AGUSTÍN J. TOSCO “No es patriotismo el que de tiempo en
tiempo chisporrotea en adjetivos sino quien trabaja de manera constante para la
dicha y gloria común”
MESA REDONDA QUE
DEBATIO POR LOS DETENIDOS POR AUTORIDAD MILITAR, PLAN CONINTES, Sociedad
Española de Socorros Mutuos 1 JULIO DE
1960
Sr.
Presidente (Arnaldo Murúa).- Señoras, señores, compañeras, compañeros:
Aquí
a esta verdadera tribuna popular de la democracia, se ha dado cita toda la
civilidad cordobesa, respondiendo al llamado del Sindicato Luz y Fuerza de
Córdoba, a fin de debatir un tema que, como el de las libertades públicas,
apasiona a todos los que llevan dentro de sí el sentimiento de justicia y
sostienen como derecho inalienable el respeto a la dignidad humana.
El
temario a desarrollar es el siguiente: 1) Transferencia a la justicia ordinaria
de los detenidos bajo la autoridad militar; 2) Plan Conintes; 3) Movimiento
Obrero y ley federal de emergencia; 4) Imperio de la Constitución Nacional.
En
primer lugar, y abriendo esta mesa redonda, lo hará el compañero Agustín J.
Tosco, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza.
Tosco.- Compañeras, compañeros:
El
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
agradece profundamente la asistencia de los señores que representan entidades
estudiantiles, partidos políticos, a la CGT y a todos los compañeros y
ciudadanos que se han hecho presentes en esta magnífica asamblea pública, para
exteriorizar su opinión, y sus inquietudes con respecto a la tremenda crisis
que vive nuestro país.
El
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, perfectamente compenetrado de la misión
histórica que le corresponde a la clase trabajadora, no quiere reducir su
acción al simple ámbito de la discusión de los convenios colectivos de trabajo
o reclamos individuales de sus afiliados. Entiende que esa es una situación
particular, condicionada a la situación general. Si la situación general es negativa,
es contraria a los intereses de los trabajadores y de la población, es evidente
que en ese pequeño ámbito donde actúa el Sindicato, de los derechos
individuales de los trabajadores, también va a encontrar las mismas
dificultades. Ya tenemos precedentes magníficos de otras organizaciones obreras
que han incursionado en ese verdadero campo de la defensa del patrimonio
nacional. El ejemplo de la gloriosa huelga del gremio bancario, de la gran
resistencia de los trabajadores del Frigorífico Nacional, la gran lucha de los
obreros petroleros para evitar la entrega de nuestras riquezas básicas a los
consorcios extranjeros, son normas que nos sirven de antecedente para actuar en
estas circunstancias.
Esta
mesa redonda tiene por objetivo fundamental discutir los problemas que vive el
pueblo argentino, cambiar opiniones entre todos, tratar de aportar con un
juicio sereno y objetivo las soluciones que se consideran necesarias para
superar esta situación.
El
gran Sarmiento dijo que hay que educar al soberano.
Nuestra
organización sindical, a través de esta mesa redonda pretende que todos los
trabajadores puedan tener amplio conocimiento sobre los fundamentos económicos,
jurídicos y políticos que están conformando esta situación tan desgraciada.
Creemos
los trabajadores que no se puede educar al soberano, al pueblo, mediante
medidas de tipo represivo como las que se están adoptando. Por eso hemos
invitado a las organizaciones estudiantiles, que simbolizan a las nuevas
generaciones, que simbolizan a la juventud incontaminada, para que también den
su palabra ante los hombres maduro y expresen cual es su criterio respecto a
esta situación, si entienden que de la forma que se actúa en este momento se
enseña democracia o si se esta mostrando un camino que, lamentablemente, de
seguir así, terminará en una dictadura, con la negación de todos los derechos,
hasta los mas elementales de la ciudadanía. (Aplausos).
Por
eso nosotros exhortamos a todos los compañeros de esta mesa redonda a trabajar
constructivamente para lograr el imperio de la Constitución Nacional y vencer
en una acción común a los intereses creados, que son casualmente los que
fundamentan este estado de cosas, para poder sacar limpias sus ganancias y
mantener sus privilegios.
Los
temas de la misma son, como se ha dicho, transferencia de los detenidos bajo la
autoridad militar a la justicia ordinaria; plan Conintes; movimiento obrero y
ley federal de emergencia, e imperio de la Constitución Nacional.
Nuestra
organización ha dado varios comunicados públicos. Ha planteado que es urgente
la transferencia a la justicia ordinaria de todos los detenidos bajo la
autoridad militar. Nos atrevemos a no emplear el término “justicia” militar,
porque para los civiles no puede aplicarse; por eso no decimos transferencia de
justicia militar a justicia ordinaria, sino transferencia de autoridad militar
a justicia ordinaria. (Aplausos)
Hemos
dicho públicamente que no hacemos gala de la inocencia de nuestros compañeros,
aún cuando presumimos su inocencia. Lo que sí hemos criticado abiertamente es
que estos compañeros y ciudadanos son detenidos a altas hora de la noche. En el
caso nuestro a las tres de la mañana, patrullas militares allanando los
domicilios, haciendo levantar a mujeres y niños y llevándose al trabajador para
incomunicarlo por largo tiempo. No encontramos una razón justificada para que
los trabajadores, que tiene que levantarse todas las mañanas para ir a ganar el
pan de todos los días y llevarlo a su hogar, tenga que recurrirse al
procedimiento de ir a las tres de la mañana a buscarlos, cuando nosotros
estamos seguros que estos compañeros iban a acudir adonde se los citara. Por lo
tanto, además de criticar, hemos señalado que repudiamos el tipo de terrorismo
psicológico y de intimidación pública que se plantea con estos procedimientos
de las patrullas militares. (Aplausos).
Nuestra
organización tiene una triste experiencia. Hace dos años, en esas detenciones
en masa, cayeron dos compañeros de Luz y Fuerza. Estos compañeros estuvieron
más de treinta días detenidos. Sin embargo luego salieron en libertad, sin
culpa y sin cargo. Hace unos días los diarios de Córdoba reprodujeron un
comunicado donde se señalaba que un señor de la policía, luego de haber estado
más de treinta días preso, también salió sin culpa y sin cargo. Nosotros
preguntamos: ¿A ese señor que se le restituye la libertad, quien le restituye
el perjuicio moral causado al nombre y a la familia del trabajador? ¿Quién le
restituye el perjuicio económico, la privación de su salario mensual, al
trabajador y su familia? ¿Quién le restituye el daño de ese dedo acusador de
mucha gente que no comprende la situación, señalándolo como terrorista, como
enemigo de la sociedad?. Nadie.
Hemos
planteado a la autoridad militar que se han trastocado todos los términos, se
han subvertido los valores jurídicos, las normas tradicionales, los conceptos
elementales de la justicia.
La
justicia, la Constitución lo dice, la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, sancionada en 1948, de todas las naciones del mundo, dicen que todo
ciudadano es presumiblemente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.
Sin embargo, aquí todos son presumiblemente culpables, mientras no se pruebe su
inocencia, y eso no puede ser. (Aplausos).
Hemos
dicho –y ha sido la primera organización sindical que dió un comunicado en ese
aspecto- que repudiamos el terrorismo. Esa no es una medida de lucha de la
clase trabajadora. La medida de lucha está en su organización, en su unidad y
no en colocar bombas, que en definitiva sólo sirven para aumentar la represión.
Todos sabemos que muchas veces los propios intereses relacionados con la
reacción son los que ponen bombas, para luego justificar la represión.
Entonces, nadie, por más fanático que sea, debe entrar a hacerles el juego. Por
eso repudiamos la medida terrorista, y ratificamos que no la medida de acción,
de lucha de la clase trabajadora. (Aplausos).
Luego
de esta acción de esclarecimiento público, nuestro sindicato ha gestionado una
entrevista con la autoridad militar. Nos recibió en forma muy cordial el
Coronel Vélez, jefe de Estado Mayor de la IV División de Ejercito, a cargo
circunstancialmente del comando. Le explicamos todas estas situaciones. La
conversación duró dos horas. El coronel Vélez manifestó, como ya se ha señalado
públicamente, que ellos reciben órdenes; que las fuerzas armadas son sólo un
brazo ejecutor y que no imponen nada al gobierno, sino que, en última
instancia, sólo hacen sugerencias. Nosotros le hemos señalado que la
Constitución Nacional nos asigna, particularmente a cada trabajador, a cada
ciudadano, una serie de derechos y una serie de obligaciones. La autoridad, la
jerarquía, tiene valor siempre y cuando se encuadre dentro de los preceptos
constitucionales. Yo, ciudadano, si mi jefe de taller me ordena que robe o el
presidente de la Nación me ordena que robe, no lo voy a hacer aunque sea una
jerarquía superior la que me ordene, porque la Carta Fundamental, los preceptos
constitucionales dicen que no. Y las fuerzas armadas también tienen su misión,
señalada por la Constitución Nacional: defendernos de una agresión exterior o
defender la permanencia de las instituciones, y no se está haciendo. Entonces,
o es otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo o es no cumplir
con el mandato que le confiere la propia Constitución Nacional. (Aplausos).
Hemos
planteado insistentemente nuestro postulado fundamental en esta circunstancia:
la transferencia de los detenidos bajo la autoridad militar, a la justicia
ordinaria. Se nos señaló que este anhelo de la Organización iba a ser
comunicado al general Landa y a las autoridades superiores, y que luego se nos
iba a contestar. Hasta el momento –lógico, recién hace dos días- no hemos
recibido ninguna contestación. Nosotros vamos a seguir insistiendo, como lo
hemos hecho en esta oportunidad, para que nuestros compañeros sean transferidos
a la justicia ordinaria.
Los
periódicos señalaron, a continuación del informe de la entrevista con el
coronel Vélez, que los cuatro compañeros habían confesado su participación en
actos subversivos. Oficialmente no hay ninguna información, y nosotros aquí,
públicamente, decimos: que no todos los compañeros de Luz y Fuerza han
declarado. Así que si no han declarado todos, no pueden haberse confesado
convictos los cuatro y participantes de la actividad subversiva. Señalamos que
hay una serie de rumores que pretenden confundir al pueblo. En este caso se ha dicho
públicamente, sin señalar la fuente de información oficial, que los cuatro
compañeros son convictos y confesos de participar en actividad subversiva.
Damos a conocer esta situación, para advertir y alertar a la opinión pública
sobre una serie de rumores y confusiones, que tienden, en definitiva, a frenar
y a confundir la acción que pueda desarrollar la ciudadanía y la clase
trabajadora en procura de sus justos objetivos.
Nosotros
habíamos invitado a esta mesa redonda al profesor César Enrique Romero. El
mismo mostró su adhesión para con nuestra actitud. Lamentablemente, tiene que
dar clase en la Universidad Nacional de Buenos Aires –nos mostró los pasajes- y
se ausentó, pero nos dejó un escrito que señala el aspecto jurídico de esta
situación, a los efectos de que pudiéramos contribuir al esclarecimiento de la
gente. Vamos a dar lectura a algunos párrafos, a los efectos de que todos los
compañeros puedan conocer cuál es la opinión de un profesional de la
Universidad. Dice el mismo, refiriéndose a los decretos números 2628/60 y
2639/60: (Se da lectura).
Esa
es la opinión del profesor de Derecho Constitucional, doctor César Enrique
Romero.
Ahora
vamos a continuar, compañeros, con el hecho de que bajo pretexto del
terrorismo, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de
Ley Federal de Emergencia, para la represión del terrorismo. Desgraciadamente,
en el articulado de este proyecto de ley se inserta el artículo 6, que va
directamente contra el ejercicio del derecho de huelga prescripto en la
Constitución Nacional. El artículo 6 de este proyecto de ley dice lo siguiente:
-Se
lee.
La
última frase que dice “o de cualquier modo lo impidiere, perturbare o
interrumpiere”, significa, lisa y llanamente, la supresión del derecho de
huelga, es decir, que dentro de todas estas medidas concurrentes contra la
acción popular, hoy se inserta un artículo que reprime directamente el derecho
de huelga.
Y
es que hay una coincidencia dentro de la política del gobierno nacional, que
indica claramente su actitud antipopular y contraria al ejercicio de los
derechos de la ciudadanía. Comenzamos por que el costo de la vida aumentó,
desde hace un año, en un 42,08 por ciento, según estadísticas oficiales; que se
ha producido la liberación de precios, etcétera. El índice de ocupación en 1952
era de 100; ha descendido, en 1958, a 96,5; en 1957, a 92,7; y en enero de
1960, ha bajado a 88. Es decir, que la desocupación, en 2 años, ha aumentado en
un diez por ciento.
Es
decir, elevación del costo de vida; liberación de precios; aumento de la
desocupación; no sanción de la ley modificatoria sobre despido arbitrario
11.729, que facilitaba la cesantía por el pago de indemnizaciones irrisorias;
violación de la ley de asociaciones profesionales, desconociendo a sindicatos;
violación de la ley de convenciones colectivas de trabajo, dilatando las
discusiones y no permitiendo las celebración de contratos de trabajo al
vencimiento de los anteriores; actitud parcial del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con intervención a la organización sindical, persecución y
encarcelamiento de dirigentes; plan económico impuesto por el Fondo Monetario
Internacional; detención abusiva de ciudadanos y trabajadores, y proyecto de
Ley Federal de Emergencia. Esa es toda una acción concurrente que lleva por
propósito conculcar los derechos de la ciudadanía. Por eso nosotros planteamos,
como último punto de esta mesa redonda, el imperio de la Constitución.
No
habrá paz en la República Argentina, no habrá tranquilidad, ni posibilidad de
engrandecerla como todos queremos, ni habrá posibilidad de ejercitar nuestros
derechos, mientras la Constitución Nacional sea algo ajeno al pueblo argentino,
sea algo proscripto de las normas que se usan en nuestro país, sea sólo una
bandera de quienes tienen inquietudes civiles y ciudadanas. (Aplausos).
Y
con respecto al artículo 14, que establece una serie de derechos con respecto a
la clase trabajadora, tales como el salario mínimo vital y móvil; la jubilación
del 82 y 75 por ciento; el derecho de huelga; el reconocimiento a la
constitución de las organizaciones, etc., mientras no impere en un todo la
Constitución Nacional, serán vanas e hipócritas las declaraciones del estado de
derecho, serán vanas e hipócritas las declaraciones de las fuerzas armadas, de
todos los consorcios, como ACIEL, la Bolsa de Comercio, que enarbola en este
momento que para cumplir con las leyes, con las normas jurídicas, es necesario
llevar adelante este plan repudiado de represión. Por eso nosotros, superando
todas las dificultades que se nos presentan, toda esta materia de confusiones,
de rumores, de pretender tergiversar nuestra limpia y sana acción, vamos a
seguir como organización sindical luchando por la vigencia, por el imperio de
la Constitución Nacional. Vamos a seguir repitiendo que es necesario hacer
democracia y es necesario hacer Patria, teniendo el concepto aquel de un gran
ciudadano argentino, maestro de la juventud, como José Ingenieros, que señalaba
en su libro “Las Fuerzas Morales”:
“Sólo
es patriota el que ama a sus conciudadanos, lucha por el bienestar de su pueblo
sacrificándose por emanciparlo de todos los yugos, el que cree que la Patria no
es la celda del esclavo sino solaz del hombre libre. Nadie tiene derecho a
invocar a la Patria mientras no pruebe que ha contribuido con obras a honrarla
y engrandecerla. Convertirla en instrumento de facción, de clase, partido es
menospreciarla. No es patriotismo el que de tiempo en tiempo chisporrotea en
adjetivos sino quien trabaja de manera constante para la dicha y gloria común”.
(Aplausos).
En
ese profundo contenido de la profesión democrática de un maestro de la juventud
que nos señala sin claudicación el camino que debemos seguir, el Sindicato de
Luz y Fuerza luchará permanentemente para llevar adelante sus objetivos del
pueblo, fundamentalmente de la clase trabajadora.
Desde
esta mesa convocamos a todos los juristas y abogados, sin consideraciones
ideológicas, sin diferencias de ninguna naturaleza, para que despojándose de
toda otra cuestión que no sea la defensa del ser argentino, la defensa de los
derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, contribuyan con nuestra
organización a presentar los recursos de amparo, para que de una vez por todas,
los trabajadores argentinos podamos decir que en nuestro país, merced al
esfuerzo, al sacrificio, a los desvelos de los hombres de trabajo y de los
ciudadanos probos, impere definitivamente nuestra Constitución Nacional. Nada
más. (Aplausos).
AUTORIDADES
DE LA
Diversos
sectores políticos y representantes sindicales se hicieron presentes en la mesa
redonda que debatió el problema de los detenidos por autoridades militares.
Ello quedó patentizada en la mesa que presidió el debate, en donde, de
izquierda a derecha, se observan a: Juan Zárate (Secretario General de la CGT),
Miguel Aspítia, Dr. Néstor [Gallina], Dr. Armando Obregón Cano, Dr. Santiago H.
Del Castillo, compañero Agustín J. Tosco, compañero Arnaldo Murúa (presidente),
Dr. Luis F. Sánchez, compañero Cevallos, Sr. Rubén Taborda, Sr. Stolzing, Dr.
Héctor Raúl González y Sr. Somonlán.
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