poder político y administrativo también se sumaron en Argentina fuerzas que estimularon la concentración del poder económico en la ciudad de Buenos Aires, capital de la nación. En este sentido una enseñanza saludable, a mi juicio, de la experiencia norteamericana, fue precisamente la de no ubicar al gobierno central en una ciudad con gran poder económico. Es evidente que cuando conviven en un mismo lugar los mayores factores de poder político y de poder económico se facilita la interpenetración de uno con otro y se estimulan los impulsos para que las tendencias a concentrar el poder se realimenten en ambos campos.
Pienso que una de las lecciones más sabias que podemos obtener del sistema constitucional norteamericano es que la preservación de la democracia depende en gran medida de la aptitud para limitar la concentración del poder en la sociedad. De otro modo, se producen bloqueos crecientes en la resolución de conflictos de intereses, se crean callejones sin salida que amenazan la estabilidad de las instituciones, la vigencia de las libertades, la supervivencia, en fin, de la democracia.
Esta es una lección dolorosa que la historia reciente nos ha impartido a los argentinos. Si sabemos interpretarla debemos promover cambios en nuestras instituciones, de acuerdo a las reglas que ellas mismas estipulan, para consolidar la democracia. Es con este propósito, entre otros, que en la Argentina tomamos un conjunto de iniciativas para realizar una reforma constitucional, producir el traslado de la Capital Federal y efectuar una serie de transformaciones destinadas a modernizar y descentralizar la Administración pública.
Todos estos cambios, sin embargo, resultarán insuficientes para consolidar la democracia si, al mismo tiempo, la democracia no demuestra ser eficaz para afrontar y resolver los problemas económicos y sociales que agobian a nuestros pueblos, y resulta paradójico comprobar cómo, en el momento mismo en que se produce un renacimiento de la democracia a lo largo de nuestro continente, nos encontramos sumidos en una de las crisis más graves del siglo.
Pocas veces en toda su historia, en efecto, nuestros países han enfrentado una perspectiva económica externa tan sombría como la de la actualidad. Los precios de nuestras exportaciones tradicionales han descendido a los niveles más bajos del siglo, en ocasiones debido a una verdadera guerra de subsidios a su producción en las economías avanzadas, en otros casos porque en esas economías se desarrollaron sustitutos que reemplazaron a los bienes que exportábamos. Al mismo tiempo se nos discrimina cada vez más, tanto en la colocación de nuestros productos tradicionales como en la de nuestros productos industriales, y para coronar esta situación nos encontramos con la carga insoportable de una deuda externa en la que el mero pago de sus intereses absorbe una parte sustancial de nuestra capacidad de ahorro, mientras se ha cortado el flujo de capitales que tradicionalmente llegaba desde las naciones industrializadas. De esta manera, en el último quinquenio Latinoamérica ha girado más de cien mil millones de dólares hacia los países desarrollados, amputando casi de cuajo nuestras posibilidades de invertir para reiniciar un crecimiento económico que precisamos desesperadamente.
Este cuadro resulta aún más dramático cuando observamos lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado y el impacto que puede tener sobre nuestras naciones. Los avances tecnológicos formidables que se han logrado en los países industrializados, avances que van desde la robotización que sustituye la mano de obra, hasta la biogenética que multiplica las posibilidades de producción de alimentos, indican una tendencia creciente a reducir las relaciones que se mantenían con las economías en desarrollo. Poco a poco vemos cómo se consolidan grandes espacios económicos dotados de una gran capacidad para impulsar o incorporar profundos cambios tecnológicos, cómo el conjunto de relaciones económicas mundiales se va concentrando en el intercambio entre estos grandes espacios y cómo, en definitiva, muchas naciones en desarrollo van quedando más y más marginadas de la economía mundial y de su evolución.
La única forma real de enfrentar esta situación por nuestra parte, la única forma de darle una respuesta sólida y creativa, la única forma de demostrar que la democracia debe sobrevivir en nuestros países por su aptitud para resolver los problemas, es creando un gran espacio económico latinoamericano con rapidez, seriedad y eficacia: promoviendo la integración económica de nuestros países no ya como aspiración secular sino como necesidad imperiosa para que nuestras economías resulten viables y prósperas. En un mundo en el que los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, el Japón, la Unión Soviética y el COMECON, China y la India conforman cada uno de ellos mercados de centenares de millones de personas con productos anuales que están en el orden de magnitud de los billones de dólares, no hay otro modo de adquirir capacidad para incorporar masivamente e impulsar el cambio tecnológico que constituye el factor fundamental de progreso y crecimiento en las economías modernas.
América Latina posee hoy, en conjunto, una población y un producto comparable al de esos grandes espacios económicos. Posee, además, un grado aceptable de industrialización y urbanización, junto con una infraestructura de energía, comunicaciones, transportes, educación y salud, que, a pesar de sus carencias, le confiere sin embargo aptitud para configurar un gran espacio económico regional.
Las aspiraciones de una integración económica latinoamericana tuvieron poco sustento mientras la dispersión y debilidad de las economías de nuestras naciones no ofrecían oportunidades reales de ponerla en marcha.
Más tarde, cuando se desarrollaron las industrias, las ciudades, la provisión de energía, las comunicaciones, la educación, los transportes y los servicios de salud, ocurrió que las oportunidades de crecimiento, dentro del sistema tradicional de intercambio comercial, fueron suficientemente estimulantes para muchas naciones como para afrontar con decisión las dificultades y riesgos que implica un proceso de integración.
Hoy, en cambio, este desafío abre una posibilidad, una alternativa frente a un mundo en el que se cierra un camino tras otro. Se trata, probablemente, del desafío más audaz para América Latina en este siglo, quizás el más atrevido de su historia luego de la gesta de la emancipación.
Frente a él, una vez más, resulta inspirador el ejemplo de la Constitución Norteamericana que se sancionó en esta ciudad hace doscientos años. Porque también en esa ocasión, como ahora, se planteaba el desafío de alcanzar "una unión más perfecta" entre gobiernos distintos, con condiciones y características diferentes, para constituir una realidad. Había que hacerlo, como hoy, mediante un acuerdo voluntario, conjugando intereses particulares en un interés común, evitando predominios y hegemonías, siendo prácticos y eficaces para poner en marcha un gran sueño.
A través del éxito que obtuvieron, los Padres Fundadores de esta nación nos llegaron varias lecciones esenciales. Quizás la mayor de ellas es que una unión como la que se propusieron sólo podía fundarse en la vigencia de la democracia, en el respeto a las garantías y derechos que protegían la libertad de los individuos y de sus gobiernos locales. Incluso es aleccionador que el mayor problema interno que sufrieron los Estados Unidos, la mayor amenaza al mantenimiento de la unión, proviniera, precisamente, de la supervivencia de una institución retrógrada y anacrónica como lo fue la esclavitud.
Por todas estas razones adquiere singular relevancia el nuevo florecimiento de la democracia en nuestra región para encarar seriamente la creación de un gran espacio económico comunitario entre un conjunto de naciones. Tal como nos lo demostraron los Estados Unidos, la democracia ofrece las condiciones políticas más apropiadas, sino las únicas posibles, para lograr este tipo de acuerdos entre naciones cuyas sociedades y economías han alcanzado ya un grado importante de complejidad y sofisticación.
Es evidente que un proyecto de esta dimensión plantea requerimientos y modificaciones significativas en la vida de cada uno de los países participantes lo cual para ser sólido y viable, exige un consenso de la población que solo las democracias pueden solicitar y obtener. Por otra parte la conformación de una comunidad económica regional únicamente puede lograrse, entre países como los nuestros, gracias a acuerdos claros y cooperativos de asociación que no conlleven al predominio de una u otra nación. Difícilmente podría concebirse este tipo de acuerdos entre regímenes autoritarios, en tanto que por el contrario responden a la naturaleza y esencia de los sistemas democráticos. No es por azar que la Comunidad Económica Europea sólo haya podido fundarse y ampliarse, superando enemistades seculares, entre gobiernos democráticos. Y no cabe duda, tampoco, que el florecimiento y la prosperidad económica alcanzada por esa Comunidad haya consolidado definitivamente la vigencia de la democracia entre sus miembros, al tiempo que contribuyó sustancialmente a fortalecer la paz y la seguridad en toda la región y sus zonas aledañas.
La situación que hoy vive América Latina se asemeja en alguna manera a la que se planteó en Europa inmediatamente después de la guerra. Allí volvían a aparecer, incipientes y frágiles, democracias donde habían reinado dictaduras Y ocupaciones militares. Allí era preciso reconstruir economías enteras a partir de la terrible devastación dejada por la guerra. Allí era necesario buscar la concordia y la unidad entre naciones que se habían combatido y odiado.
Pocos proyectos podrían haber parecido más irrazonables e irrealizables. Sin duda habría sido irrazonable e irrealizable si no hubiera mediado la voluntad Y el esfuerzo de pueblos y gobiernos, una voluntad y un esfuerzo cimentado en la conciencia de las terribles experiencias que se habían vivido y en el deseo de no repetirlas jamás.
Pero también habría sido imposible llevar a cabo estos proyectos si el resto del mundo, en particular los Estados Unidos, no hubiesen comprendido que ante el desafío no era posible aplicar viejas fórmulas o repetir rutinas sino actuar con imaginación, buscando nuevas soluciones Y nuevos procedimientos para afrontar los nuevos problemas.
Hoy en América Latina han resurgido nuevamente democracias sobre la desolación política dejada por regímenes autoritarios. Pero las economías de nuestras naciones atraviesan la peor crisis del último medio siglo. Enfrentados a nuevos problemas en el mundo estamos buscando soluciones originales para todo un continente. Contamos para ello con la voluntad de nuestros pueblos y nuestros gobiernos, dispuestos a trabajar seriamente, a corregir nuestros errores Y a realizar sacrificios para hacer realidad una esperanza.
Hoy, como hace cuarenta años en Europa, está en juego la suerte de un continente. ¿Tendrán las democracias ricas y avanzadas de la actualidad la imaginación y la audacia que se tuvo entonces?
Retornemos por un momento al pasado. Hace doscientos años, en esta misma ciudad, un grupo de hombres tuvo la imaginación Y la decisión de poner en marcha un sueño que transformó un continente. Representaban los sueños y la voluntad de un pueblo. Ahora somos nosotros quienes debemos asumir los sueños y la voluntad de nuestros pueblos para transformarlos en realidad.
No me cabe duda que si aunamos nuestros esfuerzos, como hace doscientos años se hizo aquí, como hace cuarenta años se lo hizo en Europa, seremos capaces de construir en el curso de una generación una floreciente Comunidad Económica Latinoamericana, seremos capaces de lograr en el curso de una generación estabilidad, prosperidad y libertad para una región que, por su parte, proporcionará paz y seguridad al mundo.
Si lo logramos, habremos, entonces sí, rendido nuestro mejor homenaje a quienes dedicaron su vida a probar que "las sociedades de los hombres son realmente capaces... de establecer un buen gobierno a través de la reflexión y de la elección".
Muchas gracias.

RAÚL RICARDO ALFONSÍN